Un mayúsculo escándalo de corrupción originado en la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales empaña aún más la administración del presidente Leonel Fernández, quien se ha visto involucrado en un sinnúmero de actos irregulares durante sus más de tres años de gestión.El uso irregular de más de RD$400 millones de los fondos especiales destinados para el Plan Nacional de Reforestación Quisqueya Verde, la compra sin licitación y repartición de vehículos de lujo y la falsificación de documentos, son los principales actos de corrupción cometidos por un funcionario de Medio Ambiente y su amante en desmedro de la población.Una fuente dijo a DominicanosHoy.com que Evergito Peña, subsecretario Financiero y Administrativo de Medio Ambiente, utiliza parte de los fondos destinados por organismos internacionales para el Plan Quisqueya Verde, en la compra de vehículos de lujo para su uso personal y el de su compañera sentimental Jennifer Fernández.Reveló que Medio Ambiente compró con fondos del Plan Quisqueya Verde, 10 camionetas repartidas entre los nuevos jefes departamentales nombrados por el incumbente de la cartera Omar Ramírez Tejada.De acuerdo con la fuente, todo el desorden comenzó con la llegada de Ramírez Tejada a Medio Ambiente, quien se hace de la vista gorda ante estos escandalosos actos de corrupción.Evergito Peña, un hombre astuto, “se percató de que le estaban siguiendo los pasos con la compra de las camionetas y motores a una empresa que se llama RC Motors sin ningún concurso y devolvió la mitad, la que luego compró a la Santo Domingo Motors tratando de confundir las cosas”.Los vehículos viejos que había en Medio Ambiente lo enviaron a técnicos, dizque para trabajar en el Plan Quisqueya Verde, pero estos están parados, porque los trabajos de siembra no han comenzado, a pesar de haber gastado el dinero.Dijo que Medio Ambiente seleccionó una zona de Yamasá y Batey Triple Ozama, en Monte Plata, para la siembra de más de 200 metros cuadrados y, a la fecha, no han iniciado los trabajos a pesar de haber gastado el dinero destinado para los fines. Sigue contando que Evergito y Jennifer fungen como los jefes de Medio Ambiente. No hacen concursos para las compras y se compusieron con el dueño de un taller de mecánica para llevar los vehículos de la Secretaría y auto pagarse.Aseguró que durante la dirección de los dos anteriores secretarios de Medio Ambiente, Frank Moya Pons y Max Puig, existía en la entidad una comisión de licitación, lo que fue abolida por Evergito Pérez.Jennifer, la querida de Evergito, se compró hace dos meses una jeepeta modelo 2007 y dijo a empleados de la entidad que ese dinero tiene ella que sacarlo de Medio Ambiente antes de que concluya el año.“Ellos (Evergito y Jennifer) llegaron a la Secretaría de Medio Ambiente ha hacerse de dinero rápido y el secretario (Omar Ramírez) es el jefe de la mafia, porque se hace de la vista gorda ante todo este desorden”, dijo la fuente.El departamento de suministro es infuncional en Medio Ambiente, porque Jennifer y un hermano de Evergito, llamado Prado Peña, se encargan de hacer todas las compras en un negocio montado por sus familiares.Para simular cotizaciones, Jennifer y Prado tienen un arsenal de facturas las cuales falsifican escaneándolas, abultan los precios de los materiales que compraría y luego descalifican, para adjudicarles las compras a familiares.La fuente indica que tras la llegada de Ramírez a Medio Ambiente, la secretaría se ha arrabalizado, ya que este ha nombrado a decenas de personas sin ninguna experiencia técnica y los ha puesto a dirigir departamentos.Dice que en departamentos donde laboraban 3 y 4 personas, ahora hay hasta 15, convirtiendo el lugar en un desorden, a tal punto que tienen que turnarse para poder sentarse.Los sueldos de estos nuevos empleados de Medio Ambiente son exorbitantes y la cartera ha incurrido en la violación de sus propias normativas, despidiendo a personas que estaban incluidas en la Carrera Administrativa. La fuente exigió a la Cámara de Cuentas de la República Dominicana auditar el Plan Quisqueya Verde y la subsecretaría de Suelos y Aguas, donde Evergito y Prado Peña y Jennifer Fernández, en complicidad con Víctor García, también han cometido actos irregulares.
jueves, diciembre 06, 2007
viernes, noviembre 09, 2007
Ex comisionado de policía de NY Bernard Kerik se entrega
Servicios Google/Yahoo
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WHITE PLAINS, Nueva York, EE.UU. (AP) - El ex comisionado de la policía de Nueva York Bernard Kerik se declaró el viernes no culpable ante las autoridades judiciales federales de cargos de corrupción.
Un mando policial, que habló con The Associated Press a condición de que no fuera dado su nombre porque el encausamiento no ha sido anunciado oficialmente, confirmó que Kerik se entregó y que comparecerá ante el juez el viernes dentro de unas horas.
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WHITE PLAINS, Nueva York, EE.UU. (AP) - El ex comisionado de la policía de Nueva York Bernard Kerik se declaró el viernes no culpable ante las autoridades judiciales federales de cargos de corrupción.
Un mando policial, que habló con The Associated Press a condición de que no fuera dado su nombre porque el encausamiento no ha sido anunciado oficialmente, confirmó que Kerik se entregó y que comparecerá ante el juez el viernes dentro de unas horas.
Kerik fue denunciado en el encausamiento federal que será difundido el viernes por la tarde, según una persona allegada a la investigación y que habló a condición de guardar el anonimato debido al secreto sumarial del jurado investigador.
"Es un día triste cuando esta oficina tiene que encausar a un ex agente de la ley", dijo en una conferencia de prensa el procurador federal Michael J. Garcia en White Plains, junto con agentes del FBI y del servicio de Recaudación de Rentas Internas (IRS).
De ser convicto, Kerik podría ser condenado a 142 años de cárcel y multa de 4,75 millones de dólares.
El juez le ordenó que entregara su pasaporte y sus armas de fuego, y le prohibió mantener contacto alguno con los testigos potenciales. Quedará en libertad bajo fianza de 500.000 dólares, garantizada por su casa en Nueva Jersey.
El encausamiento podría empeorar el panorama electoral del ex alcalde neoyorquino Rudolph Giuliani, al acercarse las primeras elecciones primarias.
Giuliani respaldó la postulación de Kerik en el 2004 como secretario de Seguridad Interior. Empero, días después que el presidente George W. Bush presentara a Kerik como su postulado al cargo, el ex comisionado de policía anunció que se retiraba debido a unas discrepancias fiscales relacionadas con una antigua niñera.
Kerik es acusado de fraude postal, fraude fiscal, hacer declaraciones falsas en la solicitud de un crédito bancario, hacer declaraciones falsas para obtener un cargo en el gobierno estadounidense y hurto de servicios honestos, según una persona allegada a la investigación. Esta última acusación implica el abuso de cargo y defraudar al público.
Empero, el encausamiento no incluye cargos relacionados con las presuntas escuchas telefónicas relacionadas con la ex fiscal del condado de Westchester Jeanine Pirro durante la investigación de unos presuntos amoríos extramaritales de su esposo, agregó la persona allegada al caso.
La investigación comenzó con las denuncias de que Kerik, de 52 años, cuando era funcionario municipal, aceptó 165.000 dólares en mejoras de su domicilio en el barrio neoyorquino del Bronx, pagados por una empresa constructora relacionada con la mafia que solicitó su ayuda para obtener un contrato municipal.
Kerik se declaró culpable el año pasado de una falta en un tribunal estatal, admitiendo que la remodelación fue un regalo ilegal de la firma constructora. La declaración evitó que fuera a la cárcel y le permitió continuar su carrera como asesor en asuntos de seguridad. Empero, las autoridades federales emplazaron su propio jurado investigador antes las denuncias que no reportó ingresos por decenas de miles de dólares que recibió de sus partidarios y amigos, y de no haber pagado los impuestos correspondientes.
Kerik fue comisionado de policía cuando ocurrieron los atentados del 11 de septiembre del 2001.
Gobierno afirma FMI investiga caso Sun Land
Servicios Google/Listín Diario, Matutino Dominicano
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SANTO DOMINGO.- El gobierno confirmó que el Fondo Monetario Internacional (FMI) investiga el caso de la Sun Land, a través del cual las autoridades habrían tomado varios financiamientos sin la aprobación del Congreso Nacional para la construcción de obras en la Universidad Autónoma de Santo Domingo.
En un comunicado de prensa, la Secretaría de Estado de Economía Desarrollo y Planificación expresa que una misión del FMI que se encuentra en el país dando seguimiento al Acuerdo Stand By que tiene el país con esa entidad financiera, tiene en su poder la documentación relativa al caso, las cuales investiga.
De igual manera, la Secretaría de Economía confirmó que el FMI está entrevistando a varios funcionarios que ellos han requerido a los fines de explicar y entender la naturaleza de la operación del caso Sun Land. “Por otra parte, se ha aprovechado la presencia de la misión del FMI para poner a su disposición toda la documentación relativa al caso Sun Land y, además, se le está facilitando entrevistas con los funcionarios que ellos han requerido a los fines de explicar y entender la naturaleza de la operación”, explica el comunicado.
En su edición de ayer LISTÍN DIARIO publicó una información dando cuenta de que una misión del FMI se encuentra en el país investigando el caso de la Sun Land. Sin embargo, el gobierno anunció que el objetivo fundamental de la presencia de esta misión es llevar a cabo la octava y última revisión del programa Stand By, y que en ese contexto la tarea principal de ese equipo está orientada a llegar a un acuerdo con las autoridades gubernamentales en lo relativo al superávit primario que deberá establecerse para el presupuesto de 2008 del Gobierno Central.
De su lado, el secretario de Hacienda,Vicente Bengoa, dijo que la misión del FMI es de carácter rutinario y que se hace todos los años en los diferentes países, haya o no acuerdo.
Radhamés Jiménez defiende actuación fiscales en el caso PEME
Servicios Googgle/Listín Diario, Matutino Dominicano
Servicios Googgle/Listín Diario, Matutino Dominicano
SANTO DOMINGO.- El procurador general de la República aseguró que el expediente del Programa Eventual Mínimo de Empleos (PEME) fue fabricado por las pasadas autoridades para perseguir en términos políticos a dirigentes de Partido de la Liberación Dominicana (PLD).
Radhamés Jiménez Peña dijo que fue correcta la posición adoptada en torno al caso por la Fiscalía del Distrito Nacional.
“Ministerio Público se ha cuidado de dejarse utilizar como un instrumento de persecución política”, afirmó Jiménez Peña, luego de la firma de un convenio entre la Procuraduría y el Ayuntamiento del Distrito Nacional con el objetivo de coordinar acciones para el desarrollo de programas de reeducación para adolescentes en conflicto con la Ley Penal.
El convenio fue firmado entre el Procurador y el síndico Roberto Salcedo en la sede del organismo judicial.
Aseguró que esa institución continúa su lucha contra la corrupción y que han actuado de manera transparente.
“Nosotros desde la Procuraduría nos hemos empeñado en que toda y cada de las instituciones públicas se manejen con los niveles de transparencia posible, no quiere decir bajo ninguna circunstancia que nosotros nos descuidemos, no marchemos adelante en lo que tiene que ver con la persecución, con la investigación y que no descasaremos jamás, siempre y cuando se presenten los casos preciso y que hayan pruebas incontrovertibles para ser llevados a los tribunales de la justicia”, puntualizó.
martes, noviembre 06, 2007
Tribunal descarga acusados caso PEME ante retiro de cargos por la fiscalía
Reportado por Carlos de León
SANTO DOMINGO.- El Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional descargó hoy al dirigente peledeísta Luis Incháusti, a su hermana Grecia María Peguero Rivera y a León Antonio López Mata, quienes estaban acusados de un alegado desfalco de mil 438 millones de pesos en perjuicio del Estado a través del Programa Eventual Mínimo de Empleos (PEME).
Los jueces Sarah Veras, presidenta; Daría Cira Medina e Ingrid Fernández declararon la absolución a petición del ministerio público representado por Ramona Nova y Bernardo Rodríguez tras acoger el retiro de la querella.
Asimismo, los jueces ordenaron la entrega de los todos los bienes de los inculpados previo a la presentación de los documentos que avalen la propiedad de cada uno de los bienes reclamados.
La deliberación de los jueces en torno a la petición del ministerio público y acogida por los abogados de la defensa de los inculpados tomó menos de cinco minutos.
La lectura de la sentencia de absolución provocó una algarabía entre los asistentes al tribunal a pesar de que la jueza presidenta solicitó a los asistentes que permanecieran en orden.
Los abogados Abel Rodríguez del Orbe, Nicolás Calderón, Marino Féliz, Emilio Ortiz, Antonio Delgado plantearon al tribunal la devolución de todos los bienes, muebles e inmuebles, de los inculpados que según ellos fueron injustamente incautados sin decisión de autoridad judicial competente.
Pidieron, además, librar acta a los concluyentes de que acepten el retiro de la acusación formulada por el ministerio público en su instancia del 15 de octubre del año 2007, depositada en la Secretaría de ese tribunal el 17 de octubre del mismo año.
