las autoridades españolas a disolver el ayuntamiento de Marbella a fines de marzo pasado, según consta en el acta de acusación policial publicada ayer por diarios españoles.Informes del ministerio de Hacienda en Málaga y Murcia habrían revelado desde hace seis años que Carlos Sánchez actuaba como testaferro de Roca en el escándalo de corrupción y lavado que involucró a todo el ayuntamiento de Marbella y que llevó al arresto de la alcaldesa y 50 concejales y funcionarios.
Sánchez Hernández, con importantes inversiones en la República Dominicana, se encontraba en ese país del Caribe junto a su socio Andrés Liétor Martínez, cuando ambos fueron requeridos por las autoridades españolas. Los dos están en prisión en Málaga.
Publicaciones de ayer de los diarios españoles El País, ABC y El Mundo revelan que informes de Hacienda desde el año 2001 daban cuenta la existencia de las operaciones irregulares en Marbella, pero nunca las autoridades se interesaron en investigarlas.
La Policía española fue la que detectó e investigó el caso de corrupción en Marbella cuando reunía datos sobre lavado de dinero del narcotráfico en otra investigación que se denominó “Operación Ballena Blanca”. Los agentes que intervenían llamadas telefónicas detectaron una que les condujo a la situación de corrupción en el ayuntamiento de Marbella.
En ese momento abrieron una nueva investigación que denominaron “Operación Malaya”.
El diario El Mundo, en un despacho de Europa Press, señala que “Roca ejercía un gran poder en las decisiones municipales. Los concejales manifestaban “en ocasiones un temor reverencial a las decisiones que éste pueda adoptar”, según se desprende del sumario” de la Policía.“
El Ayuntamiento se configuraría como una empresa, Juan Antonio Roca actuaría en las funciones propias del cargo de consejero delegado, asumiendo la dirección y control de la empresa, mientras que el resto constituiría el Consejo de Administración”, dice el sumario policial, según lo cita El Mundo.
El informe policial, además, dice que se sometían a la aprobación de Roca “decisiones que en muchos casos superan las de un mero asesor, término este utilizado por Juan Antonio Roca de cara a la opinión pública para definir su actuación”.
La policía española entiende, según el diario, que los concejales del Consistorio “actúan como testaferros políticos, dándoles las directrices a seguir en cada momento, muchas veces no en bien del interés público, sino en aras de intereses partidistas y propios”.
Ballena Blanca y MalayaEl diario El País, a su vez, señala que “los dos grandes casos de corrupción en Marbella se destaparon sin la iniciativa de Hacienda. Sin embargo, técnicos de Hacienda de Málaga y Murcia emitieron hasta cinco informes que desvelaban detalles de una trama económica en la que estaban implicadas una serie de personas posteriormente detenidas en la Operación Malaya.
Al menos tres de esos informes solicitaban una “actuación conjunta y coordinada” de la Agencia Tributaria que no se produjo.”“La operación Ballena Blanca y la Operación Malaya, ambas radicadas en Marbella, desvelaron la existencia de tramas de corrupción capaces de generar grandes fortunas y mover ingentes cantidades de dinero ilegal.
El papel de Hacienda en ambos casos se ha limitado a servir de auxilio judicial a unas investigaciones iniciadas por la policía. Sin embargo, técnicos de Hacienda de Málaga y Murcia habían llegado a vislumbrar, entre 2001 y 2005, detalles suficientes como para impulsar una investigación a fondo.
Hasta cinco informes dieron con apellidos y empresas de la trama de Roca. Al menos tres de los informes solicitaban una “actuación conjunta y coordinada” de la Agencia Tributaria que no se produjo. A este respecto, un portavoz señaló que la Agencia Tributaria no hace comentarios sobre sus investigaciones”, dijo el diario.
Carlos SánchezSeñaló que “uno de los informes, que data del año 2001, ponía en entredicho la actividad del despacho de abogados Sánchez Zubizarreta-Soriano Pastor, en Madrid, el mismo sobre el que giró parte de la trama de Juan Antonio Roca, considerado como el presunto cabeza de la red de corrupción urbanística en Marbella.
En ése y otros informes, que llegan hasta octubre de 2005, se daba cuenta de la sospechosa actividad de empresarios y testaferros, caso de Carlos Sánchez y ”scar Benavente, que están entre los 62 imputados por el juez. Carlos Sánchez sigue en prisión y Benavente salió hace un par de semanas.” Agregó el diario que “los informes daban cuenta de otros testaferros y detallaban las sospechas sobre algo más de 30 empresas, algunas de ellas como Marqués de Velilla S.L., relacionada posteriormente con el patrimonio de Roca.
Salían a relucir sociedades domiciliadas en Gibraltar y Panamá. Y se citaba la posible existencia de delitos. Los informes fueron remitidos a la central en Madrid de la Agencia Tributaria”. Afirmó el diario que a pesar de estos la actuación “conjunta y coordinada” que solicitaban los técnicos de Hacienda no se produjo y la inspección fiscal no pudo llegar más lejos.
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