viernes, diciembre 08, 2006

Abogado Raful dice Álvarez Renta aporto US$27 MM

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El caso BANINTER


-DE EL DIARIO DIGITAL HORIZONTE-


"El expediente fabricado por el Banco Central para presentar a Luís Álvarez Renta como responsable de la operación del supuesto banco paralelo de Baninter se ha desplomado con la decisión del tribunal responsable del caso de aplicar la ley y descartar las acusaciones no incluidas en la providencia calificativa", afirmó hoy el consejo de la defensa del empresario.

El licenciado Eric Raful, coordinador de la defensa, sostuvo que la decisión de los jueces, en estricto apego a lo que establece el Código Procesal Penal, elimina de un tirón 34 de los 41 alegatos introducidos de contrabando y sin ninguna base de sustentación por el Bancentral durante las audiencias del proceso.

"Nosotros, dijo Raful, habíamos denunciado en reiteradas ocasiones el frustrado plan del Banco Central para abultar las acusaciones para mover a la opinión pública contra Álvarez Renta y presionar al tribunal y crear condiciones para provocar su condena".

Recordó que la querella original que ordenó fabricar el gobernador del Banco Central, Louis Malkún, tenía 7 cargos y su defendido fue primero descargado de ellas y después en apelación sólo se mantuvo exclusivamente la acusación de complicidad en lavado de activos.

Citó el testimonio del consultor jurídico del Bancentral que elaboró la querella, quien reveló que al informarle al señor Malkún que no había motivos para hacer un expediente a Álvarez Renta, este le ordenó que de todas maneras era necesario hacerlo por razones políticas y mediáticas, y relató que era visitado por personas influyentes para alentarlo a buscar fórmulas para despojar al acusado del control de las tiendas de zona franca de los aeropuertos.

Raful dijo que coincide con los grupos de presión que reclaman la aplicación de la ley, porque cada vez que en el curso del proceso se ha aplicado la ley, Álvarez Renta es favorecido.

Aportó US$127 millones

Raful reveló que el Consejo de la Defensa de Álvarez Renta ha depositado en el tribunal la documentación que prueba que en el período 1997-2003, este depositó o aportó al Baninter o a las empresas del grupo US$127 millones de dólares.

Esto es fundamental porque en con estas pruebas y utilizando la misma documentación presentada por el Ministerio Público y el Banco Central, los jueces podrán comprobar que los recursos recibidos por su defendido eran legítimos porque él tenía derecho, como cualquier otro inversionista o depositante a retirar los recursos aportados.

Para abultar el expediente, señala, el Bancentral llega al colmo de presentar todas las transacciones y operaciones realizadas por Álvarez Renta en el Baninter, como extracciones ilegales de fondos, pero este manejo también se desplomará porque todas las operaciones realizadas con el banco están documentadas.


Operaciones documentadas

Raful citó que su defendido está siendo juzgado por tres transacciones incluidas en la acusación remitida al tribunal, es decir la Providencia Calificativa, que son una carta de crédito del Banco Mercantil del año 1997, una carta de crédito del Internacional Bank of Miami de enero del 2003 por US$6.2 millones y varios cheques emitidos en marzo del 2003 a favor de Quisqueyana de Cambios y el Banco Mercantil para ser canjeados por dólares.

Explicó que la transacción de 1997 será descartada porque en 1997 no existía la ley de lavado de activos aprobada en el 2002 y de cualquier manera es una operación documentada.

Las otras dos operaciones, que también están detalladamente documentadas, son parte del juicio iniciado por el Bancentral en Miami, que ahora está en una Corte Federal de Apelaciones y la constitución dominicana establece que nadie puede ser juzgado dos veces por la misma causa.

El consejo de la defensa señaló que los tribunales han establecido como asunto definidamente juzgado e irrevocable dos puntos esenciales para Álvarez Renta: primero que él "nunca fue administrador, funcionario, empleado, accionista o director del Baninter", y por lo tanto no tiene vínculos con las supuestas violaciones a la Ley Monetaria y Financiera cometidas en esa entidad.

Y en segundo lugar: que Luís Álvarez Renta ha sido sometido a juicio sólo por supuesta complicidad en lavado de activos por supuestas transacciones ilegítimas y por lo tanto todos los demás cargos presentados a la opinión pública son un contrabando protagonizado por el Bancentral y el Ministerio Público.

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El macuteo y la encuesta de Agripino


Obelisco del Macuteo construido en roma por un tal Agrippa, en honor a S. Macuto, años pocos a.C.; ¡Qué coincidencia! ¿Verdad? Nuestro Agripino sin embargo esta empleado a fondo para acabar con el macuteo dominicano.


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Los servicios que el año pasado registraron mayor porcentaje de usuarios con experiencias de soborno fueron las escuelas públicas, la Policía, tribunales y solicitudes de licencias para conducir, según la encuesta Eco 2005.

El estudio, realizado por el Centro Universitario de Estudios Políticos y Sociales, de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), indica que el 13% de los usuarios de los servicios públicos seleccionados para el estudio tuvo que efectuar un pago ilícito o “macuteo”.

La encuesta, que versa sobre la “pequeña corrupción” y para la cual fueron entrevistadas mil 878 personas, señala además que el 7% de las personas usuarias recurrió a relaciones personales para obtener facilidades de precedencia o rapidez en los servicios públicos solicitados.

Apunta, asimismo, que el 75% de los ciudadanos “macuteados” dijo haber entregado el dinero al empleado que lo atendió.

Los solicitantes que pagaron para agilizar la procura de los servicios representan el 18% del universo consultado en esta encuesta, que fue concebida para medir la corrupción cotidiana experimentada directamente por la población.

El levantamiento determinó que el 81% de los casos de pago de “macuteo” surgió a instancias del personal proveedor del servicio.

La encuesta indica que en la gran mayoría de los casos la corrupción no es iniciativa del usuario, sino del servidor público.

En el caso específico de la Policía, el estudio sostiene que en el 88.8% de los casos el ciudadano no tomó la iniciativa de pagar para ser servido, frente a un 9.5% donde el usuario fue quien ofreció dinero para que lo atendieran.

Las variables “escuelas”, “licencias para conducir” y “tribunales” aparecen en el estudio con 95.8%, 88.1% y 88.1%, respectivamente, que representan los usuarios que en el 2005 fueron objetos de “macuteo”.

El resto de servicios tomados como muestra para la encuesta en cuestión fueron fiscalía, centros de salud y oficialía civil.

La fase de recolección de datos para la Encuesta Eco 2005 se inició el 19 de noviembre y terminó el 20 de diciembre de ese mismo año.

Estuvo dirigida a dominicanos de 18 años en adelante residentes en el Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo.

USAID dice que datos servirán de parámetro

El subdirector de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), William Brands, invitado por la PUCMM para la presentación de los resultados, precisó que los datos obtenidos de este estudio servirán para obtener información sobre cómo funciona y afecta la pequeña corrupción en República Dominicana.

Dijo que servirá para proporcionar informaciones a donantes internacionales que ejecutan programas anticorrupción.

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viernes, noviembre 10, 2006

Sorprenden oficiales FAD llevándose rieles CEA


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-DE EL NACIONAL, VESPERTINO DOMINICANO-

Miembros de la Fuerza Aérea Dominicana fueron sorprendidos sustrayendo grandes cantidades de rieles del Consejo Estatal del Azúcar, reveló el periodista Huchi Lora en un reportaje de la serie "Caña y sudor", que difunde por el programa "De Medio a Medio" por Telesistema.

El director del CEA, Enrique Martínez, le reveló que el departamento de seguridad de ese consorcio estatal, junto a una patrulla de la Policía, encontró a un coronel de la FAD con 72 tramos de rieles de 12 pies ya cortados, subiéndolos a un camión militar.