En la petición de los abogados, que esta vez sólo estuvieron representado por Calderón, se indica declarar la absolución de Yncháusti, López Mata y de Peguero y de toda las imputaciones contenidas en la Providencia Calificativa y Auto de No Ha Lugar No. 102-01, dictada en fecha 6 de junio del 2001, por la entonces juez del Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional y la resolución 190-2001, dictada en fecha 7 de noviembre del 2001, por la Cámara de Calificación de la Corte de Apelación del Distrito Nacional.
El tribunal ordenó además el cese de todas las persecuciones penales y medidas de coerción que culminan con el retiro de la acusación por parte del ministerio público.
Yncháusti, Peguero y López Mata fueron acusados por el gobierno de Hipólito Mejía por supuesta violación a los artículos 265, 266, 145, 146, 148, 170, 171, 172, 174 y 405 del Código Penal Dominicano.
Los abogados dijeron que aceptan el retiro de la acusación formulada por el ministerio público, con la salvedad de que en la sentencia a intervenir, por ser una cuestión de derecho, debe ordenarse la descontinuación de las persecuciones penales que tengan relación con todos las imputaciones puesta a cargo de los exponentes, así como la devolución de todos los bienes, muebles e inmuebles.
SANTO DOMINGO.- El Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional descargó hoy al dirigente peledeísta Luis Incháusti, a su hermana Grecia María Peguero Rivera y a León Antonio López Mata, quienes estaban acusados de un alegado desfalco de mil 438 millones de pesos en perjuicio del Estado a través del Programa Eventual Mínimo de Empleos (PEME).
Los jueces Sarah Veras, presidenta; Daría Cira Medina e Ingrid Fernández declararon la absolución a petición del ministerio público representado por Ramona Nova y Bernardo Rodríguez tras acoger el retiro de la querella.
Asimismo, los jueces ordenaron la entrega de los todos los bienes de los inculpados previo a la presentación de los documentos que avalen la propiedad de cada uno de los bienes reclamados.
La deliberación de los jueces en torno a la petición del ministerio público y acogida por los abogados de la defensa de los inculpados tomó menos de cinco minutos.
La lectura de la sentencia de absolución provocó una algarabía entre los asistentes al tribunal a pesar de que la jueza presidenta solicitó a los asistentes que permanecieran en orden.
Los abogados Abel Rodríguez del Orbe, Nicolás Calderón, Marino Féliz, Emilio Ortiz, Antonio Delgado plantearon al tribunal la devolución de todos los bienes, muebles e inmuebles, de los inculpados que según ellos fueron injustamente incautados sin decisión de autoridad judicial competente.
Pidieron, además, librar acta a los concluyentes de que acepten el retiro de la acusación formulada por el ministerio público en su instancia del 15 de octubre del año 2007, depositada en la Secretaría de ese tribunal el 17 de octubre del mismo año.
En la petición de los abogados, que esta vez sólo estuvieron representado por Calderón, se indica declarar la absolución de Yncháusti, López Mata y de Peguero y de toda las imputaciones contenidas en la Providencia Calificativa y Auto de No Ha Lugar No. 102-01, dictada en fecha 6 de junio del 2001, por la entonces juez del Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional y la resolución 190-2001, dictada en fecha 7 de noviembre del 2001, por la Cámara de Calificación de la Corte de Apelación del Distrito Nacional.
El tribunal ordenó además el cese de todas las persecuciones penales y medidas de coerción que culminan con el retiro de la acusación por parte del ministerio público.
Yncháusti, Peguero y López Mata fueron acusados por el gobierno de Hipólito Mejía por supuesta violación a los artículos 265, 266, 145, 146, 148, 170, 171, 172, 174 y 405 del Código Penal Dominicano.
Los abogados dijeron que aceptan el retiro de la acusación formulada por el ministerio público, con la salvedad de que en la sentencia a intervenir, por ser una cuestión de derecho, debe ordenarse la descontinuación de las persecuciones penales que tengan relación con todos las imputaciones puesta a cargo de los exponentes, así como la devolución de todos los bienes, muebles e inmuebles.
viernes, octubre 26, 2007
REP. DOMINICANA: Sun Land o el robo del Siglo
Servicios Google/indymediapr.org
por H. Galván Thursday, Jul. 20, 2006 at 2:03 PM
Nota del Editor:
La presente publicación aparece en el portal indicado en nuestro servicio de Google y publicado el 20 de Julio del 2006, ocurre que en los primeros dos años; la presente administración de Fernández, no tuvo oposición, dado que el PRD estaba ocupado en su reestructuración tras la debacle del intento reeleccionista del ex presidente Hipólito Mejía, hoy las cosas han cambiado y el partido blanco, el mayor del país, se ha reorganizado y cohesionado, en estos momentos encamina sus pasos al poder de nuevo con Miguel Vargas en la vanguardia y hace una oposición precisamente vanguardista en defensa de los mejores intereses del pueblo, no obstante los casos específicos a que se refiere el autor; no pasaron gracias al respaldo que entonces como ahora recibió el PRD de la sociedad civil, el empresariado, los gremios industriales, de comerciantes y profesionales, en la justa causa de defensa de los mejores intereses del país.
Corrupción
Sun Land o el robo del Siglo
Por H. Galván
Email: triunfaremos@gmail.com
20 de julio de 2006
En momentos en que la delincuencia común arropa y amenaza con tragarse a la República Dominicana, los “legisladores” aprueban un préstamo de 132.4 millones de dólares enviado por el Gobierno y que destinado al equipamiento y modernización de la Policía ha confirmado la tendencia de corrupción y robos colosales iniciados con las anteriores compras de las Harleys Davinson y las Jeepetas Land Cruiser.
Una empresa fantasma con cuatro empleados llamada Sun Land Group y otra llamada Florida Export Financial Corporation, han logrado que el Estado Dominicano les conceda un contrato-préstamo multimillonario, sin concurso, sin agotar ningún procedimiento, y que el Congreso lo apruebe en un abrir y cerrar de ojos, en lo que parece ser el robo más grande del siglo XXI.
El contrato con la Hydro Québec, y el escándalo que produjo, parecen ser una caricatura de mala tinta delante de este desfalco, Sun Land.
La isla Artificial, Augusto Menéndez Jr. La Santo Domingo R-Development, Eduardo Selman, Eulogio Santaella y su fraude colosal, parecen nada ante esta nueva e indescriptible estafa al pueblo dominicano.
Nadie sabe cual ladrón es superior al otro.
Nadie sabe a ciencia cierta quien es más ladrón, si Michelén y Cuervo Gómez o quienes firmaron y ratificaron este nuevo préstamo.
A ciencia cierta, nadie sabe quienes son más ladrones, si quienes estafaron al país con el PEME y Plan Renove, o quienes negociaron este nuevo empréstito con la Sun Land.
Y es qué equipar la Policía parece ser buena razón, pero no llega a ser excusa para sobrevaluar por 10 y por 20 los montos de los equipos.
Y es qué equipar la Policía parece ser buena razón, pero no llega a ser excusa para que un Gobierno que habla de transparencia, de globalización y de modernidad, firme contratos millonarios con empresas fantasmas, sin someter siquiera a concurso.
Y es qué equipar la policía parece ser buena razón, pero no llega a ser excusa para que los congresistas, que nosotros pagamos, se atrevan a aprobar semejante robo sin siquiera leerlo.
Y es qué equipar la policía parece ser buena razón, pero no llega a ser excusa, para que se contrate una empresa extranjera para que sea intermediaria de las compras de la policía. ¿Nadie podría realizar esas compras? ¿No existe ninguna institución pública que realice esa función?
Las sobre valuaciones.
Las camionetas 4X4, cuyo precio ronda los 30 mil dólares, aparecen en el préstamo a 49 mil dólares, el precio mismo de un Mercedes Benz.
Las yipetas de 40 mil dólares son cotizadas a 70 mil, el precio de casi todos los autos de lujo.
Con el préstamo, se comprarán parece también todas las computadoras de la NASA a 10 mil dólares, mientras que en el mercado local, las mismas computadoras, se pueden conseguir entre los 1000 y 1,500 dólares.
Seguirán comprando motores de 160cc (pero al precio de las Harleys), porque mientras éstos cuestan alrededor de 70,000 pesos, el contrato los sobrevalúa a US$7,892 dólares (RD$260,436)
Para franquear funcionarios y queridas se comprarán 20 motores 650 cc, todos al módico precio de US$22 mil 444 dólares cada uno, para totalizar US$448 mil 874 dólares. O sea ¡a 719,000 pesos cada motocicleta!
En fin para los automóviles y motocicletas sobrevaluadas se otorgaran 48.8 millones de dólares, mientras que en equipos de comunicaciones y repuestos se invertirían 31 millones de dólares.
En laboratorios 16.9 millones, y en computadoras y accesorios US$11.9 millones de dólares. En talleres equipados y plantas eléctricas US$2.5 millones. Para servicios y entrenamiento US$11.2 millones de dólares.
Y como si todo el robo anterior no fuera suficiente, se consignan US$7.3 millones de dólares en honorarios administrativos. O sea 241 millones de pesos en sueldos. Si dividimos la ganancia entre los 4 empleados que tiene la compañía fantasma, cada uno toca a 60.22 millones de pesos. ¡Buen Negocio!
Sin embargo cabe destacar, que en el contrato no se incluyen las comisiones, los sobornos, y el pago de los honorarios de los ladrones que hicieron aprobar, negociaron y aprobaron este contrato tan engorroso y leonino. ¿Por qué será?
Lo de Leonino no es una coincidencia; fue el mismísimo presidente Leonel Fernández quien remitió el proyecto fraudulento al Senado. ¡Igual que el contrato de la isla!
Un robo tan descarado, tan impune, tan vulgar, no se había presenciado en el país desde hacia mucho tiempo.
Un manejo de los recursos del Estado con semejante falta de pulcritud, con semejante irresponsabilidad y con semejante corrupción tiene muchos referentes, pero pocos de la magnitud y la desvergüenza de este caso.
Robarle así al pueblo dominicano, con la complicidad de las autoridades, es un crimen abominable.
¿Con que moral actuará la Policía Nacional, si tiene en sus manos precisamente el cuerpo del delito?
¿Con que moral se reúnen estos ladrones a discutir sobre cómo enfrentar la delincuencia en el país?
¿Con que moral hacen sus Consejos de Gobierno, sus conferencias, sus cumbres, si la delincuencia comienza precisamente (y no se detiene), en la puerta de su despacho?
¡Basta YA! ¡Que se vayan todos!
miércoles, octubre 17, 2007
Negro Veras detalla hechos
“Una posibilidad que explicaría nuestras diferencias es que nos estemos refiriendo a dos casos distintos. Usted habla de un proceso en el que documentos y testigos desmintieron todo indicio de fraude. Yo hablo de uno en el que documentos y testigos muestran sustracciones innegables”
Por Ramón Antonio Veras / El Caribe
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El día de ayer, martes 16 de octubre, se publicó en el periódico El Caribe la primera parte de las precisiones que a solicitud del Lic. Vinicio Castillo Semán, estoy haciendo en torno al caso Baninter.
Al enviar ese trabajo, también llamé a la dirección de este diario para solicitar que los contenidos de mis respuestas fueran conocidos por los lectores e interesados al momento de hacerse la publicación, tal y como mandan los principios básicos de la ética que rige el ejercicio periodístico.
Además de la primera parte de mi trabajo, El Caribe también publicó ayer, en su editorial que leí con la mayor satisfacción, la respuesta a la petición que hice.
Debo señalar que le tengo un profundo agradecimiento y el más absoluto respeto a El Caribe por haber acogido mi exposición de ayer sobre el caso Baninter, con la profesionalidad e integridad con que lo hizo.
Realmente, mis resquemores sobre el manejo que se da en algunos medios a las informaciones y opiniones que publican no se originaron en El Caribe y no debí importunar a sus ejecutivos compartiendo con ellos incomodidades con las que no están relacionados. De todo corazón les pido excusas.
Yo sabía perfectamente y me alegra haberlo ratificado, que en este medio hay mucha diferencia con relación a otros, dirigidos por hipócritas cuyo desempeño en los medios constituye un monumento a lo mediocre y pusilánime.
Continuando con las aclaraciones que me ha solicitado el Lic. Vinicio Castillo Semán, sobre mi posición en torno al caso Baninter, a seguidas expongo lo correspondiente a los puntos del 3 al 13 de los 26 que él ha insistido en tratar.
Con esta disertación espero ayudarlo a que se le quite un poco de fantasmagoría inverosímil a su farragosa versión de los hechos, pero si al terminar la misma no entiende lo expuesto, estoy a su disposición para repetirla y ampliarla.
3.- Lic. Castillo Semán, una posibilidad que explicaría nuestras diferencias es la de que nos estemos refiriendo a dos casos distintos.
Usted habla de un proceso en el que documentos y testigos desmintieron todo indicio de fraude. Yo, por el contrario, hablo de un proceso en el que documentos y testigos muestran y confirman sustracciones innegables y comprobadas, como la del dinero que se sacó de los fondos del Baninter para adquirir un yate por valor de 14 millones de dólares, entre otras minucias.
