Ortiz Bosch designa su equipo de abogados

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SANTO DOMINGO.- La ex vicepresidenta de la República y precandidata presidencial del Partido Revolucionario Dominicano, Milagros Ortiz Bosch, designó a los abogados Virgilio Bello Rosa, Enmanuel Esquea Guerrero y Jerónimo Ulloa, quien fue su consultor jurídico cuando estuvo en la Secretaría de Educación, como el equipo que la defenderá de las imputaciones hechas por Alejandrina Germán, titular de la cartera.

Germán llevó a la Fiscalía del Distrito supuestas pruebas sobre irregularidades en el manejo del Desayuno Escolar ascendentes a dos millones de pesos diarios.

Ortiz Bosch dijo que por su conocimiento del Código Procesal Penal le informó al presidente y secretario general del PRD, Ramón Alburquerque y Orlando Jorge Mera, que tres es la cantidad de abogados adecuada para instrumentar su defensa ante cualquier implicación que se le quiera hacer. Informó además que consultará a Federico Lalane José, contralor general de la República en la pasada gestión.

Dijo en una comunicación a los referidos dirigentes. que “desde hace tiempo los compañeros conocen mi convicción de que los funcionarios que hemos manejado fondos públicos debemos estar dispuestos a acercarnos a las instituciones encargadas de velar por el patrimonio del Estado, de manera que se pueda establecer la correcta o incorrecta aplicación de los procedimientos y cuidar la fama y honra de los que hemos servido como administradores públicos”.

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Procurador apodera a fiscal de DN auditorías de manejo crisis bancos

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SANTO DOMINGO.- La Procuraduría General de la República remitió ayer a la Fiscalía del Distrito Nacional los informes de auditorías ordenadas por el Banco Central sobre el manejo de la crisis bancaria en el pasado gobierno, a fin de que adopte las medidas que considere pertinentes de acuerdo con las normas procesales.

La instrucción la hizo el procurador general de la República, Radhamés Jiménez Peña, al fiscal del Distrito Nacional, José Manuel Hernández Peguero. Las auditorías establecen el manejo que dieron las pasadas autoridades monetarias a la crisis que concluyó con el colapso de tres bancos comerciales en el país.

Según el Banco Central, las auditorías fueron hechas por las firmas Pannell Kerr Forster (PKF), para el Banco Intercontinental, S.A. (Baninter); DS Consulting/Moore Stephens, para el Banco Nacional de Crédito, S.A. (Bancrédito), y Pannell Kerr Forster (PKF), para el Banco Múltiple Mercantil, S.A.

Ayer, el subgerente de servicios del Banco Central, Ricardo Rojas León, explicó que esa entidad entregó a la Procuraduría las tres auditorías que reflejan los dineros entregados a los bancos colapsados en el 2003.

Rojas León, quien participó en el programa Hoy Mismo junto al Consultor Jurídico del Banco Central, Fidel Pichardo Baba, ofreció la información al preguntársele sobre el posible sometimiento de las anteriores autoridades monetarias y financieras que intervinieron en la crisis bancaria de 2003, anunciado por el Procurador General de la República, doctor Radhamés Jiménez y pedido por el jurista Julio Cury.

“El artículo 85 nos impide querellarnos, constituirnos como querellantes”, expresó Rojas León, al explicar que el texto del Código Procesal Penal remite al Ministerio Público la calidad para formular este tipo de acusación.

Agregó que “nosotros en el pasado reciente hemos depositado las auditorías. El Banco Central le entregó a la Procuraduría General de la República tres auditorías donde se revela la forma en que se dispensaron y el uso de las facilidades de crédito a los tres bancos fallidos”.

Rojas León, fungiendo como vocero del Banco Central, expresó que “cualquier información que sea debidamente solicitada por las autoridades correspondientes, léase Ministerio Público o un juez, el Banco Central, y me atrevo a hablar incluso por la Superintendencia de Bancos, seguro que va a suministrarla”.

En el año 2003 la Autoridad Monetaria y Financiera, presidida por el ex gobernador del Banco Central José Lois Malkún, ordenó devolver depósitos por encima de los 500,000 pesos establecidos en la Ley Monetaria y Financiera, a través de la entrega de facilidades de decenas de miles de millones de pesos al Baninter bajo la administración de esas autoridades y luego de haber fracasado la fusión con el Banco del Progreso.

Había advertido
El procurador Jiménez Peña había declarado que en el caso de la quiebra de los bancos hay sectores que manejaron la crisis y a los cuales el ministerio público no ha tomado en cuenta en el sometimiento a la justicia. Agregó que se evaluaba esa situación “porque entiendo que en un crimen de esa magnitud no debe haber apañamiento y todo el que tuvo algún nivel de participación debe enfrentar la ley”.

“En estos casos no están todos los que son, hay gentes que de una u otra manera tuvieron participación colateral y todavía andan por ahí y no han sido tomadas en cuenta por el ministerio público y creo que ni por las instituciones afectadas”, dijo Jiménez la pasada semana.