Ante una pregunta del periodista, el director del CEA se abstuvo de identificar al oficial, pero en el reportaje televisivo se informó que se trata del coronel José Pérez Peralta.

Un guardacampestre del batey La Mulita, del ingenio Boca Chica, en el kilómetro 36 de la carretera Mella, comunicó al CEA que tropas de la FAD cortaban los rieles con equipos de acetileno y los subían a camiones militares.

Cuando la patrulla policial y la seguridad del CEA se presentaron al lugar, dos capitanes y varios soldados, todos vestidos con uniforme de faena, seguían cortando los rieles. Una grúa los subía a un camión, ambos vehículos identificados con las insignias de la Fuerza Aérea.

El programa difundió la versión de que el coronel militar argumentó que actuaba por órdenes superiores y que los rieles serían usados para construir hangares en la base aérea de San Isidro, pero que no se constató la veracidad de esa versión.

Ante la intervención de policías y funcionarios del CEA, el coronel ordenó a los soldados que dejaran los rieles en el suelo y que se retiraran con los camiones vacíos.

"Este episodio fue investigado por la Secretaría de las Fuerzas Armadas, pero se desconocen los resultados de la indagación", dijo el periodista en "De Medio a Medio". El coronel Pérez Peralta no ha sido sometido a la Justicia.

Según el reportaje, actualmente son frecuentes los robos de rieles del CEA, para lo que se necesitan camiones y equipos especializados. Muestra rieles cortados amontonados a un lado de la vía férrea del batey Consuelito, en San Pedro de Macorís, donde los lugareños declaran que no pasa una semana sin que se produzcan robos de rieles.

"El robo de rieles del CEA parece indetenible, pues no pasa una semana sin que se lleven 20, 40 y hasta 80 piezas de hasta 30 pies cada una, de buen acero", expresa Lora en su trabajo de investigación. Entre otros, han sido capturados Eustaquio Castillo Santana, con siete rieles; Teodoro Roberto Reyes, Manuel de Jesús Báez Velásquez, con 20 rieles, Nelson Díaz, 59 rieles, y Roberto Antonio Lora Tejada, 38 rieles.

"Estos sí han sido sometidos a la Justicia", puntualiza.

Nicolás Moreno, maquinista del Central Río Haina, declaró que el consorcio mexicano que arrendó ese ingenio estatal lo devolvió con 204 kilómetros de rieles, ocho locomotoras funcionando y 32 puentes ferroviarios. "Sólo quedó el puente próximo a Hato Nuevo, que no se lo llevaron porque está soportando la tubería del acueducto de Santo Domingo, después todo se lo llevaron", dijo.

Agregó el maquinista que "este ingenio llegó a tener 850 vagones, y Conazucar le entregó a la administración pasada 787 vagones. Cuando nosotros llegamos aquí hace dos años encontramos 79 vagones, una parte chatarra, que no servía. Los encontramos sin rieles abajo, porque los levantaban con gatos y les sacaban los rieles. Esa gente le roba a cualquiera las medias con los zapatos puestos".

El director del CEA declara en el reportaje que el Río Haina "fue sometido a una canibalización horrenda, ahí hay cientos de millones de pesos, por no decir miles, que se perdieron de manera asombrosa".

Añade que "la parte de la fábrica y toda la parte eléctrica también ha sido desmantelada en esas mismas condiciones".

Los rieles son vendidos como vigas de acero y hasta como chatarra, mientras que las valiosas traviesas de guayacán, guaconejo y otras maderas resistentes de bosque seco, también han sido vendidas.

El ingeniero Martínez manifiesta que "hubo ingenios, como es el caso del ingenio Río Haina, que tenía unos 92,5 kilómetros de vía férrea que al día de hoy no tiene un kilómetro. Eso fue vendido, eso fue robado, eso fue depredado. Hasta los puentes que se hacían de cruce de vía, hasta eso lo desmantelaron y lo vendieron como chatarra.

José Lora, quien administra el Central Río Haina, expresa que ese ingenio molía siete mil toneladas de caña al día, pero ahora "está totalmente desbaratado, con muchas cosas sustraídas".

La situación es la misma de Consuelo, Quisqueya, Santa Fe y otros ingenios del Estado que físicamente están desmantelados.

La serie "Caña y sudor" trata sobre la industria azucarera dominicana, a los trabajadores de la caña y la vida en los bateyes. Son 24 reportajes que se pasan cada día en "De Medio a Medio", al mediodía, y se repiten en "El Día" a partir de las 6:00 de la mañana, ambos programas por Telesistema, Canal 11.


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jueves, noviembre 09, 2006

Heinz Vieluf, senador PLD, quiere dejar esposa e hijos en la calle


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POR LEONORA RAMÍREZ S.

-DE HOY, MATUTINO DOMINICANO-


Poder económico y político son las armas con que cuenta el senador Heinz Vieluf Cabrera para intentar despojar a Rosa Abel Lora, su ex compañera, de un apartamento propiedad de ambos pero que en un segundo contrato aparece como dueño José Alejandro Pandelo Cruz.

Esa es la versión de Abel Lora, quien el viernes 27 de octubre, pistola en manos, impidió que el alguacil Anisete Dipré Araujo, la abogada Marbeliz Bello Dotel y otros hombres, la desalojaran, junto a sus tres hijos, del “penthouse” ubicado en la calle El Retiro, esquina José Amado Soler, en el Distrito Nacional.

Pero la historia no es tan fría como la simple denuncia de un atropello de parte de una ex pareja, sino que es el detonante de una serie de incidentes que surgieron, de acuerdo con Abel Lora, por la negativa suya de apoyar a Vieluf Cabrera en una transacción que perjudicaría a su hermano Antonio Abel Lora.

Dos días después del ilegal intento de desalojo, el senador declaró que nunca ha estado casado con Abel Lora, pero ella asegura que contrajeron matrimonio en 1995 en la Oficialía de Estado Civil de la Primera Circunscripción, ubicada en el sector Ciudad Nueva, del Distrito Nacional.

Y además, que el acta de matrimonio que es su prueba desapareció del libro en que fue registrada.

“Si yo no soy su esposa, como ahora él dice, entonces cometió bigamia”, expresó al resaltar que ambos formaban una familia muy compenetrada cuya relación empezó a deteriorarse en 1999, cuando se fueron a vivir a Montecristi debido a las aspiraciones políticas del senador.

Dando un salto hasta el 2001 Abel Lora manifestó que en ese año comenzó a descubrir su personalidad agresiva, que se agravó en el 2002 por problemas relacionados con su familia.

Con la intención de que diera su versión sobre los hechos relatados por Abel Lora, HOY intentó comunicarse con el senador de Montecristi por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), pero la gestión fue infructuosa tanto vía su celular como a través de su secretaria Judith Beliard.

DE CÓMO SE CONOCIERON

Abel Lora y Vieluf Cabrera se conocieron en Nueva York, donde ambos tenían, por separado, empresas que suplían de diversos productos a restaurantes.

“Nos unimos como una pareja solvente, porque él tenía dinero igual que yo. Yo nací en cuna de oro pero no tengo que andar diciéndolo, lo que pasa es que yo no estoy peleando por nada que no me corresponda, pero me siento impotente de que por el poder se cometan tantas violaciones en mi contra”.

“Yo vengo de una familia de comerciantes de cuatro generaciones. Mi padre hizo una gran fortuna porque él era el dueño de las maniceras de la Línea Noroeste, y cuando el maní dejó de ser la principal materia prima para la fabricación de aceites decidió invertir en Estados Unidos”.

Abel Lora dijo que desde muy joven asumió responsabilidades, y que sus propiedades son el fruto del esfuerzo de muchos años de trabajo.

“El no me ha dado nada, porque yo he trabajado mucho en esta vida, y respecto a nuestra relación, cuando percibí que estaba demasiado deteriorada, porque ya no aguantaba las agresiones, inclusive las físicas, le pedí que nos separáramos.