En el juicio que yo menciono, se probó mediante documentación, que cuando en una de las casas del imputado se necesitaba una sartén para freír huevos, esa sartén se compraba con dinero de los accionistas y ahorrantes del Baninter.
De esa forma, entre probables sartenes Le Creuset, estufas y hornos convencionales y de microondas con tecnología de última generación, wafleras, sandwicheras, grecas para hacer capuchino de las que cuestan igual que un carro, lavaplatos construidos con materiales propuestos por la Nasa, copas Riedel o Waterford para el vino, exprimidores de limones operados con energía nuclear, cuchillos alemanes para pelar zanahorias en forma de rosas, cucharillas de nácar para servir el caviar, espátulas para los quesos, hechas a mano y a título de "piezas únicas" por artesanos franceses y juegos de té de plata del siglo XIX, majadores de papas digitales y otros utensilios y electrodomésticos de uso común o de usos inimaginables, el banco pagaba RD$350,000.00 al "Grupo Electro", que si RD$60,900.00 a Casa Cuesta, que si RD$65,000.00 a "importaciones diversas", etc., lo que estaba muy lejos de terminar ahí.
Según la documentación presentada ante los jueces, con dinero del banco quebrado también se pagaban los salarios del servicio doméstico, cuentas telefónicas, colegio de los niños, compra de muebles, la construcción de casas, remodelación de villas, compra de vehículos y antigüedades, las flores de esquinas y mesas, el cuidado de la grama de los patios, mantenimiento de yipetas y bienes inmuebles, viajes, decoración y hasta los “vaporuses” y aspirinas en las farmacias.
Apareció un pagaré de RD$15,988.50 para la Farmacia Carol y otro de RD$960.00 para la Farmacia Ricard.
Entre las cuentas particulares que se cargaron al Baninter hay una de RD$737, 333. 25 por una póliza de seguro para trasladar el yate “Patricia" de Francia a Miami y otras que suman unos RD$370, 000.00 para hacerle los trabajos en hierro a una casa en Chavón, una de RD$248,326.00, por la construcción de un muelle en una casa: RD$ 300,000.00 para un trabajo paisajístico en la misma residencia particular, así como RD$19,000.00 por unas cortinas, varios millones para la construcción de un palacete y un etcétera más adornado que una carroza del carnaval de Río de Janeiro, por hablar en metáforas que le resulten familiares a los imputados.
Todo, hasta sumar los 55 mil millones que se evaporaron del Baninter y que hoy está pagando el pueblo dominicano, un pueblo que nunca ha probado el caviar y tiene que pagarlo como si hubiese arrasado con las existencias de los esturiones del Mar Caspio.
Un pueblo que no conoce los diamantes finos y tiene que pagarlos como si cada uno de sus diez millones de integrantes tuviera un Hope enganchado en el pescuezo. Un pueblo que no tiene con qué comprar un calmante para un cáncer o con qué enfrentar un sida.
Un pueblo en el que mueren niños a causa de una diarrea porque faltan 20 pesos para rehidratarlos con un suero, un pueblo en el que todos los días se acuestan por lo menos dos millones de personas con la incierta aspiración de encontrar mañana por la mañana un pan de agua con qué comer. Y ese pueblo miserable es el que está pagando las cornucopias con yates y villas de sus ladrones de alcurnia y abolengo.
Antes de terminar este punto quiero recordarle, como es de su conocimiento, lo declarado en el juicio por el antiguo Gerente General de Contabilidad del Baninter, Lic. Príamo Concepción Rodríguez, cuando se le preguntó con relación a la existencia o no del Interbanco o Banco oculto que operaba en el Baninter: “Príamo Concepción: primero, para mí el Interbanco representaba otro libro mayor y segundo, no estaba a cargo de esas operaciones. Abogado: Don Príamo, ¿los inspectores de la superintendencia de bancos visitaban al Baninter? Príamo Concepción: Sí, correcto. Abogado: ¿y ellos tenían las posibilidades de ver las operaciones que estaban en el Interbanco? Príamo Concepción: No”.
Pero además, los medios fraudulentos utilizados por los imputados, y que creían que no serían descubiertos, muy bien fueron precisados por los cuatro expertos internacionales los cuales explicaron la existencia y funcionamiento operativo del Interbanco o Banco oculto: “El mecanismo a través del cual se ocultó el fraude ha sido denominado en su acepción común “banco paralelo” o “contabilidad paralela”, y no es otra cosa que un artilugio informático y contable para ocultar a las autoridades y al público en general una parte significativa de las operaciones del banco, que en el caso del Baninter alcanzaban, al momento de su intervención, aproximadamente a dos veces la parte visible del banco…”.
Lic. Castillo Semán, más claro de ahí, ni el agua.
4.- Lic. Castillo Semán, es cierto que padezco varios achaques, pero entre ellos no se encuentra la ceguera, lo que a veces dudo si será una desgracia o una bendición. Tengo vista de lince y para colmo oigo más que un tísico.
Es de temer que el ciego sea usted, que no ve la montaña de documentos que prueban el dolo, las trampas y las estafas contra el pueblo dominicano llevadas a cabo en el Baninter.
He dicho que la Autoridad Monetaria y Financiera procedió amparada en la Constitución y las leyes y lo ratificó a la luz de las disposiciones combinadas de los artículos 111, párrafo 3 de la Constitución de la República, como del 90 de la Ley Monetaria y Financiera.
Si se toma la molestia de leer nuevamente las citas textuales que usted hace, sobre las disposiciones que yo menciono, tal vez repare en que usted está reforzando los argumentos míos. Ponga una querella contra su maestra de lectura comprensiva. Me temo que le robó los cuartos.
Las autoridades tenían asidero legal para disponer la intervención del banco y la designación de la Comisión de Administración, dado el manifiesto estado de excepcionabilidad de insolvencia en que se encontraba el Baninter y la posibilidad cierta de que colapsara el banco, arrastrando consigo todo el sistema financiero nacional, porque no estamos hablando de la compraventa de la esquina, Lic. Castillo Semán, sino del banco que según sus propias cifras, era el de mayor volumen del país, hasta que explotó como una vejiga, por todos los pinchazos que le hicieron sus ejecutivos.
Conforme a ese texto de la Constitución que usted reproduce, a la Junta Monetaria se le otorga la facultad de regular el sistema monetario y financiero de la nación, que dentro de la economía capitalista en el país, es un componente clave para su estabilidad.
Simplemente, no hay otro sector económico más neurálgico, dentro de esta estructura política, económica y jurídica, que el de la banca. En este contexto, conviene precisar que los literales a) y b) del art. 2 de la Ley Monetaria y Financiera, al reforzar y delimitar aun más la susodicha facultad constitucional de la Junta Monetaria disponen:
a)"Regulación del Sistema Monetario. La regulación del sistema monetario tendrá por objeto mantener la estabilidad de precios, la cual es base indispensable para el desarrollo económico nacional.
b) Regulación del Sistema Financiero. La regulación del sistema financiero tendrá por objeto velar por el cumplimiento de las condiciones de liquidez, solvencia y gestión que deben cumplir en todo momento las entidades de intermediación financiera de conformidad con lo establecido en esta Ley, para procurar el normal funcionamiento del sistema en un entorno de competitividad, eficiencia y libre mercado".
Por igual, al reiterar las especiales y excepcionales atribuciones que le otorga la propia Ley Monetaria y Financiera a la Junta Monetaria, en caso de que exista alguna conflictividad entre disposiciones de esta norma y cualquier otra disposición regulatoria y sus alcances derogatorios, la parte in fine del artículo 90 es clara cuando reza: "Si existiese conflicto en cuanto al alcance de la derogación, la Junta Monetaria dictaminará al respecto…".
Aparte de lo establecido explícitamente por las leyes, las medidas fueron avaladas y aprobadas como aconsejables y hasta inevitables por los expertos internacionales consultados que usted quiere echar a un lado en su pretensión de tapar el sol con un dedo.
Esas consultas coincidieron en que para abril del 2003, cuando ocurrió la intervención del Baninter, existía una grave situación de insolvencia de este banco que amenazaba el sistema financiero nacional, por lo que se justificaba la actuación realizada, como la designación de la referida Comisión de Administración.
El primer y muy bien reputado diagnóstico de los expertos internacionales consultados dice: "La crisis bancaria que irrumpió a principios del año 2003 en República Dominicana llevó a las autoridades del país a realizar una operación de rescate como forma de evitar una crisis sistémica, la cual podía desencadenarse por los fraudes que se cometieron en bancos que concentraban gran parte de los activos del sistema. […] El 07-04-03 la Junta Monetaria se hace cargo de las actividades del Baninter como consecuencia del fracaso en las negociaciones de venta y/o fusión, y de la compleja situación de insolvencia y de empresas vinculadas observada en el Banco Baninter. Al efecto se designó una Comisión Administradora para el manejo de los activos y pasivos del mismo…".
Luego, destaca: "En cuanto a la actuación de las autoridades en el proceso de resolución, el Panel estima que se produjeron ‘las situaciones de hecho’ propias de las crisis bancarias de gran magnitud…".
El indicado informe termina señalando de manera categórica lo siguiente: "Por otra parte, la forma en que se extendió el límite máximo para las facilidades de liquidez demoró la inevitable intervención y liquidación, lo que incrementó los costos de su solución".
Otro diagnóstico, emitido por uno de los consultores de mayor experiencia en crisis bancarias a nivel mundial, Don Aristóbulo de Juan, quien estuvo en el país antes, durante y después de la fecha en que se decretó la intervención referida, recomendó y aprobó la disposición, en aras de evitar el ‘efecto dominó’ que amenazaba con arrastrar todo el sistema financiero.
La situación del Baninter, Lic. Castillo Semán, era una catástrofe nacional y tuvo que enfrentarse a título de emergencia, aún a despecho de los numerosos cómplices, por comisión u omisión, que los imputados tenían en las altas esferas del poder político y que sólo actuaron con retraso y en última instancia, solo cuando el mundo comenzó a abrírsele bajo los pies a causa del hoyo.
Obviamente, el interés de su cliente era que el Banco Central prosiguiera otorgándole los cuantiosos recursos públicos que le brindó y que a pesar del fraude develado, le permitiera seguir disponiendo a la libre no sólo de estos recursos, sino de los escasos recursos de los depositantes e inversionistas que aún no habían sido distraídos en su provecho y de vinculados.
Es como si al mono lo hubieran dejado cuidando los guineos y cuando alarmados por los desproporcionados desmanes del primate, quisieron retirarle el despeluñado racimo, el destructor se quejara porque lo estaban despojando.
Negro Veras señala pruebas sobre caso Baninter
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“Esperando la condescendencia de los lectores por las longitudes de estas filípicas, procedo a abordar lo expuesto por el licenciado Vinicio Castillo Semán, cuyas inquietudes parece que no aclaré como debía en mi ponencia anterior”
Por Ramón Antonio Veras / El Caribe
El licenciado Vinicio Castillo Semán, de la barra de la defensa del señor Ramón Báez Figueroa, ha pretendido ripostar mis respuestas a las preguntas que él tuvo a bien hacerme públicamente en torno al Caso Baninter.
Aunque la segunda exposición del Lic. Castillo Semán es una reiteración de la primera, no quiero incurrir en la descortesía de dejarlo con la palabra en la boca.
Según las reglas de etiqueta y protocolo que siempre cumplo muy puntualmente, cuando a uno lo llaman por teléfono no puede colgar hasta que se despida quien llamó.
A tono con esos postulados de los buenos modales, prolongo esta plática que podría dar por terminada ahora mismo con solo decirle al Lic. Castillo Semán, que ya respondí tanto a las preguntas que hizo, como a otras muchas que él no planteó, con la absoluta convicción de que en mis respuestas no hay ni una sola calumnia que me impida entrar al Reino de Los Cielos.
Nada de lo que se ha dicho o escrito en tono acusatorio contra los desfalcadores del Baninter, puede expresar con fidelidad el devastador impacto que las sustracciones registradas en ese banco tienen y seguirán teniendo por varias generaciones en la República Dominicana.
Nada de lo que se ha dicho en los tribunales, ni fuera de ellos, explica puntualmente lo que las francachelas de dos o tres ladrones de cuello blanco le han quitado al país en materia de salud, alimento, educación, vivienda y calidad de vida.
Ningún reporte, queja o acusación de las que se han hecho, delata a cabalidad el costo en dolor, miseria y vidas que debe pagar el pueblo dominicano por los 55 mil millones dilapidados en una juerga saturnal, cuya factura le han pasado al país con la mayor desfachatez.
No quiero proseguir sin hacer un alto para agradecer la generosa hospitalidad e imparcial arbitraje del Listín Diario en la primera respuesta que le envié al Lic. Castillo Semán y para felicitar a ese diario por su excelso compromiso con la libertad de expresión, encomiable valor democrático al que debemos tanta apertura.
Espero que su cálida acogida a mis criterios se prolongue hasta esta entrega y cualquier otra por venir, en caso de que el Lic. Castillo Semán desee prolongar el conversatorio.
