(I) La corrupción arraiga países bajos ingresos, requiere de acción global

PARA SU PUBLICACIÓN INMEDIATA
La corrupción arraigada en países de bajos ingresos requiere de acción global Se necesitan esfuerzos concertados en países ricos y pobres para detener el flujo del dinero ilícito y hacer justicia para los más pobres
Londres/Berlín, 26 de septiembre de 2007 – El desfase en los niveles de percepción de la corrupción en países ricos y pobres se muestra más amplio que nunca, según el Índice de Percepción de la Corrupción
2007 (IPC), publicado hoy por Transparency International, la coalición global contra la corrupción.
Los países desarrollados y en desarrollo deben tener responsabilidad compartida para reducir los niveles de corrupción, abordando tanto el lado de la oferta como el de la demanda.
“Pese a algunos logros, la corrupción sigue implicando un enorme escape de recursos vitales para la educación, salud e infraestructura”, manifestó Huguette Labelle, Presidenta de Transparency International.
“Los países con bajos puntajes deben asumir estos resultados con seriedad y actuar desde ya para fortalecer la rendición de cuentas de las instituciones públicas. Pero la acción de los países con puntajes altos es igual de importante, en particular a la hora de hacer frente a las actividades corruptas en el sector privado.”
Los resultados de 2007
El Índice de Percepción de la Corrupción 2007 analiza las percepciones sobre la corrupción en el sector público en 180 países y territorios -el IPC con el mayor número de países cubiertos hasta la fecha. El IPC es un índice compuesto basado en 14 encuestas de opinión de expertos. El Índice clasifica a los países en una escala de cero a diez, donde el cero indica altos niveles de corrupción percibida y, el diez, niveles bajos.
Sigue patente una fuerte correlación entre corrupción y pobreza. El cuarenta por ciento de los países con puntaje inferior a 3, señal de que la corrupción es percibida como desenfrenada, son clasificados por el Banco Mundial como países de bajos ingresos. Somalia y Myanmar comparten el puntaje más bajo: 1,4; mientras que Dinamarca logró ascender a la puntuación más alta de 9,4, que comparte con Finlandia y Nueva Zelanda, tradicionalmente entre los primeros de la lista.
Varios países africanos han obtenido resultados significativamente mejores en el IPC 2007. Entre ellos se encuentran Namibia, Seychelles, Sudáfrica y Swazilandia. Estos reflejan el avance positivo que han registrado las iniciativas anticorrupción en el continente y demuestran que la voluntad política acompañada de reformas pueden reducir los niveles percibidos de corrupción.
Otros países con mejoras considerables son Costa Rica, Croacia, Cuba, República Checa, Dominica, Italia,
Macedonia, Rumania y Surinam. Entre los países cuyos niveles de percepción de la corrupción han empeorado drásticamente en 2007 están Austria, Bahrein, Belice, Bhután, Jordania, Laos, Macao, Malta,
Mauricio, Omán, Papua Nueva Guinea y Tailandia.
La concentración de buen desempeño en países de Europa Oriental y Sudoriental refleja el efecto positivo sobre la lucha anticorrupción del proceso de adhesión a la Unión Europea.
Al mismo tiempo, países en crisis tales como Afganistán, Irak, Myanmar, Somalia y Sudán ocupan los últimos rangos del índice. “La capacidad de gobernar se ve gravemente socavada en los países azotados por conflicto. Cuando las instituciones públicas no tienen capacidad de acción o éstas no existen, los mercenarios se apropian de los recursos públicos y prospera la corrupción,” afirmó Labelle.
El buen gobierno comienza en casa
Los países más pobres son los que más sufren bajo el yugo de la corrupción; y en última instancia es su responsabilidad encarar el problema. Los puntajes bajos en el IPC indican que las instituciones públicas están expuestas a graves peligros. El primer punto en la agenda es mejorar la transparencia en la gestión financiera, desde la recaudación de fondos hasta los gastos, así como fortalecer la vigilancia y poner fin a la impunidad de funcionarios corruptos.
Resulta esencial contar con un sistema judicial profesional e independiente a fin de eliminar la impunidad y hacer cumplir el estado de derecho imparcial, y promover la confianza de los ciudadanos, donantes e inversores. Si no se puede confiar en las cortes para que enjuicien a los funcionarios corruptos o para que ayuden en el rastreo y devolución de la riqueza ilícita, no será posible avanzar en la lucha contra la corrupción.
“Otra estrategia esencial para los países en desarrollo que buscan fortalecer la rendición de cuentas del gobierno, es aliarse con la sociedad civil y los ciudadanos. Las organizaciones de la sociedad civil desempeñan un papel crucial como vigilantes, pueden ayudar a estimular la demanda de reformas y también aportar su conocimiento en temas técnicos”, dijo Cobus de Swardt, Director Ejecutivo de Transparency International. “Pero existen gobiernos que progresivamente están limitando la capacidad de actuar de la sociedad civil”. Además, muchos países no pueden enfrentar la carga de la reforma individualmente. En países donde las instituciones se han basado históricamente en el clientelismo y nepotismo en lugar del mérito, la reforma toma tiempo y puede exigir una inversión sustancial de recursos, así como de asistencia técnica. Los países con mejores puntajes en el IPC, como donantes significativos de asistencia al desarrollo, tienen un papel especial en la promoción de sistemas de rendición de cuentas e integridad institucional eficaces en los países con las tasas más altas de corrupción. La asistencia técnica es un requerimiento clave de la histórica Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (UNCAC).