“Entonces él me dijo que de qué abogado yo le hablaba si nuestro matrimonio no era cierto, que no había nada qué discutir y que iba a acabar conmigo y con mi familia”.

Abel Lora manifestó que la conducta del senador es repetitiva, pero que ella tiene que seguir adelante porque sus tres hijos la necesitan.

“Yo hago estas denuncias porque no puedo sola con esto, me siento fatigada, quisiera hablar más alto pero no puedo, y no quiero caer en una enfermedad porque tengo tres hijos por quienes luchar, aunque él utilice el poder económico para hacerme daño”.

El lunes 30 de octubre Abel Lora sometió a la justicia a los abogados Carlos Fanini, Maribel Bello Dotel, al doctor Carlos Romero Ángeles y al alguacil Anisete Araujo Dipré por asociación de malhechores, robo, y por violación a la Ley 24-97 del Código del Menor.

LOS PROBLEMAS LEGALES

Abel Lora dice que su ex pareja le disputa el apartamento en que reside, del cual supuestamente es propietario Pandelo Cruz, quien es el que solicita el desalojo.

Ese inmueble, adquirido en RD$4.5 millones en 1998, era una mejora en la cual ella invirtió tres millones de pesos, dos de los cuales eran su contraparte para la compra del mismo.

“Yo soy copropietaria, yo no estoy pidiendo la mitad de este inmueble, porque yo era, tu puedes decir la pareja consensual porque como supuestamente el acta de matrimonio no aparece él ahora quiere ignorar la relación, pero no puede borrar que yo di la mitad del dinero para la compra de este inmueble”.

En ese sentido, expresó que los dos millones restantes que debía aportar el senador éste los tomó prestados en la Asociación Popular de Ahorros y Préstamos, en 1988, año en que nació su tercer hijo, en Estados Unidos.

Vieluf Cabrera le propuso en esa ocasión, según su testimonio, que hicieran otro contrato para solicitar el préstamo, a lo cual ella accedió.

La compra del inmueble se completó el 11 de mayo de 1999, ella continuó en su apartamento tranquilamente, hasta que un día un hombre le entregó una notificación en la que se decía que Pandelo Cruz, un comerciante de Valverde Mao, había adquirido la propiedad.

En el 2004 interpuso una acción legal en el Tribunal de Tierras, que es el único competente para decidir sobre la suerte del inmueble.

Posteriormente la parte contraria se dirigió a un Tribunal de los Referimientos, solicitando una demanda de desalojo que evacuó una jueza, “pese a saber que estaba frente a una litis sobre derechos registrados y no podía tocar ese expediente”.

El 11 de octubre le notificaron que sería desalojada, pero su abogada interpuso una demanda de suspensión.

Sin embargo, expresó, trataron de desalojarla provocando un incidente que pudo terminar en una desgracia, no solamente porque ella trató de defenderse con una pistola, sino porque hubo un enfrentamiento entre los fiscales del Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes, y los abogados del demandante y la fuerza pública que le acompañaba.

“La abogada gritaba arréstenla, arréstenla, y si no mátenla porque ella está obstruyendo la Ley, todo eso en presencia de mis niños, que tienen 12, 9 y 7 años”.

Otros desalojos

Abel Lora fue víctima de otro desalojo en La Romana, donde posee una vivienda, en la cual decidió residir un tiempo luego de la muerte de su padre, ocurrida el 24 de septiembre del 2004.

En esa época, su abogado Vinicio Castillo Semán pidió un auto de protección en el Tribunal de Violencia Intrafamiliar, ante las agresiones recibidas de parte de Vieluf Cabrera.

“Pero en ese proceso un grupo de hombres armados penetró en mi casa para desalojarme, ilegalmente también, y entonces fui donde el fiscal y éste me dijo que no podía hacer nada en ese momento.

“Luego emitieron un auto a favor de él, el cual fue apelado en la Corte de Apelación de San Pedro de Macorís, y esa instancia revocó el citado auto ordenando además la salida de Vieluf Cabrera de la casa”.

Lo que encontró Abel Lora, al regresar a su residencia, fue un lugar totalmente destruido, de acuerdo con sus declaraciones.

Pero antes, el 13 de septiembre del 2004, el senador también propició un desalojo ilegal en una casa campestre ubicada en Montecristi, propiedad de su ex pareja dijo.

Ante ese hecho, relató, el fiscal de esa comunidad ordenó la prisión de los individuos que cometieron la acción, pero salieron en libertad sin ningún tipo de cargos.

“Después de ese hecho nos fuimos a Miami a ver si podíamos estar tranquilos, entonces se presentó allá y quiso hacer lo mismo, pero ocurre que en Estados Unidos las cosas son distintas, pero lanzó improperios, se llevó un vehículo y mi papá (José Antonio Abel) se sintió terriblemente avergonzado, se encerró en un baño y en la noche murió”.

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miércoles, octubre 11, 2006

Ortiz Bosch designa su equipo de abogados

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SANTO DOMINGO.- La ex vicepresidenta de la República y precandidata presidencial del Partido Revolucionario Dominicano, Milagros Ortiz Bosch, designó a los abogados Virgilio Bello Rosa, Enmanuel Esquea Guerrero y Jerónimo Ulloa, quien fue su consultor jurídico cuando estuvo en la Secretaría de Educación, como el equipo que la defenderá de las imputaciones hechas por Alejandrina Germán, titular de la cartera.

Germán llevó a la Fiscalía del Distrito supuestas pruebas sobre irregularidades en el manejo del Desayuno Escolar ascendentes a dos millones de pesos diarios.

Ortiz Bosch dijo que por su conocimiento del Código Procesal Penal le informó al presidente y secretario general del PRD, Ramón Alburquerque y Orlando Jorge Mera, que tres es la cantidad de abogados adecuada para instrumentar su defensa ante cualquier implicación que se le quiera hacer. Informó además que consultará a Federico Lalane José, contralor general de la República en la pasada gestión.

Dijo en una comunicación a los referidos dirigentes. que “desde hace tiempo los compañeros conocen mi convicción de que los funcionarios que hemos manejado fondos públicos debemos estar dispuestos a acercarnos a las instituciones encargadas de velar por el patrimonio del Estado, de manera que se pueda establecer la correcta o incorrecta aplicación de los procedimientos y cuidar la fama y honra de los que hemos servido como administradores públicos”.


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Procurador apodera a fiscal de DN auditorías de manejo crisis bancos

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SANTO DOMINGO.- La Procuraduría General de la República remitió ayer a la Fiscalía del Distrito Nacional los informes de auditorías ordenadas por el Banco Central sobre el manejo de la crisis bancaria en el pasado gobierno, a fin de que adopte las medidas que considere pertinentes de acuerdo con las normas procesales.

La instrucción la hizo el procurador general de la República, Radhamés Jiménez Peña, al fiscal del Distrito Nacional, José Manuel Hernández Peguero. Las auditorías establecen el manejo que dieron las pasadas autoridades monetarias a la crisis que concluyó con el colapso de tres bancos comerciales en el país.

Según el Banco Central, las auditorías fueron hechas por las firmas Pannell Kerr Forster (PKF), para el Banco Intercontinental, S.A. (Baninter); DS Consulting/Moore Stephens, para el Banco Nacional de Crédito, S.A. (Bancrédito), y Pannell Kerr Forster (PKF), para el Banco Múltiple Mercantil, S.A.

Ayer, el subgerente de servicios del Banco Central, Ricardo Rojas León, explicó que esa entidad entregó a la Procuraduría las tres auditorías que reflejan los dineros entregados a los bancos colapsados en el 2003.

Rojas León, quien participó en el programa Hoy Mismo junto al Consultor Jurídico del Banco Central, Fidel Pichardo Baba, ofreció la información al preguntársele sobre el posible sometimiento de las anteriores autoridades monetarias y financieras que intervinieron en la crisis bancaria de 2003, anunciado por el Procurador General de la República, doctor Radhamés Jiménez y pedido por el jurista Julio Cury.

