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SANTO DOMINGO.- La Procuraduría General de la República remitió ayer a la Fiscalía del Distrito Nacional los informes de auditorías ordenadas por el Banco Central sobre el manejo de la crisis bancaria en el pasado gobierno, a fin de que adopte las medidas que considere pertinentes de acuerdo con las normas procesales.
La instrucción la hizo el procurador general de la República, Radhamés Jiménez Peña, al fiscal del Distrito Nacional, José Manuel Hernández Peguero. Las auditorías establecen el manejo que dieron las pasadas autoridades monetarias a la crisis que concluyó con el colapso de tres bancos comerciales en el país.
Según el Banco Central, las auditorías fueron hechas por las firmas Pannell Kerr Forster (PKF), para el Banco Intercontinental, S.A. (Baninter); DS Consulting/Moore Stephens, para el Banco Nacional de Crédito, S.A. (Bancrédito), y Pannell Kerr Forster (PKF), para el Banco Múltiple Mercantil, S.A.
Ayer, el subgerente de servicios del Banco Central, Ricardo Rojas León, explicó que esa entidad entregó a la Procuraduría las tres auditorías que reflejan los dineros entregados a los bancos colapsados en el 2003.
Rojas León, quien participó en el programa Hoy Mismo junto al Consultor Jurídico del Banco Central, Fidel Pichardo Baba, ofreció la información al preguntársele sobre el posible sometimiento de las anteriores autoridades monetarias y financieras que intervinieron en la crisis bancaria de 2003, anunciado por el Procurador General de la República, doctor Radhamés Jiménez y pedido por el jurista Julio Cury.
“El artículo 85 nos impide querellarnos, constituirnos como querellantes”, expresó Rojas León, al explicar que el texto del Código Procesal Penal remite al Ministerio Público la calidad para formular este tipo de acusación.
Agregó que “nosotros en el pasado reciente hemos depositado las auditorías. El Banco Central le entregó a la Procuraduría General de la República tres auditorías donde se revela la forma en que se dispensaron y el uso de las facilidades de crédito a los tres bancos fallidos”.
Rojas León, fungiendo como vocero del Banco Central, expresó que “cualquier información que sea debidamente solicitada por las autoridades correspondientes, léase Ministerio Público o un juez, el Banco Central, y me atrevo a hablar incluso por la Superintendencia de Bancos, seguro que va a suministrarla”.
En el año 2003 la Autoridad Monetaria y Financiera, presidida por el ex gobernador del Banco Central José Lois Malkún, ordenó devolver depósitos por encima de los 500,000 pesos establecidos en la Ley Monetaria y Financiera, a través de la entrega de facilidades de decenas de miles de millones de pesos al Baninter bajo la administración de esas autoridades y luego de haber fracasado la fusión con el Banco del Progreso.
Había advertido
El procurador Jiménez Peña había declarado que en el caso de la quiebra de los bancos hay sectores que manejaron la crisis y a los cuales el ministerio público no ha tomado en cuenta en el sometimiento a la justicia. Agregó que se evaluaba esa situación “porque entiendo que en un crimen de esa magnitud no debe haber apañamiento y todo el que tuvo algún nivel de participación debe enfrentar la ley”.
“En estos casos no están todos los que son, hay gentes que de una u otra manera tuvieron participación colateral y todavía andan por ahí y no han sido tomadas en cuenta por el ministerio público y creo que ni por las instituciones afectadas”, dijo Jiménez la pasada semana.
Julio Cury
El abogado Julio Cury había pedido el lunes al Procurador General de la República, Radhamés Jiménez, que acelere el paso para impedir la prescripción de la acción pública, particularmente la prevista en la Ley 183-02, sometiendo a los ex titulares del Banco Central y la Superintendencia de Bancos por no haber cumplido sus deberes en el manejo de la crisis bancaria.
Afirmó que por la incompetencia de esos ex funcionarios, tres instituciones financieras confrontaron problemas de solvencia que precipitaron su colapso.
Cury consideró que la administración monetaria y financiera de la anterior gestión ha sido premiada por la apatía del ministerio público, pues es evidente que el Superintendente de Bancos no cumplió con los deberes puestos a su cargo y, consecuentemente, incurrió en infracciones generadoras de sanciones penales.
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