Extiendo el reconocimiento al Lic. Miguel Franjul, quien tan dignamente dirige al prestigioso medio y cuya reciedumbre de carácter y alta fibra moral, le permiten navegar airosamente entre los pantanos más engañosos.
Mis respuestas a las preguntas del distinguido abogado Castillo Semán fueron remitidas al periódico Listín Diario el martes 2 de octubre y se publicaron el domingo 7 de octubre. El Licenciado Castillo ripostó el lunes 8 de octubre.
Dado que ambos textos carecen de las virtudes de la brevedad, la diligencia con la que respondió el Lic. Castillo sólo podría explicarse con una de dos variables. O el Lic. Castillo Semán interrumpió su descanso dominical y tal vez ni siquiera pudiera dormir escribiéndome. O el Lic. Miguel Franjul le proporcionó mi escrito antes de publicarlo.
Si ocurrió lo primero, agradezco el interés, pero me preocupa que el Lic. Castillo Semán, vaya a atragantarse con tanta prisa.
La segunda posibilidad me apresuro a descartarla sin averiguaciones. El sólido sentido ético del director del Listín, Lic. Franjul, no le habría permitido incurrir en esa indelicadeza y el orgullo personal del Lic. Castillo Semán, no le habría permitido aprovechar bribonerías de tunantes apocados, ni comportarse como uno de esos niños que tienen que perpetrar un timo hasta para volar un capuchín, habilidad muy apreciada entre leguleyos matarifes, pero desechada por quienes tienen la necesaria autoestima para preferir la rectitud y el buen humor de reírse cuando a un estirado mayordomo inglés con personalidad de yuca jojota, se le sale el refajo y pone en evidencia que es un Roba la gallina.
Esperando la condescendencia de los lectores por las longitudes de estas filípicas, procedo a abordar lo expuesto por el Lic. Castillo Semán, cuyas inquietudes parece que no aclaré como debía en mi ponencia anterior:
Lic. Castillo Semán, sobre el alcance de lo que conozco del caso Baninter, ya hice las explicaciones correspondientes, que según mi parecer son bastante satisfactorias.
Quizás quien está repitiendo mentiras es usted y lo está haciendo mal porque resulta muy poco convincente.
El argumento central de su defensa, que consiste en decir que uno no puede ser condenado por robarse un ganado de 55 mil millones de cabezas en El Seibo, si otro se robó una granja de pollos en Moca, lejos de refutar los hechos los confirma y amplía.
De hecho, si alguien tiene alguna duda sobre las acusaciones a los ejecutivos de Baninter, solo tiene que leer la defensa que usted hace, para que esas dudas se disipen.
Lamento informárselo, pero las imputaciones a los acusados en el expediente del Baninter necesitan algo más que un titular de periódico para ser demolidas.
Si yo fuera usted y estuviera tan seguro de haber hecho esas demoliciones, su representado no andaría ahora mismo metido en frenéticas negociaciones clandestinas de último minuto, ejerciendo presiones ilegales por debajo de la mesa.
Si a alguien ha beneficiado cualquier campaña mediática en el caso Baninter es a los acusados, que han tenido a su favor la timidez, cuando no la complicidad de una prensa irresponsable, demasiado comprometida con las peores causas y que cuando por iniciativa de algunos individuos íntegros que hay en ella, le asoma el impulso de cumplir con sus funciones, suele neutralizarse por acuerdos en las cúpulas, o con chantajes.
Efectivamente, yo aplaudo cualquier inversión que haga el Banco Central u otras dependencias estatales, para prevenir asaltos y rescatar botines extraviados, desde la contratación de guardias de seguridad e instalación de cámaras de vigilancia, hasta campañas educativas para explicarle a la gente que los robos hay que penalizarlos, para que disminuyan las reincidencias.
Mis evaluaciones y opiniones sobre Hipólito Mejía y su gobierno, no están sujetas a interpretaciones suyas y no pierda tiempo con insidias natimuertas que no tienen ningún futuro.
Sepa que para encontrar bocinas, testaferros y chupa medias de presidentes bochornosos, no debe usar prismáticos quien no tiene necesidad de mirar muy lejos.
No he procedido con saña contra el señor Ramón Báez Figueroa. En mi corazón no hay espacio para esa actitud que usted debía identificar sin confusiones porque a lo mejor ha estado en contacto con ella habitualmente.
Los que han procedido con saña, gula y abuso son los asaltantes del Baninter y quienes los acompañan en esa deslucida empresa de defender el saqueo al erario.
Al responder sus preguntas lo he hecho hasta con pena hacia aquellos que con su proceder delincuencial han causado daños tan graves al país.
Mi sentimiento dominante al abordar este asunto no es de inquina hacia el señor Báez Figueroa, sino de indignación por la reiterada impunidad con que se ha asaltado al pueblo dominicano y de inquietud por las consecuencias de un desenlace inicuo, que empuje aún más hacia el despeñadero social.
El caso Baninter no es solamente un problema de perjuicio económico, que de por sí es gravísimo, sino del llamado al desenfreno que implicaría una consagración de la impunidad a ese nivel y de ese tamaño.
Sobre los puntos que usted replantea, ratifico y añado:
1.-Sepa usted, Lic. Castillo Semán, que a menos que cuente con los poderes del mago Merlín, no va a borrar al Lic. Luis Emilio Aurich del expediente del Baninter chasqueando los dedos, ni le servirá una pataleta infantil para modificar la naturaleza ni los significados de los informes presentados por este. Cuando acabe de aceptar esa cruda realidad siga leyendo.
El trabajo del Lic. Luis Emilio Aurich, no fue precisamente marginal ni subrepticio como usted afirma ya que para su participación medió un contrato público con validez legal y adscrito a los protocolos correspondientes.
La responsabilidad al respecto, le corresponde a la Suprema Corte de Justicia, que fue la que pagó los servicios. Toda discusión sobre el particular cae dentro de la categoría de mera necedad, porque el contrato se explica por sí solo. No lo inserto aquí in extenso, porque no quiero abusar de la condescendencia del periódico, ni de la de los lectores, pero léalo donde dice que el Lic. Aurich se contrata "para desempeñar servicios de asesor-consultor técnico".
En consecuencia, ese profesional no fue contratado para realizar ninguna auditoría contable o informática. Su tarea consistió, tal y como especifica el contrato, en interpretar y procesar parte de la documentación probatoria, principalmente la que se encontraba en poder del Juez de Instrucción del Primer Grado, que requirió a la Suprema Corte de Justicia la contratación del perito, a lo que esta accedió, convirtiéndose ella en la parte contratante.
Basta con examinar los 50 reportes o informes remitidos por el citado consultor bancario al indicado juez de instrucción, en diferentes fechas, para comprobar la absoluta veracidad de lo afirmado.
Para su edificación, me permito reproducir textualmente el primero de los reportes preparados por el citado consultor al juez en cuestión, donde se muestra con la mayor frialdad objetiva, una de las transacciones del misterioso banco paralelo, cuya existencia usted niega, tal vez porque ese banco fue a parar al mismo sitio donde se desintegraron los 55 mil millones. En este caso se muestra el trasiego clandestino de más de 26 millones de pesos, en una sola cuenta y en un solo día.
"Santo Domingo D. N. 13 de noviembre de 2003.
Señor Dr. Eduardo Sánchez Ortiz.
Ciudad.
Distinguidos señores:
Atendiendo a solicitud que nos hiciera usted, a continuación breve historial de la cuenta corriente No. 0-684252-00-7 titulada "Cuenta de Resultados".
Fue abierta (comenzó a ser operada) el 21/03/2003. –Era manejada por el Sr. Vicepresidente Ejecutivo de Operaciones. –La primera transacción que le registraron fue un cargo (nota de débito) por RD$318,444,719.20.
En esta misma fecha le registraron las siguientes transacciones extraordinarias. –Cuatro cargos (notas de débito) por la suma de RD $8,000,000.00 cada una y un cargo por RD$2,176,755,084.41, transfiriéndole el balance de la cuenta Finanza Empresarial.
Por instrucciones del Vicepresidente Ejecutivo de Operaciones le registraron nota de crédito por RD$4,956,000.00. A partir de esta fecha la cuenta de Resultados asumió las funciones de la cuenta Finanza Empresarial (Consultoría Externa).
Al 30 de Junio del año 2003 estando el Banco bajo el control de la Comisión Administrativa se efectuaron ajustes contables para liquidar el balance de dicha cuenta de resultados.
Para cualquier observación y/o aclaración que considere de lugar, quedamos de usted.
Muy atentamente,
Lic. Luis Aurich, Consultor Bancario.
Esto explica por qué los informes de análisis de cuentas realizados por el especialista Aurich han generado tanta histeria en la barra de la defensa del señor Báez Figueroa.
Los criterios técnicos del Lic. Aurich, detallados en los expedientes, hacen considerables aportes para dilucidar los asuntos relativos a los trapicheos entre los recursos del banco y la cuenta de gastos personales del señor Ramón Báez Figueroa, identificada como "Gaperán, S. A.".
Y también esclarecen renglones, que la defensa habría preferido mantener en las penumbras, en el expediente del caso Listín Diario, en el caso ASTER; en el de Telecentro y Canal 27, en el de la familia García y en otras muchas operaciones calificadas de dolosas, que involucran al imputado Ramón Báez Figueroa.
Por ejemplo, examinan la relación de gastos personales del señor Ramón Báez Figueroa (Gaperán, S. A.) ascendente a la suma de Mil Cuarenta y Siete Millones Doscientos Cuarenta y Cinco Mil Setecientos Setenta y Dos Pesos con Seis Centavos (RD$1,047,245,772.06), cantidad que el pueblo dominicano está pagando ahora mismo, como parte de las deudas que ha heredado del Sr. Báez. En el punto 3 abundaré en detalles sobre el particular.
En conclusión, repito lo que ya dije anteriormente. Los informes del Lic. Aurich, no son la base del expediente contra los imputados en el caso del Baninter, sino que constituyen una herramienta auxiliar, muy eficiente y excepcionalmente reveladora, por cierto, para comprender el movimiento en las cuentas examinadas. La base del expediente son las más de 374 pruebas documentales presentadas por la parte acusadora.
2.- Si usted insiste, Lic. Castillo Semán, no hay ningún inconveniente en que le llame "papelería" a esas 374 pruebas que en originales o en fotocopias fueron depositadas para la consideración de los jueces y que como ya le dije, habrán de archivarse en furgones dentro de las propiedades del señor Báez Figueroa, donde quizás haya espacio para estacionar las flotillas.
Lo que es de temer es que los directivos del Baninter también hayan llamado ligera y alegremente "papelería" a sus registros operacionales y que confundidos con el despectivo término, mezclaran esa "papelería" con el papel de baño y le dieran el mismo uso, haciendo desaparecer 55 mil millones de pesos entre las cañerías y los zafacones de las instalaciones sanitarias.
Por lo demás es risible que usted alegue, como supuesta causa de ilegalidad de las referidas pruebas, el hecho de que entre ellas haya fotocopias, puesto que la mayoría de las 65 "pruebas" incorporadas por la defensa de Báez Figueroa, son fotocopias, de las que, cerca del 40% corresponden a ¡recortes de periódicos!.
Las pruebas de la acusación, fueron el producto, no solo de la iniciativa de los acusadores públicos y privados de este caso, sino de las gestiones que por más de un año realizaron los jueces de instrucción que investigaron el expediente, concluyendo con la atribución de responsabilidad a los correspondientes imputados.
Hasta aquí la primera parte de mis aclaraciones al Lic. Vinicio Castillo Semán
“Esperando la condescendencia de los lectores por las longitudes de estas filípicas, procedo a abordar lo expuesto por el licenciado Vinicio Castillo Semán, cuyas inquietudes parece que no aclaré como debía en mi ponencia anterior”
Por Ramón Antonio Veras / El Caribe
El licenciado Vinicio Castillo Semán, de la barra de la defensa del señor Ramón Báez Figueroa, ha pretendido ripostar mis respuestas a las preguntas que él tuvo a bien hacerme públicamente en torno al Caso Baninter.
Aunque la segunda exposición del Lic. Castillo Semán es una reiteración de la primera, no quiero incurrir en la descortesía de dejarlo con la palabra en la boca.
Según las reglas de etiqueta y protocolo que siempre cumplo muy puntualmente, cuando a uno lo llaman por teléfono no puede colgar hasta que se despida quien llamó.
A tono con esos postulados de los buenos modales, prolongo esta plática que podría dar por terminada ahora mismo con solo decirle al Lic. Castillo Semán, que ya respondí tanto a las preguntas que hizo, como a otras muchas que él no planteó, con la absoluta convicción de que en mis respuestas no hay ni una sola calumnia que me impida entrar al Reino de Los Cielos.
Nada de lo que se ha dicho o escrito en tono acusatorio contra los desfalcadores del Baninter, puede expresar con fidelidad el devastador impacto que las sustracciones registradas en ese banco tienen y seguirán teniendo por varias generaciones en la República Dominicana.
Nada de lo que se ha dicho en los tribunales, ni fuera de ellos, explica puntualmente lo que las francachelas de dos o tres ladrones de cuello blanco le han quitado al país en materia de salud, alimento, educación, vivienda y calidad de vida.