“El artículo 85 nos impide querellarnos, constituirnos como querellantes”, expresó Rojas León, al explicar que el texto del Código Procesal Penal remite al Ministerio Público la calidad para formular este tipo de acusación.

Agregó que “nosotros en el pasado reciente hemos depositado las auditorías. El Banco Central le entregó a la Procuraduría General de la República tres auditorías donde se revela la forma en que se dispensaron y el uso de las facilidades de crédito a los tres bancos fallidos”.

Rojas León, fungiendo como vocero del Banco Central, expresó que “cualquier información que sea debidamente solicitada por las autoridades correspondientes, léase Ministerio Público o un juez, el Banco Central, y me atrevo a hablar incluso por la Superintendencia de Bancos, seguro que va a suministrarla”.

En el año 2003 la Autoridad Monetaria y Financiera, presidida por el ex gobernador del Banco Central José Lois Malkún, ordenó devolver depósitos por encima de los 500,000 pesos establecidos en la Ley Monetaria y Financiera, a través de la entrega de facilidades de decenas de miles de millones de pesos al Baninter bajo la administración de esas autoridades y luego de haber fracasado la fusión con el Banco del Progreso.

Había advertido
El procurador Jiménez Peña había declarado que en el caso de la quiebra de los bancos hay sectores que manejaron la crisis y a los cuales el ministerio público no ha tomado en cuenta en el sometimiento a la justicia. Agregó que se evaluaba esa situación “porque entiendo que en un crimen de esa magnitud no debe haber apañamiento y todo el que tuvo algún nivel de participación debe enfrentar la ley”.

“En estos casos no están todos los que son, hay gentes que de una u otra manera tuvieron participación colateral y todavía andan por ahí y no han sido tomadas en cuenta por el ministerio público y creo que ni por las instituciones afectadas”, dijo Jiménez la pasada semana.

Julio Cury
El abogado Julio Cury había pedido el lunes al Procurador General de la República, Radhamés Jiménez, que acelere el paso para impedir la prescripción de la acción pública, particularmente la prevista en la Ley 183-02, sometiendo a los ex titulares del Banco Central y la Superintendencia de Bancos por no haber cumplido sus deberes en el manejo de la crisis bancaria.

Afirmó que por la incompetencia de esos ex funcionarios, tres instituciones financieras confrontaron problemas de solvencia que precipitaron su colapso.

Cury consideró que la administración monetaria y financiera de la anterior gestión ha sido premiada por la apatía del ministerio público, pues es evidente que el Superintendente de Bancos no cumplió con los deberes puestos a su cargo y, consecuentemente, incurrió en infracciones generadoras de sanciones penales.


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viernes, octubre 06, 2006

Faltan gentes en expediente Baninter ¿Y quienes son? ¿Le pusieron impedimento de salida?


El procurador de la República, Radhamés Jiménez, respaldó
los planteamientos de FINJUS y Participación Ciudadana sobre
el colapso de tres bancos en el pasado gobierno
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(DE EL lISTIN DIARIO, MATUTINO DOMINICANO)
El procurador de la República admitió ayer que en el caso de la quiebra de los bancos hay sectores que manejaron la crisis y a los cuales el ministerio público no ha tomado en cuenta en el sometimiento.
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Radhamés Jiménez dijo que eso se está evaluando, “porque entiendo que en un crimen de esa magnitud no debe haber apañamiento y todo el que tuvo algún nivel de participación debe enfrentar la ley”.
“Todavía en estos casos no están todos los que son, todavía hay gentes que de una u otra manera tuvieron participación colateral y todavía andan por ahí y no han sido tomadas en cuenta ni por el ministerio público y creo que ni por las instituciones afectadas”, explicó el Procurador.
Jiménez emitió sus consideraciones al participar en el panel “El Ministerio Público ante la Corrupción y los Fraudes Bancarios”, auspiciado por la Fundación Institucionalidad y Justicia ( FINJUS), en el salón de actos de la Universidad Iberoamericana (Unibe).
Dijo que está de acuerdo con el planteamiento de instituciones como Participación Ciudadana y Finjus, de que en el tema de las quiebras bancarias todavía hay situaciones que están incompletas.
“De manera que en lo que tiene que ver con el rol del ministerio público en la lucha contra este flagelo de la corrupción, tanto pública como privada, ustedes pueden tener plena seguridad de que vamos asumir nuestro compromiso, de que vamos a motorizar todas las acciones que sean necesarias siempre respetando el debido proceso de ley”, añadió Jiménez.
El máximo representante del ministerio público agregó que jugará su rol de defender los intereses legítimos de la sociedad y la aplicación de la ley, sin ningún tipo de contemplación, pero apegado siempre al debido derecho de ley.
Rehusó referirse de manera directa a la recusación que hicieron los consejos de defensa de Ramón Báez Figueroa y Marcos Báez Cocco, al explicar que lo hará mediante un auto.
En cuanto a los casos activos en los tribunales, consideró que los fiscales deben actuar de manera ejemplar.
Dijo además que no es justo que los fiscales ganen un sueldo 50% menor que los jueces, cuando desempeñan funciones similares.
Alegó que los jueces corren menos riesgos que los fiscales, por lo que se debe equiparar ambas funciones.
Jiménez dijo que no quiere crear polémicas, pero que los sectores competentes deberían actuar para resolver esta realidad que llamó una “inequidad”.

martes, octubre 03, 2006

De bolsillo a bolsillo Inversión en Metro supera Educación, Salud y OP

La inversión del Metro fue de 697 millones de pesos en agosto, 12 millones más que las tres estratégicas carteras

POR UBALDO GUZMAN MOLINA
(DE HOY, DIARIODOMINICANO)

El gobierno destinó en agosto pasado más recursos a la construcción del Metro de Santo Domingo que a tres secretarias en conjunto en gastos de capital: Educación, Salud Pública y Obras Públicas. La Oficina Para el Reordenamiento del Transporte (OPRET), que construye el Metro, recibió en agosto RD$697 millones, según la Oficina Nacional de Presupuesto (ONAPRES). Mientras las tres carteras recibieron RD$685 millones.

La secretaría de Educación recibió RD$118,168,968.93 para la terminación de la escuela Cerro Lindo, Villa Cerro, en Higüey, y para la reparación de tres escuelas en el área de San Francisco de Macorís.

También para la construcción del plantel Los Cazabes, Duquesa, Santo Domingo Norte, y la terminación de la escuela básica Catey, Salcedo.

Mientras a la Secretaría de Obras Públicas se le asignó RD$548,250,440, de los cuales RD$500 millones se destinaron en la reconstrucción y mantenimiento de carreteras, calles y avenidas de diferentes localidades del país.

La Secretaría de Salud Pública apenas recibió RD$18,765,591.93 para la construcción de un subcentro en Navarrete, Santiago; rehabilitación del hospital Santo Socorro, Distrito Nacional; reparación del hospital de Haina, San Cristóbal; terminación de los subcentros de salud Matancita, María Trinidad Sánchez, y Laguna Salada, Valverde.

Asimismo, remodelación y ampliación del área de emergencia del hospital Luis E. Aybar, del Distrito Nacional; instalación de planta eléctrica en el hospital de Traumatología Profesor Juan Bosch, de La Vega, y remodelación del área oftalmológica y cirugía del hospital José María Cabral, de Santiago.

A la Oficina Supervisora de Obras del Estado se le asignó en agosto pasado RD$210 millones para la construcción de vías de comunicación, obras urbanísticas, hidráulicas y edificaciones en diferentes partes del país.

