viernes, diciembre 08, 2006

Abogado Raful dice Álvarez Renta aporto US$27 MM

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El caso BANINTER


-DE EL DIARIO DIGITAL HORIZONTE-


"El expediente fabricado por el Banco Central para presentar a Luís Álvarez Renta como responsable de la operación del supuesto banco paralelo de Baninter se ha desplomado con la decisión del tribunal responsable del caso de aplicar la ley y descartar las acusaciones no incluidas en la providencia calificativa", afirmó hoy el consejo de la defensa del empresario.

El licenciado Eric Raful, coordinador de la defensa, sostuvo que la decisión de los jueces, en estricto apego a lo que establece el Código Procesal Penal, elimina de un tirón 34 de los 41 alegatos introducidos de contrabando y sin ninguna base de sustentación por el Bancentral durante las audiencias del proceso.

"Nosotros, dijo Raful, habíamos denunciado en reiteradas ocasiones el frustrado plan del Banco Central para abultar las acusaciones para mover a la opinión pública contra Álvarez Renta y presionar al tribunal y crear condiciones para provocar su condena".

Recordó que la querella original que ordenó fabricar el gobernador del Banco Central, Louis Malkún, tenía 7 cargos y su defendido fue primero descargado de ellas y después en apelación sólo se mantuvo exclusivamente la acusación de complicidad en lavado de activos.

Citó el testimonio del consultor jurídico del Bancentral que elaboró la querella, quien reveló que al informarle al señor Malkún que no había motivos para hacer un expediente a Álvarez Renta, este le ordenó que de todas maneras era necesario hacerlo por razones políticas y mediáticas, y relató que era visitado por personas influyentes para alentarlo a buscar fórmulas para despojar al acusado del control de las tiendas de zona franca de los aeropuertos.

Raful dijo que coincide con los grupos de presión que reclaman la aplicación de la ley, porque cada vez que en el curso del proceso se ha aplicado la ley, Álvarez Renta es favorecido.

Aportó US$127 millones

Raful reveló que el Consejo de la Defensa de Álvarez Renta ha depositado en el tribunal la documentación que prueba que en el período 1997-2003, este depositó o aportó al Baninter o a las empresas del grupo US$127 millones de dólares.

Esto es fundamental porque en con estas pruebas y utilizando la misma documentación presentada por el Ministerio Público y el Banco Central, los jueces podrán comprobar que los recursos recibidos por su defendido eran legítimos porque él tenía derecho, como cualquier otro inversionista o depositante a retirar los recursos aportados.

Para abultar el expediente, señala, el Bancentral llega al colmo de presentar todas las transacciones y operaciones realizadas por Álvarez Renta en el Baninter, como extracciones ilegales de fondos, pero este manejo también se desplomará porque todas las operaciones realizadas con el banco están documentadas.


Operaciones documentadas

Raful citó que su defendido está siendo juzgado por tres transacciones incluidas en la acusación remitida al tribunal, es decir la Providencia Calificativa, que son una carta de crédito del Banco Mercantil del año 1997, una carta de crédito del Internacional Bank of Miami de enero del 2003 por US$6.2 millones y varios cheques emitidos en marzo del 2003 a favor de Quisqueyana de Cambios y el Banco Mercantil para ser canjeados por dólares.

Explicó que la transacción de 1997 será descartada porque en 1997 no existía la ley de lavado de activos aprobada en el 2002 y de cualquier manera es una operación documentada.

Las otras dos operaciones, que también están detalladamente documentadas, son parte del juicio iniciado por el Bancentral en Miami, que ahora está en una Corte Federal de Apelaciones y la constitución dominicana establece que nadie puede ser juzgado dos veces por la misma causa.

El consejo de la defensa señaló que los tribunales han establecido como asunto definidamente juzgado e irrevocable dos puntos esenciales para Álvarez Renta: primero que él "nunca fue administrador, funcionario, empleado, accionista o director del Baninter", y por lo tanto no tiene vínculos con las supuestas violaciones a la Ley Monetaria y Financiera cometidas en esa entidad.

Y en segundo lugar: que Luís Álvarez Renta ha sido sometido a juicio sólo por supuesta complicidad en lavado de activos por supuestas transacciones ilegítimas y por lo tanto todos los demás cargos presentados a la opinión pública son un contrabando protagonizado por el Bancentral y el Ministerio Público.

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El macuteo y la encuesta de Agripino


Obelisco del Macuteo construido en roma por un tal Agrippa, en honor a S. Macuto, años pocos a.C.; ¡Qué coincidencia! ¿Verdad? Nuestro Agripino sin embargo esta empleado a fondo para acabar con el macuteo dominicano.


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Los servicios que el año pasado registraron mayor porcentaje de usuarios con experiencias de soborno fueron las escuelas públicas, la Policía, tribunales y solicitudes de licencias para conducir, según la encuesta Eco 2005.

El estudio, realizado por el Centro Universitario de Estudios Políticos y Sociales, de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), indica que el 13% de los usuarios de los servicios públicos seleccionados para el estudio tuvo que efectuar un pago ilícito o “macuteo”.

La encuesta, que versa sobre la “pequeña corrupción” y para la cual fueron entrevistadas mil 878 personas, señala además que el 7% de las personas usuarias recurrió a relaciones personales para obtener facilidades de precedencia o rapidez en los servicios públicos solicitados.

Apunta, asimismo, que el 75% de los ciudadanos “macuteados” dijo haber entregado el dinero al empleado que lo atendió.

Los solicitantes que pagaron para agilizar la procura de los servicios representan el 18% del universo consultado en esta encuesta, que fue concebida para medir la corrupción cotidiana experimentada directamente por la población.

El levantamiento determinó que el 81% de los casos de pago de “macuteo” surgió a instancias del personal proveedor del servicio.

La encuesta indica que en la gran mayoría de los casos la corrupción no es iniciativa del usuario, sino del servidor público.

En el caso específico de la Policía, el estudio sostiene que en el 88.8% de los casos el ciudadano no tomó la iniciativa de pagar para ser servido, frente a un 9.5% donde el usuario fue quien ofreció dinero para que lo atendieran.

Las variables “escuelas”, “licencias para conducir” y “tribunales” aparecen en el estudio con 95.8%, 88.1% y 88.1%, respectivamente, que representan los usuarios que en el 2005 fueron objetos de “macuteo”.

El resto de servicios tomados como muestra para la encuesta en cuestión fueron fiscalía, centros de salud y oficialía civil.

La fase de recolección de datos para la Encuesta Eco 2005 se inició el 19 de noviembre y terminó el 20 de diciembre de ese mismo año.

Estuvo dirigida a dominicanos de 18 años en adelante residentes en el Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo.

USAID dice que datos servirán de parámetro

El subdirector de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), William Brands, invitado por la PUCMM para la presentación de los resultados, precisó que los datos obtenidos de este estudio servirán para obtener información sobre cómo funciona y afecta la pequeña corrupción en República Dominicana.

Dijo que servirá para proporcionar informaciones a donantes internacionales que ejecutan programas anticorrupción.

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