Ningún reporte, queja o acusación de las que se han hecho, delata a cabalidad el costo en dolor, miseria y vidas que debe pagar el pueblo dominicano por los 55 mil millones dilapidados en una juerga saturnal, cuya factura le han pasado al país con la mayor desfachatez.
No quiero proseguir sin hacer un alto para agradecer la generosa hospitalidad e imparcial arbitraje del Listín Diario en la primera respuesta que le envié al Lic. Castillo Semán y para felicitar a ese diario por su excelso compromiso con la libertad de expresión, encomiable valor democrático al que debemos tanta apertura.
Espero que su cálida acogida a mis criterios se prolongue hasta esta entrega y cualquier otra por venir, en caso de que el Lic. Castillo Semán desee prolongar el conversatorio.
Extiendo el reconocimiento al Lic. Miguel Franjul, quien tan dignamente dirige al prestigioso medio y cuya reciedumbre de carácter y alta fibra moral, le permiten navegar airosamente entre los pantanos más engañosos.
Mis respuestas a las preguntas del distinguido abogado Castillo Semán fueron remitidas al periódico Listín Diario el martes 2 de octubre y se publicaron el domingo 7 de octubre. El Licenciado Castillo ripostó el lunes 8 de octubre.
Dado que ambos textos carecen de las virtudes de la brevedad, la diligencia con la que respondió el Lic. Castillo sólo podría explicarse con una de dos variables. O el Lic. Castillo Semán interrumpió su descanso dominical y tal vez ni siquiera pudiera dormir escribiéndome. O el Lic. Miguel Franjul le proporcionó mi escrito antes de publicarlo.
Si ocurrió lo primero, agradezco el interés, pero me preocupa que el Lic. Castillo Semán, vaya a atragantarse con tanta prisa.
La segunda posibilidad me apresuro a descartarla sin averiguaciones. El sólido sentido ético del director del Listín, Lic. Franjul, no le habría permitido incurrir en esa indelicadeza y el orgullo personal del Lic. Castillo Semán, no le habría permitido aprovechar bribonerías de tunantes apocados, ni comportarse como uno de esos niños que tienen que perpetrar un timo hasta para volar un capuchín, habilidad muy apreciada entre leguleyos matarifes, pero desechada por quienes tienen la necesaria autoestima para preferir la rectitud y el buen humor de reírse cuando a un estirado mayordomo inglés con personalidad de yuca jojota, se le sale el refajo y pone en evidencia que es un Roba la gallina.
Esperando la condescendencia de los lectores por las longitudes de estas filípicas, procedo a abordar lo expuesto por el Lic. Castillo Semán, cuyas inquietudes parece que no aclaré como debía en mi ponencia anterior:
Lic. Castillo Semán, sobre el alcance de lo que conozco del caso Baninter, ya hice las explicaciones correspondientes, que según mi parecer son bastante satisfactorias.
Quizás quien está repitiendo mentiras es usted y lo está haciendo mal porque resulta muy poco convincente.
El argumento central de su defensa, que consiste en decir que uno no puede ser condenado por robarse un ganado de 55 mil millones de cabezas en El Seibo, si otro se robó una granja de pollos en Moca, lejos de refutar los hechos los confirma y amplía.
De hecho, si alguien tiene alguna duda sobre las acusaciones a los ejecutivos de Baninter, solo tiene que leer la defensa que usted hace, para que esas dudas se disipen.
Lamento informárselo, pero las imputaciones a los acusados en el expediente del Baninter necesitan algo más que un titular de periódico para ser demolidas.
Si yo fuera usted y estuviera tan seguro de haber hecho esas demoliciones, su representado no andaría ahora mismo metido en frenéticas negociaciones clandestinas de último minuto, ejerciendo presiones ilegales por debajo de la mesa.
Si a alguien ha beneficiado cualquier campaña mediática en el caso Baninter es a los acusados, que han tenido a su favor la timidez, cuando no la complicidad de una prensa irresponsable, demasiado comprometida con las peores causas y que cuando por iniciativa de algunos individuos íntegros que hay en ella, le asoma el impulso de cumplir con sus funciones, suele neutralizarse por acuerdos en las cúpulas, o con chantajes.
Efectivamente, yo aplaudo cualquier inversión que haga el Banco Central u otras dependencias estatales, para prevenir asaltos y rescatar botines extraviados, desde la contratación de guardias de seguridad e instalación de cámaras de vigilancia, hasta campañas educativas para explicarle a la gente que los robos hay que penalizarlos, para que disminuyan las reincidencias.
Mis evaluaciones y opiniones sobre Hipólito Mejía y su gobierno, no están sujetas a interpretaciones suyas y no pierda tiempo con insidias natimuertas que no tienen ningún futuro.
Sepa que para encontrar bocinas, testaferros y chupa medias de presidentes bochornosos, no debe usar prismáticos quien no tiene necesidad de mirar muy lejos.
No he procedido con saña contra el señor Ramón Báez Figueroa. En mi corazón no hay espacio para esa actitud que usted debía identificar sin confusiones porque a lo mejor ha estado en contacto con ella habitualmente.
Los que han procedido con saña, gula y abuso son los asaltantes del Baninter y quienes los acompañan en esa deslucida empresa de defender el saqueo al erario.
Al responder sus preguntas lo he hecho hasta con pena hacia aquellos que con su proceder delincuencial han causado daños tan graves al país.
Mi sentimiento dominante al abordar este asunto no es de inquina hacia el señor Báez Figueroa, sino de indignación por la reiterada impunidad con que se ha asaltado al pueblo dominicano y de inquietud por las consecuencias de un desenlace inicuo, que empuje aún más hacia el despeñadero social.
El caso Baninter no es solamente un problema de perjuicio económico, que de por sí es gravísimo, sino del llamado al desenfreno que implicaría una consagración de la impunidad a ese nivel y de ese tamaño.
Sobre los puntos que usted replantea, ratifico y añado:
1.-Sepa usted, Lic. Castillo Semán, que a menos que cuente con los poderes del mago Merlín, no va a borrar al Lic. Luis Emilio Aurich del expediente del Baninter chasqueando los dedos, ni le servirá una pataleta infantil para modificar la naturaleza ni los significados de los informes presentados por este. Cuando acabe de aceptar esa cruda realidad siga leyendo.
El trabajo del Lic. Luis Emilio Aurich, no fue precisamente marginal ni subrepticio como usted afirma ya que para su participación medió un contrato público con validez legal y adscrito a los protocolos correspondientes.
La responsabilidad al respecto, le corresponde a la Suprema Corte de Justicia, que fue la que pagó los servicios. Toda discusión sobre el particular cae dentro de la categoría de mera necedad, porque el contrato se explica por sí solo. No lo inserto aquí in extenso, porque no quiero abusar de la condescendencia del periódico, ni de la de los lectores, pero léalo donde dice que el Lic. Aurich se contrata "para desempeñar servicios de asesor-consultor técnico".
En consecuencia, ese profesional no fue contratado para realizar ninguna auditoría contable o informática. Su tarea consistió, tal y como especifica el contrato, en interpretar y procesar parte de la documentación probatoria, principalmente la que se encontraba en poder del Juez de Instrucción del Primer Grado, que requirió a la Suprema Corte de Justicia la contratación del perito, a lo que esta accedió, convirtiéndose ella en la parte contratante.
Basta con examinar los 50 reportes o informes remitidos por el citado consultor bancario al indicado juez de instrucción, en diferentes fechas, para comprobar la absoluta veracidad de lo afirmado.
Para su edificación, me permito reproducir textualmente el primero de los reportes preparados por el citado consultor al juez en cuestión, donde se muestra con la mayor frialdad objetiva, una de las transacciones del misterioso banco paralelo, cuya existencia usted niega, tal vez porque ese banco fue a parar al mismo sitio donde se desintegraron los 55 mil millones. En este caso se muestra el trasiego clandestino de más de 26 millones de pesos, en una sola cuenta y en un solo día.
"Santo Domingo D. N. 13 de noviembre de 2003.
Señor Dr. Eduardo Sánchez Ortiz.
Ciudad.
Distinguidos señores:
Atendiendo a solicitud que nos hiciera usted, a continuación breve historial de la cuenta corriente No. 0-684252-00-7 titulada "Cuenta de Resultados".
Fue abierta (comenzó a ser operada) el 21/03/2003. –Era manejada por el Sr. Vicepresidente Ejecutivo de Operaciones. –La primera transacción que le registraron fue un cargo (nota de débito) por RD$318,444,719.20.
En esta misma fecha le registraron las siguientes transacciones extraordinarias. –Cuatro cargos (notas de débito) por la suma de RD $8,000,000.00 cada una y un cargo por RD$2,176,755,084.41, transfiriéndole el balance de la cuenta Finanza Empresarial.
Por instrucciones del Vicepresidente Ejecutivo de Operaciones le registraron nota de crédito por RD$4,956,000.00. A partir de esta fecha la cuenta de Resultados asumió las funciones de la cuenta Finanza Empresarial (Consultoría Externa).
Al 30 de Junio del año 2003 estando el Banco bajo el control de la Comisión Administrativa se efectuaron ajustes contables para liquidar el balance de dicha cuenta de resultados.
Para cualquier observación y/o aclaración que considere de lugar, quedamos de usted.
Muy atentamente,
Lic. Luis Aurich, Consultor Bancario.
Esto explica por qué los informes de análisis de cuentas realizados por el especialista Aurich han generado tanta histeria en la barra de la defensa del señor Báez Figueroa.
Los criterios técnicos del Lic. Aurich, detallados en los expedientes, hacen considerables aportes para dilucidar los asuntos relativos a los trapicheos entre los recursos del banco y la cuenta de gastos personales del señor Ramón Báez Figueroa, identificada como "Gaperán, S. A.".
Y también esclarecen renglones, que la defensa habría preferido mantener en las penumbras, en el expediente del caso Listín Diario, en el caso ASTER; en el de Telecentro y Canal 27, en el de la familia García y en otras muchas operaciones calificadas de dolosas, que involucran al imputado Ramón Báez Figueroa.
Por ejemplo, examinan la relación de gastos personales del señor Ramón Báez Figueroa (Gaperán, S. A.) ascendente a la suma de Mil Cuarenta y Siete Millones Doscientos Cuarenta y Cinco Mil Setecientos Setenta y Dos Pesos con Seis Centavos (RD$1,047,245,772.06), cantidad que el pueblo dominicano está pagando ahora mismo, como parte de las deudas que ha heredado del Sr. Báez. En el punto 3 abundaré en detalles sobre el particular.
En conclusión, repito lo que ya dije anteriormente. Los informes del Lic. Aurich, no son la base del expediente contra los imputados en el caso del Baninter, sino que constituyen una herramienta auxiliar, muy eficiente y excepcionalmente reveladora, por cierto, para comprender el movimiento en las cuentas examinadas. La base del expediente son las más de 374 pruebas documentales presentadas por la parte acusadora.
2.- Si usted insiste, Lic. Castillo Semán, no hay ningún inconveniente en que le llame "papelería" a esas 374 pruebas que en originales o en fotocopias fueron depositadas para la consideración de los jueces y que como ya le dije, habrán de archivarse en furgones dentro de las propiedades del señor Báez Figueroa, donde quizás haya espacio para estacionar las flotillas.
Lo que es de temer es que los directivos del Baninter también hayan llamado ligera y alegremente "papelería" a sus registros operacionales y que confundidos con el despectivo término, mezclaran esa "papelería" con el papel de baño y le dieran el mismo uso, haciendo desaparecer 55 mil millones de pesos entre las cañerías y los zafacones de las instalaciones sanitarias.
Por lo demás es risible que usted alegue, como supuesta causa de ilegalidad de las referidas pruebas, el hecho de que entre ellas haya fotocopias, puesto que la mayoría de las 65 "pruebas" incorporadas por la defensa de Báez Figueroa, son fotocopias, de las que, cerca del 40% corresponden a ¡recortes de periódicos!.
Las pruebas de la acusación, fueron el producto, no solo de la iniciativa de los acusadores públicos y privados de este caso, sino de las gestiones que por más de un año realizaron los jueces de instrucción que investigaron el expediente, concluyendo con la atribución de responsabilidad a los correspondientes imputados.
Hasta aquí la primera parte de mis aclaraciones al Lic. Vinicio Castillo Semán
De Negro Veras a Catillo Semán
El licenciado Vinicio Castillo Semán, de la barra de la defensa del señor Ramón Báez Figueroa, ha pretendido ripostar mis respuestas a las preguntas que él tuvo a bien hacerme públicamente en torno al Caso Baninter.
Aunque la segunda exposición del Lic. Castillo Semán es una reiteración de la primera, no quiero incurrir en la descortesía de dejarlo con la palabra en la boca.
Según las reglas de etiqueta y protocolo que siempre cumplo muy puntualmente, cuando a uno lo llaman por teléfono no puede colgar hasta que se despida quien llamó.