En gastos de capital, la Secretaría de Agricultura recibió RD$6,054,010; la cartera de Medio Ambiente y Recursos Naturales, RD$7.2 millones; el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, RD$50,836,790, y el Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados, RD$333,314,740.
El Metro de Santo Domingo, según el director de la OPRET, ingeniero Diandino Peña, se había tragado hasta el 20 de septiembre RD$1,975 millones.

Sin embargo, la suma del dinero asignado para el Metro hasta el 31 de mayo, RD$2,510,317,214, y el monto otorgado en agosto pasado daría mucho que la cifra de Peña: RD$3,207 millones.
La ejecución de la OPRET en junio y julio ascendió, de acuerdo con datos de ONAPRES, a RD$464,246,688. Una simple operación matemática totalizaría RD$3,671,246,688 la inversión en esa obra, la más importante del gobierno de Leonel Fernández, sin incluir el mes de septiembre.

Mientras algunas carteras han agotado las asignaciones presupuestarias correspondientes a este año, los trabajos del Metro se han arreciado en las últimas semanas, especialmente en las avenidas Correa y Cidrón y Jiménez Moya.

La primera línea del Metro, que irá desde Villa Mella hasta La Feria, tendrá una extensión de 14.2 kilómetros. El viaducto de Villa Mella, de una longitud de 4.3 kilómetros, es la parte que más ha avanzado. Costará entre 195 y 200 millones de dólares.


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Vargas Maldonado; precandidato del PRD hablará del escándalo Marbella

SANTO DOMINGO.- La oficina del ingeniero Miguel Vargas Maldonado, quien aspira a la nominación presidencial por el opositor Partido Revolucionario Dominicano (PRD), anunció ayer que responderá a las imputaciones de un periódico semanario que lo vinculó con la Operación Malaya de la Policía española, que destapó el escándalo de corrupción en el ayuntamiento andaluz de Marbella.

El anuncio fue hecho en un escueto comunicado de 51 palabras por la Dirección de Comunicación del “proyecto presidencial Miguel Vargas Maldonado”.

El comunicado titulado “declaración de prensa” indica que “a propósito de informaciones divulgadas por el semanario Clave con marcados ribetes perniciosos, en los que se asocia el nombre del ingeniero Miguel Vargas Maldonado, esta dirección de Comunicaciones informa que en la próxima semana se referirá al tema para precisar las distorsiones e inexactitudes vertidas en el artículo de marras”.

Vargas Maldonado fue el secretario de Obras Públicas del pasado presidente de la República, Hipólito Mejía.Como consecuencia del escándalo de corrupción y lavado descubierto en el Ayuntamiento de Marbella, hay en España más de 50 funcionarios edilicios y empresarios imputados, 16 de los cuales permanecen presos en Málaga.

Entre los presos están los empresarios Carlos Sánchez Hernández y Andrés Liétor Martínez, ambos con inversiones en República Dominicana, donde mantienen inversiones en el área turística. Sánchez fue vinculado por Clave con Vargas Maldonado.Las autoridades españolas disolvieron el ayuntamiento de Marbella y dispusieron el decomiso de bienes por 2,500 millones de euros a los empresarios y funcionarios vinculados.

Las empresas de Sánchez Hernández lograron contratos con el Estado dominicano para la reconstrucción y operación de los hoteles Cayacoa y Cayo Levantado, en Samaná, pero luego traspasaron esos contratos a otras firmas españolas.

VinculaciónEl semanario Clave vinculó a Vargas Maldonado con Sánchez en operaciones de la compra del hotel Hispaniola, que fue propiedad del Estado dominicano, estaba en manos del Banco Central y era operado desde 1973 por la Corporación de Hoteles del Central Romana. En 1998, indicó Clave, el Banco Central comenzó a desembarazarse de propiedades que había recibido en dación de pago, entre las cuales estaba el Hispaniola.

Como la empresa hotelera que lo operaba no le interesó, se formó una empresa en marzo del 2001 que adquirió el establecimiento por US$16.6 millones, de los cuales US$4 millones fueron en efectivo y US$12.5 millones en otras propiedades, lo que el diario consideró una contravención a lo acordado y al objetivo del Banco Central de deshacerse de propiedades. Además, se modificó la ley de Áreas Protegidas para poder excluir los terrenos dados en dación de pago que estaban dentro de parques nacionales.

Clave alega que el avance para el pago del hotel Hispaniola lo recibió la empresa adquiriente, al extender el plazo de operación a la empresa que opera el casino. Asimismo, poco después, sostuvo el periódico, el hotel fue vendido a un grupo de empresarios españoles que encabezó Carlos Sánchez Hernández por US$23 millones.


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lunes, septiembre 25, 2006

El boom de la delincuencia en AL No es un Cuento Chino

Cuentos Chinos es el libro más reciente del periodista y analista internacional Andrés Oppenheimer, en el que concluye que el mundo camina a dos tiempos. El de los que se montaron en el tren de la apertura económica y la globalización, y el de los detractores del libre mercado, que en nombre de la soberanía cierran sus puertas.

¿Qué países están logrando reducir la pobreza y aumentar el bienestar de su población y cuáles están haciendo simplemente cuentos chinos? Esa es la pregunta eje que se hace Oppenheimer y a la que da respuesta tras visitar países tan disímiles como China, Irlanda, Polonia y la República Checa, durante tres años de entrevistas a analistas, académicos, ministros y presidentes.

Viajó por el mundo con dos informes “debajo” de su libreta de entrevistas, uno del Centro de Estudios a largo plazo de la CIA, y el otro de uno de los principales expertos en América Latina del Parlamento Europeo, el socialista Rolf Linkford, con una misma conclusión “América Latina se ha vuelto irrelevante en el contexto mundial”.

Pero además de la exposición de asuntos meramente del ámbito económico, a propósito de la pobreza, la obra de Oppenheimer da real importancia al impacto de la delincuencia en los países de América Latina.

Aunque no hace referencia al caso específico de República Dominicana, debemos sentirnos identificados con sus consideraciones, ya que en términos generales señala que hoy, más que nunca, la marginalidad y la delincuencia están erosionando la calidad de vida de todos los latinoamericanos, incluyendo a los más adinerados.

Cita estudios internacionales ya conocidos que indican que América Latina es la región más violenta del mundo.

El autor observa que la combinación del aumento de las expectativas y la disminución de las oportunidades para los sectores de menor educación es un cóctel explosivo y cree que irá en aumento.

Esta situación, entiende, está llevando a que progresivamente más jóvenes marginados estén saltando los muros de sus ciudades ocultas, armados y desinhibidos por la droga, para adentrarse en zonas comerciales y residenciales, y asaltar o secuestrar a cualquiera que parezca bien vestido, o lleve algún objeto brillante.

Oppenheimer escribió que a medida que avanza este ejército de marginales, las clases productivas se repliegan cada vez más en sus fortalezas amuralladas.

Pone como ejemplo que los nuevos edificios de lujos en cualquier ciudad latinoamericana ya no sólo vienen con su cabina blindada de seguridad en la entrada, con guardias equipados con armas de guerra, sino que tienen su gimnasio, cancha de tenis, piscina y restaurante dentro del mismo complejo, para que nadie esté obligado a exponerse a salir al exterior.

Tal como ocurría en la Edad Media, recuerda, los ejecutivos latinoamericanos viven en castillos fortificados, cuyos puentes –debidamente custodiados por guardias privados- se bajan a la hora de salir a trabajar por la mañana, y se levantan de noche, para no dejar pasar al enemigo.

Para referirse a al tema de que América Latina es la región más violenta del mundo cita el informe de la Organización Mundial de la Salud, de Ginebra, que señala que la tasa de homicidios en América Latina es de 27.5 víctimas por cada 100 mil habitantes, comparada con 22 víctimas en África, 15 de Europa del Este y uno en los países industrializados.

Mientras que la población carcelaria en los Estados Unidos, una de las más altas del mundo, es de 686 personas por cada 100 mil habitantes, en Argentina 107, Chile de 204, en Colombia 126, en México 156, en Perú 104 y en Venezuela62.