Julio Cury
El abogado Julio Cury había pedido el lunes al Procurador General de la República, Radhamés Jiménez, que acelere el paso para impedir la prescripción de la acción pública, particularmente la prevista en la Ley 183-02, sometiendo a los ex titulares del Banco Central y la Superintendencia de Bancos por no haber cumplido sus deberes en el manejo de la crisis bancaria.

Afirmó que por la incompetencia de esos ex funcionarios, tres instituciones financieras confrontaron problemas de solvencia que precipitaron su colapso.

Cury consideró que la administración monetaria y financiera de la anterior gestión ha sido premiada por la apatía del ministerio público, pues es evidente que el Superintendente de Bancos no cumplió con los deberes puestos a su cargo y, consecuentemente, incurrió en infracciones generadoras de sanciones penales.

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Faltan gentes en expediente Baninter ¿Y quienes son? ¿Le pusieron impedimento de salida?

El procurador de la República, Radhamés Jiménez, respaldó
los planteamientos de FINJUS y Participación Ciudadana sobre
el colapso de tres bancos en el pasado gobierno

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(DE EL lISTIN DIARIO, MATUTINO DOMINICANO)

El procurador de la República admitió ayer que en el caso de la quiebra de los bancos hay sectores que manejaron la crisis y a los cuales el ministerio público no ha tomado en cuenta en el sometimiento.

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Radhamés Jiménez dijo que eso se está evaluando, “porque entiendo que en un crimen de esa magnitud no debe haber apañamiento y todo el que tuvo algún nivel de participación debe enfrentar la ley”.

“Todavía en estos casos no están todos los que son, todavía hay gentes que de una u otra manera tuvieron participación colateral y todavía andan por ahí y no han sido tomadas en cuenta ni por el ministerio público y creo que ni por las instituciones afectadas”, explicó el Procurador.

Jiménez emitió sus consideraciones al participar en el panel “El Ministerio Público ante la Corrupción y los Fraudes Bancarios”, auspiciado por la Fundación Institucionalidad y Justicia ( FINJUS), en el salón de actos de la Universidad Iberoamericana (Unibe).

Dijo que está de acuerdo con el planteamiento de instituciones como Participación Ciudadana y Finjus, de que en el tema de las quiebras bancarias todavía hay situaciones que están incompletas.

“De manera que en lo que tiene que ver con el rol del ministerio público en la lucha contra este flagelo de la corrupción, tanto pública como privada, ustedes pueden tener plena seguridad de que vamos asumir nuestro compromiso, de que vamos a motorizar todas las acciones que sean necesarias siempre respetando el debido proceso de ley”, añadió Jiménez.

El máximo representante del ministerio público agregó que jugará su rol de defender los intereses legítimos de la sociedad y la aplicación de la ley, sin ningún tipo de contemplación, pero apegado siempre al debido derecho de ley.

Rehusó referirse de manera directa a la recusación que hicieron los consejos de defensa de Ramón Báez Figueroa y Marcos Báez Cocco, al explicar que lo hará mediante un auto.

En cuanto a los casos activos en los tribunales, consideró que los fiscales deben actuar de manera ejemplar.

Dijo además que no es justo que los fiscales ganen un sueldo 50% menor que los jueces, cuando desempeñan funciones similares.

Alegó que los jueces corren menos riesgos que los fiscales, por lo que se debe equiparar ambas funciones.

Jiménez dijo que no quiere crear polémicas, pero que los sectores competentes deberían actuar para resolver esta realidad que llamó una “inequidad”.

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De bolsillo a bolsillo Inversión en Metro supera Educación, Salud y OP

La inversión del Metro fue de 697 millones de pesos en agosto, 12 millones más que las tres estratégicas carteras

POR UBALDO GUZMAN MOLINA
(DE HOY, DIARIODOMINICANO)

El gobierno destinó en agosto pasado más recursos a la construcción del Metro de Santo Domingo que a tres secretarias en conjunto en gastos de capital: Educación, Salud Pública y Obras Públicas. La Oficina Para el Reordenamiento del Transporte (OPRET), que construye el Metro, recibió en agosto RD$697 millones, según la Oficina Nacional de Presupuesto (ONAPRES). Mientras las tres carteras recibieron RD$685 millones.

La secretaría de Educación recibió RD$118,168,968.93 para la terminación de la escuela Cerro Lindo, Villa Cerro, en Higüey, y para la reparación de tres escuelas en el área de San Francisco de Macorís.

También para la construcción del plantel Los Cazabes, Duquesa, Santo Domingo Norte, y la terminación de la escuela básica Catey, Salcedo.

Mientras a la Secretaría de Obras Públicas se le asignó RD$548,250,440, de los cuales RD$500 millones se destinaron en la reconstrucción y mantenimiento de carreteras, calles y avenidas de diferentes localidades del país.

La Secretaría de Salud Pública apenas recibió RD$18,765,591.93 para la construcción de un subcentro en Navarrete, Santiago; rehabilitación del hospital Santo Socorro, Distrito Nacional; reparación del hospital de Haina, San Cristóbal; terminación de los subcentros de salud Matancita, María Trinidad Sánchez, y Laguna Salada, Valverde.