A tono con esos postulados de los buenos modales, prolongo esta plática que podría dar por terminada ahora mismo con solo decirle al Lic. Castillo Semán, que ya respondí tanto a las preguntas que hizo, como a otras muchas que él no planteó, con la absoluta convicción de que en mis respuestas no hay ni una sola calumnia que me impida entrar al Reino de Los Cielos.
Nada de lo que se ha dicho o escrito en tono acusatorio contra los desfalcadores del Baninter, puede expresar con fidelidad el devastador impacto que las sustracciones registradas en ese banco tienen y seguirán teniendo por varias generaciones en la República Dominicana.
Nada de lo que se ha dicho en los tribunales, ni fuera de ellos, explica puntualmente lo que las francachelas de dos o tres ladrones de cuello blanco le han quitado al país en materia de salud, alimento, educación, vivienda y calidad de vida.
Ningún reporte, queja o acusación de las que se han hecho, delata a cabalidad el costo en dolor, miseria y vidas que debe pagar el pueblo dominicano por los 55 mil millones dilapidados en una juerga saturnal, cuya factura le han pasado al país con la mayor desfachatez.
No quiero proseguir sin hacer un alto para agradecer la generosa hospitalidad e imparcial arbitraje del Listín Diario en la primera respuesta que le envié al Lic. Castillo Semán y para felicitar a ese diario por su excelso compromiso con la libertad de expresión, encomiable valor democrático al que debemos tanta apertura.
Espero que su cálida acogida a mis criterios se prolongue hasta esta entrega y cualquier otra por venir, en caso de que el Lic. Castillo Semán desee prolongar el conversatorio.
Extiendo el reconocimiento al Lic. Miguel Franjul, quien tan dignamente dirige al prestigioso medio y cuya reciedumbre de carácter y alta fibra moral, le permiten navegar airosamente entre los pantanos más engañosos.
Mis respuestas a las preguntas del distinguido abogado Castillo Semán fueron remitidas al periódico Listín Diario el martes 2 de octubre y se publicaron el domingo 7 de octubre. El Licenciado Castillo ripostó el lunes 8 de octubre.
Dado que ambos textos carecen de las virtudes de la brevedad, la diligencia con la que respondió el Lic. Castillo sólo podría explicarse con una de dos variables. O el Lic. Castillo Semán interrumpió su descanso dominical y tal vez ni siquiera pudiera dormir escribiéndome. O el Lic. Miguel Franjul le proporcionó mi escrito antes de publicarlo.
Si ocurrió lo primero, agradezco el interés, pero me preocupa que el Lic. Castillo Semán, vaya a atragantarse con tanta prisa.
La segunda posibilidad me apresuro a descartarla sin averiguaciones.
El sólido sentido ético del director del Listín, Lic. Franjul, no le habría permitido incurrir en esa indelicadeza y el orgullo personal del Lic. Castillo Semán, no le habría permitido aprovechar bribonerías de tunantes apocados, ni comportarse como uno de esos niños que tienen que perpetrar un timo hasta para volar un capuchín, habilidad muy apreciada entre leguleyos matarifes, pero desechada por quienes tienen la necesaria autoestima para preferir la rectitud y el buen humor de reírse cuando a un estirado mayordomo inglés con personalidad de yuca jojota, se le sale el refajo y pone en evidencia que es un Roba la gallina.
Esperando la condescendencia de los lectores por las longitudes de estas filípicas, procedo a abordar lo expuesto por el Lic. Castillo Semán, cuyas inquietudes parece que no aclaré como debía en mi ponencia anterior:
Lic. Castillo Semán, sobre el alcance de lo que conozco del caso Baninter, ya hice las explicaciones correspondientes, que según mi parecer son bastante satisfactorias.
Quizás quien está repitiendo mentiras es usted y lo está haciendo mal porque resulta muy poco convincente.
El argumento central de su defensa, que consiste en decir que uno no puede ser condenado por robarse un ganado de 55 mil millones de cabezas en El Seibo, si otro se robó una granja de pollos en Moca, lejos de refutar los hechos los confirma y amplía.
De hecho, si alguien tiene alguna duda sobre las acusaciones a los ejecutivos de Baninter, solo tiene que leer la defensa que usted hace, para que esas dudas se disipen.
Lamento informárselo, pero las imputaciones a los acusados en el expediente del Baninter necesitan algo más que un titular de periódico para ser demolidas.
Si yo fuera usted y estuviera tan seguro de haber hecho esas demoliciones, su representado no andaría ahora mismo metido en frenéticas negociaciones clandestinas de último minuto, ejerciendo presiones ilegales por debajo de la mesa.
Si a alguien ha beneficiado cualquier campaña mediática en el caso Baninter es a los acusados, que han tenido a su favor la timidez, cuando no la complicidad de una prensa irresponsable, demasiado comprometida con las peores causas y que cuando por iniciativa de algunos individuos íntegros que hay en ella, le asoma el impulso de cumplir con sus funciones, suele neutralizarse por acuerdos en las cúpulas, o con chantajes.
Efectivamente, yo aplaudo cualquier inversión que haga el Banco Central u otras dependencias estatales, para prevenir asaltos y rescatar botines extraviados, desde la contratación de guardias de seguridad e instalación de cámaras de vigilancia, hasta campañas educativas para explicarle a la gente que los robos hay que penalizarlos, para que disminuyan las reincidencias.
Mis evaluaciones y opiniones sobre Hipólito Mejía y su gobierno, no están sujetas a interpretaciones suyas y no pierda tiempo con insidias natimuertas que no tienen ningún futuro.
Sepa que para encontrar bocinas, testaferros y chupa medias de presidentes bochornosos, no debe usar prismáticos quien no tiene necesidad de mirar muy lejos.
No he procedido con saña contra el señor Ramón Báez Figueroa. En mi corazón no hay espacio para esa actitud que usted debía identificar sin confusiones porque a lo mejor ha estado en contacto con ella habitualmente.
Los que han procedido con saña, gula y abuso son los asaltantes del Baninter y quienes los acompañan en esa deslucida empresa de defender el saqueo al erario.
Al responder sus preguntas lo he hecho hasta con pena hacia aquellos que con su proceder delincuencial han causado daños tan graves al país.
Al responder sus preguntas lo he hecho hasta con pena hacia aquellos que con su proceder delincuencial han causado daños tan graves al país.
Mi sentimiento dominante al abordar este asunto no es de inquina hacia el señor Báez Figueroa, sino de indignación por la reiterada impunidad con que se ha asaltado al pueblo dominicano y de inquietud por las consecuencias de un desenlace inicuo, que empuje aún más hacia el despeñadero social.
El caso Baninter no es solamente un problema de perjuicio económico, que de por sí es gravísimo, sino del llamado al desenfreno que implicaría una consagración de la impunidad a ese nivel y de ese tamaño.Sobre los puntos que usted replantea, ratifico y añado:
1.-Sepa usted, Lic. Castillo Semán, que a menos que cuente con los poderes del mago Merlín, no va a borrar al Lic. Luis Emilio Aurich del expediente del Baninter chasqueando los dedos, ni le servirá una pataleta infantil para modificar la naturaleza ni los significados de los informes presentados por este.
Cuando acabe de aceptar esa cruda realidad siga leyendo.
El trabajo del Lic. Luis Emilio Aurich, no fue precisamente marginal ni subrepticio como usted afirma ya que para su participación medió un contrato público con validez legal y adscrito a los protocolos correspondientes.
La responsabilidad al respecto, le corresponde a la Suprema Corte de Justicia, que fue la que pagó los servicios. Toda discusión sobre el particular cae dentro de la categoría de mera necedad, porque el contrato se explica por sí solo. No lo inserto aquí in extenso, porque no quiero abusar de la condescendencia del periódico, ni de la de los lectores, pero léalo donde dice que el Lic. Aurich se contrata "para desempeñar servicios de asesor-consultor técnico".
En consecuencia, ese profesional no fue contratado para realizar ninguna auditoría contable o informática.
Su tarea consistió, tal y como especifica el contrato, en interpretar y procesar parte de la documentación probatoria, principalmente la que se encontraba en poder del Juez de Instrucción del Primer Grado, que requirió a la Suprema Corte de Justicia la contratación del perito, a lo que esta accedió, convirtiéndose ella en la parte contratante.
Basta con examinar los 50 reportes o informes remitidos por el citado consultor bancario al indicado juez de instrucción, en diferentes fechas, para comprobar la absoluta veracidad de lo afirmado.
Para su edificación, me permito reproducir textualmente el primero de los reportes preparados por el citado consultor al juez en cuestión, donde se muestra con la mayor frialdad objetiva, una de las transacciones del misterioso banco paralelo, cuya existencia usted niega, tal vez porque ese banco fue a parar al mismo sitio donde se desintegraron los 55 mil millones. En este caso se muestra el trasiego clandestino de más de 26 millones de pesos, en una sola cuenta y en un solo día. "Santo Domingo D. N. 13 de noviembre de 2003. Señor Dr. Eduardo Sánchez Ortiz.
Ciudad.Distinguidos señores:Atendiendo a solicitud que nos hiciera usted, a continuación breve historial de la cuenta corriente No. 0-684252-00-7 titulada "Cuenta de Resultados".Fue abierta (comenzó a ser operada) el 21/03/2003. –Era manejada por el Sr. Vicepresidente Ejecutivo de Operaciones. –La primera transacción que le registraron fue un cargo (nota de débito) por RD$318,444,719.20.
En esta misma fecha le registraron las siguientes transacciones extraordinarias. –Cuatro cargos (notas de débito) por la suma de RD $8,000,000.00 cada una y un cargo por RD$2,176,755,084.41, transfiriéndole el balance de la cuenta Finanza Empresarial.
Por instrucciones del Vicepresidente Ejecutivo de Operaciones le registraron nota de crédito por RD$4,956,000.00. A partir de esta fecha la cuenta de Resultados asumió las funciones de la cuenta Finanza Empresarial (Consultoría Externa).
Al 30 de Junio del año 2003 estando el Banco bajo el control de la Comisión Administrativa se efectuaron ajustes contables para liquidar el balance de dicha cuenta de resultados.
Para cualquier observación y/o aclaración que considere de lugar, quedamos de usted.Muy atentamente, Lic. Luis Aurich, Consultor Bancario. Esto explica por qué los informes de análisis de cuentas realizados por el especialista Aurich han generado tanta histeria en la barra de la defensa del señor Báez Figueroa.
Los criterios técnicos del Lic. Aurich, detallados en los expedientes, hacen considerables aportes para dilucidar los asuntos relativos a los trapicheos entre los recursos del banco y la cuenta de gastos personales del señor Ramón Báez Figueroa, identificada como "Gaperán, S. A.".
Y también esclarecen renglones, que la defensa habría preferido mantener en las penumbras, en el expediente del caso Listín Diario, en el caso ASTER; en el de Telecentro y Canal 27, en el de la familia García y en otras muchas operaciones calificadas de dolosas, que involucran al imputado Ramón Báez Figueroa.
Por ejemplo, examinan la relación de gastos personales del señor Ramón Báez Figueroa (Gaperán, S. A.) ascendente a la suma de Mil Cuarenta y Siete Millones Doscientos Cuarenta y Cinco Mil Setecientos Setenta y Dos Pesos con Seis Centavos (RD$1,047,245,772.06), cantidad que el pueblo dominicano está pagando ahora mismo, como parte de las deudas que ha heredado del Sr. Báez. En el punto 3 abundaré en detalles sobre el particular.
En conclusión, repito lo que ya dije anteriormente. Los informes del Lic. Aurich, no son la base del expediente contra los imputados en el caso del Baninter, sino que constituyen una herramienta auxiliar, muy eficiente y excepcionalmente reveladora, por cierto, para comprender el movimiento en las cuentas examinadas.
La base del expediente son las más de 374 pruebas documentales presentadas por la parte acusadora. 2.- Si usted insiste, Lic. Castillo Semán, no hay ningún inconveniente en que le llame "papelería" a esas 374 pruebas que en originales o en fotocopias fueron depositadas para la consideración de los jueces y que como ya le dije, habrán de archivarse en furgones dentro de las propiedades del señor Báez Figueroa, donde quizás haya espacio para estacionar las flotillas.
Lo que es de temer es que los directivos del Baninter también hayan llamado ligera y alegremente "papelería" a sus registros operacionales y que confundidos con el despectivo término, mezclaran esa "papelería" con el papel de baño y le dieran el mismo uso, haciendo desaparecer 55 mil millones de pesos entre las cañerías y los zafacones de las instalaciones sanitarias.
Por lo demás es risible que usted alegue, como supuesta causa de ilegalidad de las referidas pruebas, el hecho de que entre ellas haya fotocopias, puesto que la mayoría de las 65 "pruebas" incorporadas por la defensa de Báez Figueroa, son fotocopias, de las que, cerca del 40% corresponden a ¡recortes de periódicos!.
Las pruebas de la acusación, fueron el producto, no solo de la iniciativa de los acusadores públicos y privados de este caso, sino de las gestiones que por más de un año realizaron los jueces de instrucción que investigaron el expediente, concluyendo con la atribución de responsabilidad a los correspondientes imputados.