GUARDIAS PRIVADOS

Un referente que da una idea de la magnitud de la delincuencia en América Latina es el uso de seguridad privada por quienes pueden costearla. En la actualidad, señala la obra de Oppenheimer, hay unos 2.5 millones de guardias privados en América Latina.

Tan sólo en San Paulo, Brasil, hay 400,000 guardias privados, tres veces más que los miembros de la policial estatal, según el periódico Gazeta Mercantil.

Reseña que en Río de Janeiro la guerra es total: los delincuentes matan a unos 133 policías por año –un promedio de dos por semana, más que en todo el territorio de los Estados Unidos- y la Policía responde con ejecuciones extrajudiciales de hasta mil sospechosos por año.

En tanto, cuenta que en Bogotá, Colombia, la capital mundial de los secuestros, hay unos siete guardias privados por cada policía y están prosperando varias industrias relacionadas con la seguridad.

El empresario Miguel Caballero contó a Oppenheimer que estaba haciendo una fortuna diseñando ropa blindada de última moda. Empresarios y políticos pueden vestir guayaberas, chaquetas de cuero o trajes forrados con material antibalas, sin que nadie se percate.

A diferencia de otros delincuentes, a las maras no les importa cuáles son las consecuencias. Los asaltantes de bancos se ponen máscara para delinquir, pero las maras no se esconden. Más bien, la propaganda que les dan los medios de comunicación les sirve para ascender en la jerarquía de mando de sus grupos.

La Mara Salvatrucha, en El Savador, tiene más de 50 mil miembros, que no sólo roban, asaltan y secuestran, sino que están torturando y decapitando a sus víctimas como señal de su poder.

MANO DURA

La explosión de las maras está llevando a gobiernos de mano dura y a una cada vez mayor aceptación social de procedimientos considerados legal o humanamente indefendibles hasta hace poco.

Oppenheimer ve que la propia expresión “mano dura”, un término que hasta hace poco era visto con resquemor por la mayoría de los latinoamericanos, se ha convertido en una palabra con connotaciones positivas.

El presidente salvadoreño Tony Saca bautizó su programa de seguridad “Súper Mano Dura”. Con este plan la Policía salvadoreña detuvo a casi 5 mil jóvenes sospechosos de ser pandilleros por el sólo hecho de llevar un tatuaje.

En El Salvador reformaron el código penal para permitir a la Policía arresto a menores de edad. “Puede tener 15 años el muchacho, pero si es un asesino, aplíquele el plan Súper Mano Dura y mételo preso”, dijo el presidente Saca en entrevista a Oppenheimer.

FENÓMENO EPIDÉMICO

A la apreciación de Oppenheimer, en pocos lugares la calidad de vida se ha derrumbado tan precipitadamente como en las grandes capitales de la región. Dice que Buenos Aires, la majestuosa capital argentina que hasta hace pocos años era una de las ciudades más seguras del mundo, donde sus habitantes se enorgullecían de que las mujeres podían caminar solas hasta altas horas de la noche, es hoy en día una ciudad aterrorizada por la delincuencia.

Miles de jóvenes sólo tienen como espacio de socialización las calles, donde empiezan a consumir drogas a los ocho o diez años y a delinquir después.

Mientras que en el extremo norte de América Latina, las “maras” o pandillas, el más novedoso fenómeno de violencia organizada en la región están teniendo en vilo a El Savador, Honduras, Guatemala, y el sur de México.

Advierte que se expanden cada vez más hacia capital mexicana hacia Colombia, Brasil y otros países sudamericanos.

Los “mareros”, jóvenes marginales que se identifican por sus tatuajes y las señas manuales con que se comunican sus respectivas pandillas, ya suman más de 100 mil en Centroamérica, y casi la mitad de ellos tienen menos de 15 años, según las policías de varios países.

Los mareros se originaron en Los Ángeles, California y se desparramaron por toda la región tras ser repatriados de las cárceles de Estados Unidos a sus países de origen, reseña Cuentos Chinos.

Recuerda que en Honduras, una de estas bandas detuvo a un ómnibus repleto de pasajeros que viajaban a sus pueblos para celebrar las fiestas navideñas de 2004 y mató a 28 hombres, mujeres y niños, simplemente por revancha contra una ofensiva policial contra las pandillas. Para cada vez más niños, las maras son la única posibilidad de lograr reconocimiento social.

Además, el marero es el héroe del barrio. Los jóvenes compiten por tener la oportunidad de someterse al rito de iniciación –que puede variar desde vender droga hasta matar a un policía- y, si son capturados, posan triunfantes para las cámaras de televisión. “El marero es el delincuente del siglo XXI”, cree Oppenheimer.

Cuenta que hay miembros de las maras que se dedican al narcotráfico, a ser sicarios (asesino a sueldo), al robo, al desmembramiento de personas.

A diferencia de otros delincuentes, a las maras no les importa cuáles son las consecuencias. Los asaltantes de bancos se ponen máscara para delinquir, pero las maras no se esconden. Más bien, la propaganda que les dan los medios de comunicación les sirve para ascender en la jerarquía de mando de sus grupos.

La Mara Salvatrucha, en El Savador, tiene más de 50 mil miembros, que no sólo roban, asaltan y secuestran, sino que están torturando y decapitando a sus víctimas como señal de su poder.

¿AFRICANIZACIÓN?

En Washington y en las principales capitales de la Unión Europea hay serios temores de que la ola de delincuencia que azota a América Latina produzca un fenómeno de desintegración social –o “africanización-“ que quiebre irreversiblemente la gobernabilidad, aumente la fuga de capitales y el caos social, y genere áreas sin ley, señala Oppenheimer.

Curiosamente, expone, mientras la opinión generalizada en muchos países latinoamericanos es que la pobreza está generando mayor delincuencia, y que por lo tanto hay que concentrar todos los esfuerzos en reducirla en los países industrializados muchos ven el fenómeno al revés.

El Consejo de las Américas, la influyente asociación con sede en Nueva York que agrupa a unas 170 multinacionales con operaciones en América Latina, concluyó en un reciente informe que la inseguridad es uno de los principales factores de atraso en América Latina porque está frenando las inversiones.

Hizo énfasis en que a pesar de sólo tener el 8% de la población mundial, América Latina registró el 75% de los secuestros que ocurrieron en el mundo en el 2003.

Para el Pentágono, el aumento de la delincuencia y la proliferación de “áreas sin ley” en América Latina constituyen una preocupación mayor.

Oppenheimer preguntó en entrevista al secretario de Defensa de los Estados Unidos, Donald Rumsfeld, cual era su mayor preocupación con relación AL.

“Lo primero que mencionó no fue el régimen de Cuba, ni Venezuela, ni la guerrilla Colombiana, ni ninguna otra amenaza política”, consta en el libro.

En cambio, agregó el periodista, Rumsfeld dijo que su mayor preocupación en la región “son los problemas de la delincuencia y de las pandillas y el narcotráfico, el tráfico de armas y los secuestros”.

Militares de Estados Unidos temen ser “invadidos” por estos delincuentes por el aumento de la emigración ilegal, pero paradójicamente estos delincuentes fueron deportados desde cárcel de Los Ángeles a sus países de origen en Centro América y el Caribe.

Ya está viendo en Nueva York, Los Ángeles y Miami pandillas de mareros que llegan de Centro América.

Recordó una conversación que sostuvo con el entonces presidente Ricardo Maduro, de Honduras, quien le contó que el gobierno estaba negociando con una pandilla. El jefe de la pandilla le dijo que necesitaba la aprobación de sus superiores para los puntos en discusión y llamó a Los Ángeles.

EXILIADOS DE LA DELINCUENCIA

Uno de los síntomas más visibles del crecimiento de la violencia en América Latina es el auge inmobiliario de Miami, resalta Oppenheimer.