La corrupción es un problema de origen global

Los puntajes más altos de los países y territorios acaudalados, en su mayoría de Europa, Asia Oriental y Norteamérica, son un reflejo de la relativa transparencia de sus sectores públicos, habilitados por la estabilidad política, buenas regulaciones de los conflictos de intereses y la libertad de información, así como una sociedad civil libre para fiscalizar.
Sin embargo, la corrupción de funcionarios públicos de alto rango en países de escasos ingresos implica a los mejor posicionados en el IPC. Los sobornos suelen provenir de las multinacionales, las cuales tiene su sede, en los países más ricos del mundo. Es inaceptable que estas empresas usen el soborno en el extranjero como una estrategia empresarial legítima.
Asimismo, los centros financieros mundiales son clave para los funcionarios corruptos a la hora de movilizar, encubrir e invertir su riqueza robada. Los paraísos fiscales, por ejemplo, jugaron un papel crucial en el saqueo de millones en fondos de países en desarrollo como Nigeria y Filipinas, facilitando las fechorías de líderes corruptos y empobreciendo a los ciudadanos bajo el mando de dichos líderes. Akere Muna, Vicepresidente de Transparency International, señaló que es el momento indicado para que las naciones desarrolladas emprendan acciones en el área de la recuperación de activos, y puntualizó: “La crítica de los países ricos con respecto a la corrupción en los países pobres ostenta poca credibilidad cuando sus instituciones financieras atesoran riqueza robada de los pueblos más pobres del mundo”.
En muchos casos el rastreo y recuperación de fondos se ven dificultados por el blanqueo de dinero, el cual es gestionado por bancos transnacionales ubicados en jurisdicciones donde el secreto bancario todavía es norma. Según establece la UNCAC, debe asignarse prioridad al mejoramiento de la cooperación internacional y la asistencia legal mutua, la agilización de las medidas para recuperar activos, así como el desarrollo de capacidad legal y técnica en naciones que peticionan el retorno de activos robados.
Para muchos países, la repatriación de fondos entrañará litigios prolongados y extensos. “Además de garantizar el financiamiento legal adecuado, se debe priorizar la simplificación de los procedimientos de recuperación de activos y las disposiciones para instituciones externas a fines de que éstas actúen como agentes en custodia durante el litigio,” señaló Muna.
Actuar ahora: medidas urgentes
Por ser un problema de escala y origen global, la lucha contra la corrupción exige de acción en un frente amplio.
Los países en desarrollo deben usar los fondos humanitarios para fortalecer las instituciones de gobierno -basados en evaluaciones nacionales y estrategias de desarrollo-, e incorporar la integridad y la prevención de la corrupción como parte sistémica de los programas de reducción de la pobreza.
La independencia, rendición de cuentas e integridad judicial deben mejorar a fin de aumentar la credibilidad de los sistemas judiciales en los países más pobres. No solamente se debe liberar a los procedimientos judiciales de la influencia política, sino que los jueces deben ser sometidos a medidas disciplinarias, inmunidad limitada y un código de conducta judicial con miras a garantizar que se haga justicia. Se requiere una judicatura transparente y competente a fin de que los países en desarrollo puedan manejar las peticiones de asistencia en la recuperación de activos robados.
Los gobiernos deben adoptar medidas contra el blanqueo de dinero a efectos de erradicar los refugios de activos robados, según contempla la UNCAC. Los principales centros bancarios deben explorar el desarrollo de procedimientos expeditos y uniformes para la identificación, congelamiento y repatriación del fruto de la corrupción. Resulta esencial establecer disposiciones claras sobre la custodia de bienes para casos de fondos en disputa.
Los países ricos deben regular sus centros financieros de manera más rigurosa. Concentrarse en el papel de los fideicomisos, exigir saber quiénes son los beneficiaros de dichos bienes y fortalecer las disposiciones contra el lavado de dinero son sólo unas cuantas formas en que los gobiernos ricos pueden aplacar a los facilitadores de la corrupción.
Los gobiernos más ricos del mundo deben ser estrictos al aplicar la Convención antisoborno de la OCDE, que penaliza el soborno a funcionarios en el extranjero. La falta de adherencia a las disposiciones de la convención continúa obstaculizando las investigaciones y enjuiciamientos. Las juntas directivas de empresas multinacionales no sólo deben introducir, sino también implementar códigos antisoborno eficaces, y garantizar que las subsidiarias y oficinas extranjeras los cumplan.
Transparency International es la organización de la sociedad civil que lidera la lucha contra la corrupción en el mundo.
Nota al editor:
El IPC es realizado para Transparency International por el Prof. Johann Graf Lambsdorff de la Universidad de Passau en Alemania.
El Informe Global de la Corrupción 2007 de Transparency International, centrado en la corrupción dentro del sistema judicial, fue publicado en mayo 2007 y está disponible en www.transparency.org/publications/gcr.
Contactos para los medios:
Jesse García
Gypsy Guillén Kaiser
Tel: +49-30-3438 20 662
Fax: +49-30-3470 3912
ggkaiser@transparency.org
www.transparency.org