Hasta aquí la primera parte de mis aclaraciones al Lic. Vinicio Castillo Semán
lunes, octubre 15, 2007
Cabildo de Baní vendió otros 35,745 metros de las Dunas
Servicios Google/Listín Diario, Matutino Dominicano
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El presidente de la Sala Capitular del cabildo de Baní, Yoham Montes de Oca, aseguró ayer que asistirá mañana a la cita de la Procuraduría de Medio Ambiente y defendió la medida adoptada en el caso
BANÍ.- Un nuevo escándalo involucra al ayuntamiento de este municipio al descubrirse otro contrato de venta por RD$10 millones de 35,745 metros cuadrados de terreno en el área protegida de las dunas.
La venta se habría hecho a la empresa Ciramar Internacional, la misma que recientemente le arrendó al cabildo por 10 años un terreno de 56,993.87 metros con opción a compra.
Este nuevo contrato de venta, según los documentos legales obtenidos por LISTIN DIARIO de una fuente cercana al Consejo de Regidores del cabildobanilejo, está fechado el 22 de noviembre del 2006, bajo la firma “Herrera Melo”, abogado notario público de los del número del municipio de Baní.
El hasta ahora desconocido contrato de venta en un patrimonio de los banilejos y del país, se ejecuta a pesar de que esta reserva científica está amparada por la Ley 64-00 de Medio Ambiente y por la Ley Sectorial de Áreas Protegidas 202-04 del 30 de julio de 2004.
En la escritura de la transacción reza lo siguiente: “El Ayuntamiento municipal de Baní, legalmente representado por el señor Nelson Camilo Landestoy, quien actúa en calidad de síndico municipal del municipio de Baní por disposición constitucional y legal, y en ejecución de disposiciones emanadas de organismos e instituciones componentes, autorizado mediante decreto Nº450-06, de fecha 3 de octubre del 2006, por el presidente de la República Dominicana, Doctor Leonel Fernández Reyna, vende en la suma de RD$10,723.500.00 (diez millones setecientos veintitrés mil quinientos pesos), a favor de la compañía Ciramar Internacional Trading co. LTD., una porción de terreno dentro de la parcela Nº977, del Distrito Catastral Nº5 del municipio de Baní, el cual tiene una extensión superficial de treinticinco mil setecientos cuarenticinco (35,745), metros cuadrados, dentro de los linderos generales de la parcela 977”.
El documentoEl indicado documento expresa más adelantes que “en consecuencia se declara a la Compañía Ciramar Internacional investido con el derecho de propiedad de esta porción de terreno”.
Ciramar Internacional es la empresa envuelta en el escándalo que se destapó una semana atrás, cuando se descubrió que las autoridades del Ayuntamiento de Baní le entregaron en arrendamiento más de 55 mil metros cuadrados para ampliar sus instalaciones (astilleros navales), en el mismo corazón de las dunas de las calderas.
RESPUESTAEl presidente de la Sala Capitular del Ayuntamiento de Baní, Yoham Montes de Oca, aseguró ayer que asistirá mañana, junto al síndico municipal, a la cita que le hizo la Procuraduría de Medio Ambiente para responder por el arrendamiento de 56,993.87 metros cuadrados de unos terrenos ubicados en la Reserva Científica Félix Servio Doucoudray.
Dijo que irá con “documentos contundentes” para demostrar la propiedad que tiene el ayuntamiento banilejo sobre esos terrenos, pero aclaró que si Medio Ambiente le demuestra que eso es área protegida darían marcha atrás al contrato de arrendamiento que han otorgado a Ciramar.
Expresó que tiene en su poder el contrato de venta de 35 mil metros cuadrados de tierra en la parcela 977, que el Poder Ejecutivo autorizó mediante decreto número 450-06, de fecha 3 de octubre, vender al Ayuntamiento de Baní, “cuando ellos expliquen por qué se autorizó esta venta, entonces vamos a hablar del otro caso de los 56,993,87 metros cuadros que nosotros arrendamos”, dijo.
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El presidente de la Sala Capitular del cabildo de Baní, Yoham Montes de Oca, aseguró ayer que asistirá mañana a la cita de la Procuraduría de Medio Ambiente y defendió la medida adoptada en el caso
BANÍ.- Un nuevo escándalo involucra al ayuntamiento de este municipio al descubrirse otro contrato de venta por RD$10 millones de 35,745 metros cuadrados de terreno en el área protegida de las dunas.
La venta se habría hecho a la empresa Ciramar Internacional, la misma que recientemente le arrendó al cabildo por 10 años un terreno de 56,993.87 metros con opción a compra.
Este nuevo contrato de venta, según los documentos legales obtenidos por LISTIN DIARIO de una fuente cercana al Consejo de Regidores del cabildobanilejo, está fechado el 22 de noviembre del 2006, bajo la firma “Herrera Melo”, abogado notario público de los del número del municipio de Baní.
El hasta ahora desconocido contrato de venta en un patrimonio de los banilejos y del país, se ejecuta a pesar de que esta reserva científica está amparada por la Ley 64-00 de Medio Ambiente y por la Ley Sectorial de Áreas Protegidas 202-04 del 30 de julio de 2004.
En la escritura de la transacción reza lo siguiente: “El Ayuntamiento municipal de Baní, legalmente representado por el señor Nelson Camilo Landestoy, quien actúa en calidad de síndico municipal del municipio de Baní por disposición constitucional y legal, y en ejecución de disposiciones emanadas de organismos e instituciones componentes, autorizado mediante decreto Nº450-06, de fecha 3 de octubre del 2006, por el presidente de la República Dominicana, Doctor Leonel Fernández Reyna, vende en la suma de RD$10,723.500.00 (diez millones setecientos veintitrés mil quinientos pesos), a favor de la compañía Ciramar Internacional Trading co. LTD., una porción de terreno dentro de la parcela Nº977, del Distrito Catastral Nº5 del municipio de Baní, el cual tiene una extensión superficial de treinticinco mil setecientos cuarenticinco (35,745), metros cuadrados, dentro de los linderos generales de la parcela 977”.
El documentoEl indicado documento expresa más adelantes que “en consecuencia se declara a la Compañía Ciramar Internacional investido con el derecho de propiedad de esta porción de terreno”.
Ciramar Internacional es la empresa envuelta en el escándalo que se destapó una semana atrás, cuando se descubrió que las autoridades del Ayuntamiento de Baní le entregaron en arrendamiento más de 55 mil metros cuadrados para ampliar sus instalaciones (astilleros navales), en el mismo corazón de las dunas de las calderas.
RESPUESTAEl presidente de la Sala Capitular del Ayuntamiento de Baní, Yoham Montes de Oca, aseguró ayer que asistirá mañana, junto al síndico municipal, a la cita que le hizo la Procuraduría de Medio Ambiente para responder por el arrendamiento de 56,993.87 metros cuadrados de unos terrenos ubicados en la Reserva Científica Félix Servio Doucoudray.
Dijo que irá con “documentos contundentes” para demostrar la propiedad que tiene el ayuntamiento banilejo sobre esos terrenos, pero aclaró que si Medio Ambiente le demuestra que eso es área protegida darían marcha atrás al contrato de arrendamiento que han otorgado a Ciramar.
Expresó que tiene en su poder el contrato de venta de 35 mil metros cuadrados de tierra en la parcela 977, que el Poder Ejecutivo autorizó mediante decreto número 450-06, de fecha 3 de octubre, vender al Ayuntamiento de Baní, “cuando ellos expliquen por qué se autorizó esta venta, entonces vamos a hablar del otro caso de los 56,993,87 metros cuadros que nosotros arrendamos”, dijo.
domingo, septiembre 30, 2007
Dominicana: Millares desfilan contra la corrupción
Servicios Google/El Nacional, Vespertino DominicanoPOR TEOFILO BONILLA
Pidiendo castigo para los corruptos, miles de personas participaron ayer en la "caminata contra la corrupción y la impunidad" que organizaron trece organizaciones de la sociedad civil, barriales y populares.
Inició a las 4:00 de la tarde con un acto lírico en la Casa de España y concluyó a las 5:45 con una ofrenda floral en el Altar de la Patria.
Se lanzaron consignas como "Najayo es un resort, mejor para la Victoria", "Los Corruptos para la Victoria", "sin chantaje ni intimidación, estamos en la calle contra la corrupción", y otras.
Frente al Instituto Duartiano, en la calle Isabel La Católica, se leyó un Manifiesto al Pueblo Dominicano para que se una en la lucha contra la corrupción.
La marcha la encabezaron Porfirio Rodríguez y Javier Cabreja, coordinador general y director ejecutivo de Participación Ciudadana; Servio Tulio Castaños, vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), arquitecto Rafael Madera, coordinador de Dominicanos contra la Impunidad, y otros.
Asistieron la ex vicepresidenta de la República, doctora Milagros Ortiz Bosch, el diputado reformista Ramón Rogelio Genao, el dirigente de choferes Juan Hubieres y otros.
En el Manifiesto se expresó la preocupación porque al sistema de justicia dominicano han ingresado 250 expedientes de casos de corrupción en los últimos 25 años, de los cuales sólo ocho han concluido en sentencia definitiva y apenas tres personas han sido condenadas por los tribunales.
Refirieron que la crisis económica acontecida en 2003 por la quiebra bancaria por fraude, sacudió social, política, económica e institucionalmente la sociedad dominicana y arrojó a un millón y medio de personas a la pobreza, lo que afectó la gobernabilidad y la seguridad jurídica del país.
La multitud caminó por las calles Vicente Celestino Duarte, Isabel La Católica, Restauración, Arzobispo Meriño, El Conde Peatonal y concluyó en la Puerta del Conde.
La caminata fue organizada por Participación Ciudadana, Finjus, Dominicanos por la Integridad, Consejo de Organizaciones de la Región Oriental (Coro) y la Iglesia de Dios "Ministerio de Juventud" y “Dominicanos contra la Impunidad".
Además por la Asociación de Jóvenes Empresarios (Anje), Comité Zona Norte del Distrito Nacional, Concilio Evangélico de las Asambleas de Dios, Consejo Dominicano de Unidad Evangélica (Codue), Centro Juan XXIII, Red Dominicana anticorrupción, Coalición por la Transparencia y la Institucionalidad, entre otras.
Reiteraron el compromiso de continuar sin descanso, a la luz del pensamiento, la conducta y la obra de Juan Pablo Duarte, luchar hasta lograr la erradicación de la corrupción y la impunidad.
Se abogó por una nación donde la transparencia, la honestidad, la equidad y la libertad sea compartida por todos los habitantes y respectados por sus autoridades e instituciones.
miércoles, septiembre 26, 2007
(II) Como interpretar la corrupción-Dominicana # 99 (Informe TI)
Servicios Google
Fuente: Transparencia Internacional
Notas explicativas
*Rango de confiabilidad.
Proporciona un rango de valores posibles de la puntuación del IPC.
Esto refleja cómo la puntuación del país puede variar, según la precisión de la medición. Nominalmente, con un 5 por ciento de probabilidad, la puntuación se sitúa por encima de este rango, y, con otro 5 por ciento, por debajo. Sin embargo, especialmente cuando solo se dispone de unas cuantas fuentes, una estimación imparcial de la probabilidad de cobertura media es inferior al valor nominal del 90%.
Encuestas utilizadas.
Hace referencia al número de encuestas que intervinieron en la evaluación del país. Se aplicaron 12 encuestas y evaluaciones de expertos y se requería un mínimo de 3 para que un país pudiera incluirse en el IPC.
Puntuación del IPC.
Corresponde a las percepciones del grado de corrupción según la ven los empresarios y los analistas de cada país. Va de 10 (altamente transparente) a 0 (altamente corrupto).
2007 Índice de Percepción de la Corrupción Transparency International
Transparency Internacional encargó al profesor Dr. J. Graf Lambsdorff de la Universidad de Nassau elaborar la tabla del IPC.