En los primeros años del nuevo milenio, la ciudad de Miami vivía el mayor “boom” de la construcción de su historia reciente.

De las 500 multinacionales que tenían sus oficinas centrales para América Latina en Miami –incluyendo Hewlett Packard, Sony, FedEx, Caterpillar, Visa y Microsoft, muchas se habían mudado recientemente de países latinoamericanos, tras sufrir problemas de inseguridad o para reducir sus gastos de seguridad.

Tan sólo en el 2005 se estaban construyendo unos 60 mil apartamentos en Miami, mientras que en los diez años anteriores se habían construido un total de apenas 7 mil. ¿Quién estaba comprando esos apartamentos?

Oppenheimer responde que es cierto que, en muchos casos, eran especuladores que estaban aprovechando las bajas tasas de intereses y apuntaban al creciente mercado de turistas europeos que –con el euro fuerte- querían comprar propiedades en Miami.

Pero una gran parte de los compradores eran latinoamericanos víctimas de la delincuencia.

Además, de los inversionistas tradicionales que querían tener una propiedad en el exterior para protegerse contra la inestabilidad política o económica en sus países, había cada vez más empresarios que estaban dejando a sus familias en Miami para proteger a sus hijos de los secuestros, robos violentos o asesinatos.

En áreas exclusivas de Miami como Key Biscayne, había un aumento constante de empresarios colombianos; en la exclusiva Fisher Island, cada vez más mexicanos, y en Bal Harbour, cada vez más argentinos. Su principal motivo para emigrar no era económico, sino de seguridad.

Son exiliados de la delincuencia.

OPPENHEIMER

Andrés Oppenheimer, nacido en Argentina, está radicado en Miami, donde es columnista The Miami Herald y de El Nuevo Herald. Fue miembro de un equipo que ganó el Premio Pulitzer. También es ganador de los premios Ortega y Gasset, Rey de España y Emma.

Es analista de CCN en Español. Además, de Cuentos Chinos, es autor de La hora final de Castro, En la frontera del caos, Crónicas de héroes y bandidos y ojos vendados.

Visitó el país recientemente a promover su libro Cuentos Chinos, a invitación de la Universidad Iberoamericana (UNIBE), quien lo reconoció como Profesor Honorario al analista internacional Andrés Oppenheimer, por su rigor investigativo, por sus aportes al debate y al análisis crítico de los sistemas políticos y económicos en América Latina y por su contribución al desarrollo del pensamiento latinoamericano dentro de los Estados Unidos.


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Ex reformistas lanzan movimiento pro reelección Fernández


Con el nombre “Vanguardia Electoral por el Bienestar Nacional” (VABIEN) fue lanzado oficialmente ayer el primer movimiento de apoyo a la reelección del presidente Leonel Fernández, durante un acto celebrado en el Hotel Lina. El grupo es presidido por el licenciado Vicente Estrella, un ex dirigente del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) que pidió a los dominicanos a mantener a Fernández en el poder por cuatro años más.

Durante su discurso, Estrella resaltó las dotes de intelectualidad y de “gran estadista” de Fernández, de quien dijo logró sacar al país de la crisis en que se encontraba y ha sabido mantener el desarrollo económico y social.

Manifestó que ese movimiento será la plataforma política que asegurará la continuidad en el poder del doctor Fernández.

“La mayoría de los políticos dominicanos, de manera hipócrita, han satanizado la reelección siempre y cuando no son ellos los que están en la posición. Sin embargo cuando llegan (a un cargo), ya sea de diputados, senadores, regidores, presidentes y vicepresidentes, inmediatamente empiezan su labor reeleccionista para mantenerse en el cargo”, agregó Estrella. Señaló que el presidente Fernández ha sido uno de los pocos políticos que estando fuera del poder ha admitido que la reelección no es mala de por sí y que no hay ninguna incompatibilidad entre democracia y reelección presidencial.

“El presidente Leonel Fernández es un hombre que está comprometido con el progreso de esta nación, con el desarrollo integral de la familia dominicana, con el fortalecimiento de nuestra democracia y cuya única ambición es poder convertir a la República Dominicana en un Estado-Poder”, subrayó.


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Presidente SCJ presenta documento falsificado implicaría a jueces en cobro de chantaje a los acusados del caso Renove



SANTO DOMINGO.- El presidente de la Suprema Corte de Justicia apoderó hoy a la Procuraduría General de la Republica de una denuncia en la cual fue falsificado un documento de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional que habría sido entregado a Pedro Franco Badía, proponiéndole una transacción junto a otros a cambio de cinco millones 500 mil pesos para liberarlo de los cargos por los cuales fue condenado por el caso del Plan Renove.

El presidente de la SCJ, Jorge Subero Isa, encabezó una rueda de prensa, en compañía del presidente de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, José Arturo Uribe Efres, donde presentó la documentación falsificada la cual está dirigida a Milciades Amaro Guzmán, Antonio Marte y Franco Badía.

Subero Isa explicó que el documento le fue entregado al doctor Uribe Efres por el abogado Francisco A. Taveras, quien a su vez lo habría recibido del señor Franco Badía.

Uribe Efres dijo no saber con cuales intenciones se le acercó dicho abogado, si fue con buena fe o no.

El documento falsificado da cuenta que Uribe Efres se reunió con los jueces de la provincia Santo Domingo Hiroito Reyes, Manuel Pérez García, Muñiz Almonte y Enrique Marchena, con quienes habría acordado liberarlos de cargo o compromiso penal a cambio del pago de cinco millones 500 mil pesos.

La correspondencia falsificada a nombre de Urie Efres dice: ”Nueva vez nos ponemos en contactos con ustedes con el objetivo de concluir satisfactoriamente los compromisos que hubimos acordamos hace ya algunos meses. Siempre fue vuestra libertad lo más importante para nosotros y entendemos que este juicio ha sido un verdadero dolor de cabeza para todos los que estamos envueltos, ya sea directa o indirectamente”.

Añade, “el pasado sábado estuvimos reunidos por espacio de aproximadamente tres horas con los magistrados Hiroíto Reyes, Manuel Pérez García, Muñiz Almonte y Enrique Marchena, obteniendo como resultado la siguientes propuestas: 1.-la liberación de todo cargo o compromiso penal para con ustedes o, 2.-la eliminación total en lo que respeta a posibles privación de su libertad y a la vez llevar a una mínima expresión las multas solicitadas por el Ministerio Público”, dice el documento.

Amplia el documento falsificado :”si entendiéramos que fuera necesario reenviar el caso, se tomaría esta decisión, sin afectar en lo absoluto lo mencionado en los puntos uno y dos”, expresa el documento.

En otro párrafo el documento señala :”nos resta recordarle que el monto acordado para los tres es de 5.5 millones en total., lo que nos parece, entendiendo las circunstancias de dicho proceso, que es un monto razonable y manejable. Les recuerdo que este monto debe ser efectivo y que debe completarse entre los días lunes 18 y martes 19 de lo corriente”.

Al respecto, Subero Isa dijo que el documento en sí resulta un contrasentido, toda vez que los jueces señalados no forman parte de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de la Provincia Santo Domingo, que fue la apoderada del caso.

Dijo, además, que es un contrasentido, porque el doctor Uribe Efres como presidente de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional no tiene jurisdicción judicial ni ningún tipo de poder en los jueces de la provincia Santo Domingo.

La procuraduría inicio de inmediato las investigaciones.

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miércoles, septiembre 20, 2006

Depreco inicia investigación de implicados aquí en el caso Marbella




Marisol Yagüe, en una imagen de 2005. (Foto: Cabanillas)

Marisol Yagüe, en una imagen de 2005. Alcaldesa de Marbella, España

DEL LISTIN DIARIO

SANTO DOMINGO.- El director del Departamento de Prevención de la Corrupción (Depreco), Octavio Líster, informó ayer que trabaja en la recopilación de datos e informaciones sobre los implicados en el caso Marbella que tienen grandes inversiones en República Dominicana.