Asimismo, remodelación y ampliación del área de emergencia del hospital Luis E. Aybar, del Distrito Nacional; instalación de planta eléctrica en el hospital de Traumatología Profesor Juan Bosch, de La Vega, y remodelación del área oftalmológica y cirugía del hospital José María Cabral, de Santiago.

A la Oficina Supervisora de Obras del Estado se le asignó en agosto pasado RD$210 millones para la construcción de vías de comunicación, obras urbanísticas, hidráulicas y edificaciones en diferentes partes del país.

En gastos de capital, la Secretaría de Agricultura recibió RD$6,054,010; la cartera de Medio Ambiente y Recursos Naturales, RD$7.2 millones; el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, RD$50,836,790, y el Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados, RD$333,314,740.
El Metro de Santo Domingo, según el director de la OPRET, ingeniero Diandino Peña, se había tragado hasta el 20 de septiembre RD$1,975 millones.

Sin embargo, la suma del dinero asignado para el Metro hasta el 31 de mayo, RD$2,510,317,214, y el monto otorgado en agosto pasado daría mucho que la cifra de Peña: RD$3,207 millones.
La ejecución de la OPRET en junio y julio ascendió, de acuerdo con datos de ONAPRES, a RD$464,246,688. Una simple operación matemática totalizaría RD$3,671,246,688 la inversión en esa obra, la más importante del gobierno de Leonel Fernández, sin incluir el mes de septiembre.

Mientras algunas carteras han agotado las asignaciones presupuestarias correspondientes a este año, los trabajos del Metro se han arreciado en las últimas semanas, especialmente en las avenidas Correa y Cidrón y Jiménez Moya.

La primera línea del Metro, que irá desde Villa Mella hasta La Feria, tendrá una extensión de 14.2 kilómetros. El viaducto de Villa Mella, de una longitud de 4.3 kilómetros, es la parte que más ha avanzado. Costará entre 195 y 200 millones de dólares.


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Vargas Maldonado; precandidato del PRD hablará del escándalo Marbella

SANTO DOMINGO.- La oficina del ingeniero Miguel Vargas Maldonado, quien aspira a la nominación presidencial por el opositor Partido Revolucionario Dominicano (PRD), anunció ayer que responderá a las imputaciones de un periódico semanario que lo vinculó con la Operación Malaya de la Policía española, que destapó el escándalo de corrupción en el ayuntamiento andaluz de Marbella.

El anuncio fue hecho en un escueto comunicado de 51 palabras por la Dirección de Comunicación del “proyecto presidencial Miguel Vargas Maldonado”.

El comunicado titulado “declaración de prensa” indica que “a propósito de informaciones divulgadas por el semanario Clave con marcados ribetes perniciosos, en los que se asocia el nombre del ingeniero Miguel Vargas Maldonado, esta dirección de Comunicaciones informa que en la próxima semana se referirá al tema para precisar las distorsiones e inexactitudes vertidas en el artículo de marras”.

Vargas Maldonado fue el secretario de Obras Públicas del pasado presidente de la República, Hipólito Mejía.Como consecuencia del escándalo de corrupción y lavado descubierto en el Ayuntamiento de Marbella, hay en España más de 50 funcionarios edilicios y empresarios imputados, 16 de los cuales permanecen presos en Málaga.

Entre los presos están los empresarios Carlos Sánchez Hernández y Andrés Liétor Martínez, ambos con inversiones en República Dominicana, donde mantienen inversiones en el área turística. Sánchez fue vinculado por Clave con Vargas Maldonado.Las autoridades españolas disolvieron el ayuntamiento de Marbella y dispusieron el decomiso de bienes por 2,500 millones de euros a los empresarios y funcionarios vinculados.

Las empresas de Sánchez Hernández lograron contratos con el Estado dominicano para la reconstrucción y operación de los hoteles Cayacoa y Cayo Levantado, en Samaná, pero luego traspasaron esos contratos a otras firmas españolas.

VinculaciónEl semanario Clave vinculó a Vargas Maldonado con Sánchez en operaciones de la compra del hotel Hispaniola, que fue propiedad del Estado dominicano, estaba en manos del Banco Central y era operado desde 1973 por la Corporación de Hoteles del Central Romana. En 1998, indicó Clave, el Banco Central comenzó a desembarazarse de propiedades que había recibido en dación de pago, entre las cuales estaba el Hispaniola.

Como la empresa hotelera que lo operaba no le interesó, se formó una empresa en marzo del 2001 que adquirió el establecimiento por US$16.6 millones, de los cuales US$4 millones fueron en efectivo y US$12.5 millones en otras propiedades, lo que el diario consideró una contravención a lo acordado y al objetivo del Banco Central de deshacerse de propiedades. Además, se modificó la ley de Áreas Protegidas para poder excluir los terrenos dados en dación de pago que estaban dentro de parques nacionales.

Clave alega que el avance para el pago del hotel Hispaniola lo recibió la empresa adquiriente, al extender el plazo de operación a la empresa que opera el casino. Asimismo, poco después, sostuvo el periódico, el hotel fue vendido a un grupo de empresarios españoles que encabezó Carlos Sánchez Hernández por US$23 millones.


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