El funcionario informó a LISTÍN DIARIO que, en medio de los trabajos que realiza sobre el caso, un representante de “una prestigiosa firma de abogados” que participó en algunas de las transacciones que hizo el empresario español Carlos Sánchez, se le acercó para ofrecer cualquier información que se requiera. “Sí, vino por aquí un abogado que intervino en algunas de las transacciones de compra de acciones para ponerse a la orden de nosotros”, precisó Líster.

El director del Depreco expresó que ese abogado, cuyo nombre no reveló, está en disposición de cooperar con las autoridades ofreciendo las informaciones de que dispone como notario.

“Pero también vamos a comunicarnos con un funcionario del Gobierno que nos va a dar informaciones acerca del desarrollo de esas actividades comerciales en Samaná”, agregó. Dijo que todavía no está en la fase de investigación, y que, además de las informaciones publicadas por LISTÍN DIARIO, el Depreco cuenta con otras que incluyen las que han suministrado algunos abogados.

“Estamos en el proceso de recabar las informaciones basándonos principalmente en lo que ha publicado LISTÍN DIARIO, los abogados que se han acercado y en otras informaciones más, para entonces ver hacia donde vamos”, agregó.

Aunque Líster no quiso referirse a ello, LISTÍN DIARIO supo que el funcionario del Gobierno que será llamado pertenece a la Secretaría de Turismo. Desde la pasada semana LISTÍN DIARIO ha publicado informaciones relacionadas con el rastreo que hacen en el país las autoridades españolas sobre las multimillonarias inversiones que habrían hecho aquí algunos de los principales acusados en la denominada Operación Malaya, mediante la cual se investiga el caso de corrupción en el Ayuntamiento de Marbella, en España.

Hasta ahora las autoridades españolas han confiscado bienes y efectivo por más de 2,600 millones de euros. Además de que el ayuntamiento marbellí fue disuelto por el gobierno, hay más de 50 implicados y 16 todavía en prisión, entre ellos el empresario español con inversiones en el país Carlos Sánchez Hernández y su socio Andrés Liétor Martínez.

Fruto de esas investigaciones, según los informes obtenidos, hace dos semanas llegó al país una fiscal especial de España, pero el director del Depreco dijo que le extrañaba que no se haya comunicado con ese departamento ni con la Procuraduría General de la República. Informaciones publicadas por diarios de España, señalan a Sánchez como testaferro y socio de Juan Antonio Roca, el principal imputado en el escándalo.

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martes, septiembre 19, 2006

Marbella y la conexión dominicana

Carlos Sánchez Hernández, un empresario español con inversiones en la República Dominicana, es señalado como testaferro y socio de Juan Antonio Roca, el principal imputado en el escándalo de corrupción y lavado que llevó a las autoridades españolas a disolver el ayuntamiento de Marbella a fines de marzo pasado, según consta en el acta de acusación policial publicada ayer por diarios españoles.

Informes del ministerio de Hacienda en Málaga y Murcia habrían revelado desde hace seis años que Carlos Sánchez actuaba como testaferro de Roca en el escándalo de corrupción y lavado que involucró a todo el ayuntamiento de Marbella y que llevó al arresto de la alcaldesa y 50 concejales y funcionarios.

Sánchez Hernández, con importantes inversiones en la República Dominicana, se encontraba en ese país del Caribe junto a su socio Andrés Liétor Martínez, cuando ambos fueron requeridos por las autoridades españolas. Los dos están en prisión en Málaga.

Publicaciones de ayer de los diarios españoles El País, ABC y El Mundo revelan que informes de Hacienda desde el año 2001 daban cuenta la existencia de las operaciones irregulares en Marbella, pero nunca las autoridades se interesaron en investigarlas.

La Policía española fue la que detectó e investigó el caso de corrupción en Marbella cuando reunía datos sobre lavado de dinero del narcotráfico en otra investigación que se denominó “Operación Ballena Blanca”. Los agentes que intervenían llamadas telefónicas detectaron una que les condujo a la situación de corrupción en el ayuntamiento de Marbella.

En ese momento abrieron una nueva investigación que denominaron “Operación Malaya”.
El diario El Mundo, en un despacho de Europa Press, señala que “Roca ejercía un gran poder en las decisiones municipales. Los concejales manifestaban “en ocasiones un temor reverencial a las decisiones que éste pueda adoptar”, según se desprende del sumario” de la Policía.“

El Ayuntamiento se configuraría como una empresa, Juan Antonio Roca actuaría en las funciones propias del cargo de consejero delegado, asumiendo la dirección y control de la empresa, mientras que el resto constituiría el Consejo de Administración”, dice el sumario policial, según lo cita El Mundo.

El informe policial, además, dice que se sometían a la aprobación de Roca “decisiones que en muchos casos superan las de un mero asesor, término este utilizado por Juan Antonio Roca de cara a la opinión pública para definir su actuación”.

La policía española entiende, según el diario, que los concejales del Consistorio “actúan como testaferros políticos, dándoles las directrices a seguir en cada momento, muchas veces no en bien del interés público, sino en aras de intereses partidistas y propios”.

Ballena Blanca y MalayaEl diario El País, a su vez, señala que “los dos grandes casos de corrupción en Marbella se destaparon sin la iniciativa de Hacienda. Sin embargo, técnicos de Hacienda de Málaga y Murcia emitieron hasta cinco informes que desvelaban detalles de una trama económica en la que estaban implicadas una serie de personas posteriormente detenidas en la Operación Malaya.

Al menos tres de esos informes solicitaban una “actuación conjunta y coordinada” de la Agencia Tributaria que no se produjo.”“La operación Ballena Blanca y la Operación Malaya, ambas radicadas en Marbella, desvelaron la existencia de tramas de corrupción capaces de generar grandes fortunas y mover ingentes cantidades de dinero ilegal.

El papel de Hacienda en ambos casos se ha limitado a servir de auxilio judicial a unas investigaciones iniciadas por la policía. Sin embargo, técnicos de Hacienda de Málaga y Murcia habían llegado a vislumbrar, entre 2001 y 2005, detalles suficientes como para impulsar una investigación a fondo.
Hasta cinco informes dieron con apellidos y empresas de la trama de Roca. Al menos tres de los informes solicitaban una “actuación conjunta y coordinada” de la Agencia Tributaria que no se produjo. A este respecto, un portavoz señaló que la Agencia Tributaria no hace comentarios sobre sus investigaciones”, dijo el diario.

Carlos SánchezSeñaló que “uno de los informes, que data del año 2001, ponía en entredicho la actividad del despacho de abogados Sánchez Zubizarreta-Soriano Pastor, en Madrid, el mismo sobre el que giró parte de la trama de Juan Antonio Roca, considerado como el presunto cabeza de la red de corrupción urbanística en Marbella.

En ése y otros informes, que llegan hasta octubre de 2005, se daba cuenta de la sospechosa actividad de empresarios y testaferros, caso de Carlos Sánchez y ”scar Benavente, que están entre los 62 imputados por el juez. Carlos Sánchez sigue en prisión y Benavente salió hace un par de semanas.” Agregó el diario que “los informes daban cuenta de otros testaferros y detallaban las sospechas sobre algo más de 30 empresas, algunas de ellas como Marqués de Velilla S.L., relacionada posteriormente con el patrimonio de Roca.

Salían a relucir sociedades domiciliadas en Gibraltar y Panamá. Y se citaba la posible existencia de delitos. Los informes fueron remitidos a la central en Madrid de la Agencia Tributaria”. Afirmó el diario que a pesar de estos la actuación “conjunta y coordinada” que solicitaban los técnicos de Hacienda no se produjo y la inspección fiscal no pudo llegar más lejos.

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