Para mayores detalles sobre los datos y la metodología, remítase a las Preguntas
Frecuentes y a la metodología del IPC:
www.transparency.org/surveys/#cpi.or
www.icgg.org
Rango del país País/Territorio
Puntuación del IPC 2007
Rango de confiabilidad*
Encuestas utilizadas**
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1 Nueva Zelanda 9.4 9.2 - 9.6 6
1 Dinamarca 9.4 9.2 - 9.6 6
1 Finlandia 9.4 9.2 - 9.6 6
4 Singapur 9.3 9.0 - 9.5 9
4 Suecia 9.3 9.1 - 9.4 6
6 Islandia 9.2 8.3 - 9.6 6
7 Holanda 9.0 8.8 - 9.2 6
7 Suiza 9.0 8.8 - 9.2 6
9 Noruega 8.7 8.0 - 9.2 6
9 Canadá 8.7 8.3 - 9.1 6
11 Australia 8.6 8.1 - 9.0 8
12 Luxemburgo 8.4 7.7 - 8.7 5
12 Reino Unido 8.4 7.9 - 8.9 6
14 Hong Kong 8.3 7.6 - 8.8 8
15 Austria 8.1 7.5 - 8.7 6
16 Alemania 7.8 7.3 - 8.4 6
17 Japón 7.5 7.1 - 8.0 8
17 Irlanda 7.5 7.3 - 7.7 6
19 Francia 7.3 6.9 - 7.8 6
20 Estados Unidos 7.2 6.5 - 7.6 8
21 Bélgica 7.1 7.1 - 7.1 6
22 Chile 7.0 6.5 - 7.4 7
23 Barbados 6.9 6.6 - 7.1 4
24 Santa Lucía 6.8 6.1 - 7.1 3
25 Uruguay 6.7 6.4 - 7.0 5
25 España 6.7 6.2 - 7.0 6
27 Eslovenia 6.6 6.1 - 6.9 8
28 Estonia 6.5 6.0 - 7.0 8
28 Portugal 6.5 5.8 - 7.2 6
30 Israel 6.1 5.6 - 6.7 6
30 San Vicente y Las
31 Granadinas 6.1 4.0 - 7.1 3
32 Qatar 6.0 5.4 - 6.4 4
33 Malta 5.8 5.3 - 6.2 4
34 Macao 5.7 4.7 - 6.4 4
34 Taiwán 5.7 5.4 - 6.1 9
35 Emiratos Árabes Unidos 5.7 4.8 - 6.5 5
37 Dominica 5.6 4.0 - 6.1 3
38 Botsuana 5.4 4.8 - 6.1 7
39 Hungary 5.3 4.9 - 5.5 8
39 Chipre 5.3 5.1 - 5.5 3
41 República Checa 5.2 4.9 - 5.8 8
41 Italia 5.2 4.7 - 5.7 6
43 Malasia 5.1 4.5 - 5.7 9
43 Corea del Sur 5.1 4.7 - 5.5 9
43 Sudáfrica 5.1 4.9 - 5.5 9
46 Costa Rica 5.0 4.7 - 5.3 5
46 Bután 5.0 4.1 - 5.7 5
46 Bahréin 5.0 4.2 - 5.7 5
49 Eslovaquia 4.9 4.5 - 5.2 8
49 Cabo Verde 4.9 3.4 - 5.5 3
51 Letonia 4.8 4.4 - 5.1 6
51 Lituania 4.8 4.4 - 5.3 7
53 Omán 4.7 3.9 - 5.3 4
53 Jordania 4.7 3.8 - 5.6 7
53 Mauricio 4.7 4.1 - 5.7 6
56 Grecia 4.6 4.3 - 5.0 6
57 Namibia 4.5 3.9 - 5.2 7
57 Seychelles 4.5 2.9 - 5.7 4
57 Samoa 4.5 3.4 - 5.5 3
60 Kuwait 4.3 3.3 - 5.1 5
61 Cuba 4.2 3.5 - 4.7 4
61 Polonia 4.2 3.6 - 4.9 8
61 Túnez 4.2 3.4 - 4.8 6
64 Bulgaria 4.1 3.6 - 4.8 8
64 Croacia 4.1 3.6 - 4.5 8
64 Turquía 4.1 3.8 - 4.5 7
67 El Salvador 4.0 3.2 - 4.6 5
68 Colombia 3.8 3.4 - 4.3 7
69 Ghana 3.7 3.5 - 3.9 7
69 Rumanía 3.7 3.4 - 4.1 8
71 Senegal 3.6 3.2 - 4.2 7
72 Marruecos 3.5 3.0 - 4.2 7
72 China 3.5 3.0 - 4.2 9
72 Surinam 3.5 3.0 - 3.9 4
72 India 3.5 3.3 - 3.7 10
72 México 3.5 3.3 - 3.8 7
72 Perú 3.5 3.4 - 3.7 5
72 Brasil 3.5 3.2 - 4.0 7
79 Serbia 3.4 3.0 - 4.0 6
79 Georgia 3.4 2.9 - 4.3 6
79 Grenada 3.4 2.0 - 4.1 3
79 Trinidad y Tobago 3.4 2.7 - 3.9 4
79 Arabia Saudita 3.4 2.7 - 3.9 4
84 Bosnia y Herzegovina 3.3 2.9 - 3.7 7
84 Montenegro 3.3 2.4 - 4.0 4
84 Maldivas 3.3 2.3 - 4.3 4
84 Jamaica 3.3 3.1 - 3.4 5
84 Kiribati 3.3 2.4 - 3.9 3
84 Gabón 3.3 3.0 - 3.5 5
84 Suazilandia 3.3 2.6 - 4.2 5
84 Tailandia 3.3 2.9 - 3.7 9
84 Lesotho 3.3 3.1 - 3.5 6
84 FYR Macedonia 3.3 2.9 - 3.8 6
94 Madagascar 3.2 2.5 - 3.9 7
94 Sri Lanka 3.2 2.9 - 3.5 7
94 Panamá 3.2 2.8 - 3.4 5
94 Tanzania 3.2 2.9 - 3.4 8
98 Vanuatu 3.1 2.4 - 3.7 3
99 República Dominicana 3.0 2.8 - 3.3 5
99 Armenia 3.0 2.8 - 3.2 7
99 Líbano 3.0 2.2 - 3.6 4
99 Mongolia 3.0 2.6 - 3.3 6
99 Algeria 3.0 2.7 - 3.2 6
99 Belice 3.0 2.0 - 3.7 3
105 Argentina 2.9 2.6 - 3.2 7
105 Yibuti 2.9 2.2 - 3.4 3
105 Albania 2.9 2.6 - 3.1 6
105 Burkina Faso 2.9 2.6 - 3.4 7
105 Bolivia 2.9 2.7 - 3.2 6
105 Egipto 2.9 2.6 - 3.3 7
111 Moldavia 2.8 2.5 - 3.3 7
111 Eritrea 2.8 2.1 - 3.5 5
111 Guatemala 2.8 2.4 - 3.2 5
111 Ruanda 2.8 2.3 - 3.3 5
111 Islas Salomón 2.8 2.4 - 3.1 3
111 Mozambique 2.8 2.5 - 3.1 8
111 Uganda 2.8 2.5 - 3.0 8
118 Mali 2.7 2.4 - 3.0 8
118 Malawi 2.7 2.4 - 3.0 8
118 Santo Tomé y Príncipe 2.7 2.4 - 3.0 3
118 Ucrania 2.7 2.4 - 3.0 7
118 Benin 2.7 2.3 - 3.2 7
123 Guyana 2.6 2.3 - 2.7 4
123 Zambia 2.6 2.3 - 2.9 8
123 Comoras 2.6 2.2 - 3.0 3
123 Nicaragua 2.6 2.3 - 2.7 6
123 Vietnam 2.6 2.4 - 2.9 9
123 Mauritania 2.6 2.0 - 3.3 6
123 Níger 2.6 2.3 - 2.9 7
123 Timor Oriental 2.6 2.5 - 2.6 3
131 Nepal 2.5 2.3 - 2.7 7
131 Yemen 2.5 2.1 - 3.0 5
131 Filipinas 2.5 2.3 - 2.7 9
131 Burundi 2.5 2.0 - 3.0 7
131 Libia 2.5 2.1 - 2.6 4
131 Irán 2.5 2.0 - 3.0 4
131 Honduras 2.5 2.3 - 2.6 6
138 Pakistán 2.4 2.0 - 2.8 7
138 Etiopía 2.4 2.1 - 2.7 8
138 Paraguay 2.4 2.1 - 2.6 5
138 Camerún 2.4 2.1 - 2.7 8
138 Syria 2.4 1.7 - 2.9 4
143 Gambia 2.3 2.0 - 2.6 6
143 Indonesia 2.3 2.1 - 2.4 11
143 Togo 2.3 1.9 - 2.8 5
143 Rusia 2.3 2.1 - 2.6 8
147 Angola 2.2 1.8 - 2.4 7
147 Nigeria 2.2 2.0 - 2.4 8
147 Guinea-Bissau 2.2 2.0 - 2.3 3
150 Sierra Leona 2.1 2.0 - 2.2 5
150 Kazajstán 2.1 1.7 - 2.5 6
150 Bielorrusia 2.1 1.7 - 2.6 5
150 Zimbabue 2.1 1.8 - 2.4 8
150 Costa de Marfil 2.1 1.7 - 2.6 6
150 Tajikistan 2.1 1.9 - 2.3 8
150 Liberia 2.1 1.8 - 2.4 4
150 República del Congo 2.1 2.0 - 2.2 6
150 Ecuador 2.1 2.0 - 2.3 5
150 Azerbaiján 2.1 1.9 - 2.3 8
150 Kenia 2.1 1.9 - 2.3 8
150 Kirguistán 2.1 2.0 - 2.2 7
162 Bangladesh 2.0 1.8 - 2.3 7
162 Papua Nueva Guinea 2.0 1.7 - 2.3 6
162 Turkmenistán 2.0 1.8 - 2.3 5
162 República Centroafricana 2.0 1.8 - 2.3 5
162 Camboya 2.0 1.8 - 2.1 7
162 Venezuela 2.0 1.9 - 2.1 7
168 Laos 1.9 1.7 - 2.2 6
168 Guinea Ecuatorial 1.9 1.7 - 2.0 4
168 Guinea 1.9 1.4 - 2.6 6
168 República Democrática del Congo 1.9 1.8 - 2.1 6
172 Afganistán 1.8 1.4 - 2.0 4
172 Sudán 1.8 1.6 - 1.9 6
172 Chad 1.8 1.7 - 1.9 7
175 Uzbekistán 1.7 1.6 - 1.9 7
175 Tonga 1.7 1.5 - 1.8 3
177 Haiti 1.6 1.3 - 1.8 4
178 Irak 1.5 1.3 - 1.7 4
179 Somalia 1.4 1.1 - 1.7 4
179 Myanmar 1.4 1.1 - 1.7 4
Fuente: Transparencia Internacional
Notas explicativas
*Rango de confiabilidad.
Proporciona un rango de valores posibles de la puntuación del IPC.
Esto refleja cómo la puntuación del país puede variar, según la precisión de la medición. Nominalmente, con un 5 por ciento de probabilidad, la puntuación se sitúa por encima de este rango, y, con otro 5 por ciento, por debajo. Sin embargo, especialmente cuando solo se dispone de unas cuantas fuentes, una estimación imparcial de la probabilidad de cobertura media es inferior al valor nominal del 90%.
Encuestas utilizadas.
Hace referencia al número de encuestas que intervinieron en la evaluación del país. Se aplicaron 12 encuestas y evaluaciones de expertos y se requería un mínimo de 3 para que un país pudiera incluirse en el IPC.
Puntuación del IPC.
Corresponde a las percepciones del grado de corrupción según la ven los empresarios y los analistas de cada país. Va de 10 (altamente transparente) a 0 (altamente corrupto).
2007 Índice de Percepción de la Corrupción Transparency International
Transparency Internacional encargó al profesor Dr. J. Graf Lambsdorff de la Universidad de Nassau elaborar la tabla del IPC.
Para mayores detalles sobre los datos y la metodología, remítase a las Preguntas
Frecuentes y a la metodología del IPC:
www.transparency.org/surveys/#cpi.or
www.icgg.org
Rango del país País/Territorio
Puntuación del IPC 2007
Rango de confiabilidad*
Encuestas utilizadas**
.
1 Nueva Zelanda 9.4 9.2 - 9.6 6
1 Dinamarca 9.4 9.2 - 9.6 6
1 Finlandia 9.4 9.2 - 9.6 6
4 Singapur 9.3 9.0 - 9.5 9
4 Suecia 9.3 9.1 - 9.4 6
6 Islandia 9.2 8.3 - 9.6 6
7 Holanda 9.0 8.8 - 9.2 6
7 Suiza 9.0 8.8 - 9.2 6
9 Noruega 8.7 8.0 - 9.2 6
9 Canadá 8.7 8.3 - 9.1 6
11 Australia 8.6 8.1 - 9.0 8
12 Luxemburgo 8.4 7.7 - 8.7 5
12 Reino Unido 8.4 7.9 - 8.9 6
14 Hong Kong 8.3 7.6 - 8.8 8
15 Austria 8.1 7.5 - 8.7 6
16 Alemania 7.8 7.3 - 8.4 6
17 Japón 7.5 7.1 - 8.0 8
17 Irlanda 7.5 7.3 - 7.7 6
19 Francia 7.3 6.9 - 7.8 6
20 Estados Unidos 7.2 6.5 - 7.6 8
21 Bélgica 7.1 7.1 - 7.1 6
22 Chile 7.0 6.5 - 7.4 7
23 Barbados 6.9 6.6 - 7.1 4
24 Santa Lucía 6.8 6.1 - 7.1 3
25 Uruguay 6.7 6.4 - 7.0 5
25 España 6.7 6.2 - 7.0 6
27 Eslovenia 6.6 6.1 - 6.9 8
28 Estonia 6.5 6.0 - 7.0 8
28 Portugal 6.5 5.8 - 7.2 6
30 Israel 6.1 5.6 - 6.7 6
30 San Vicente y Las
31 Granadinas 6.1 4.0 - 7.1 3
32 Qatar 6.0 5.4 - 6.4 4
33 Malta 5.8 5.3 - 6.2 4
34 Macao 5.7 4.7 - 6.4 4
34 Taiwán 5.7 5.4 - 6.1 9
35 Emiratos Árabes Unidos 5.7 4.8 - 6.5 5
37 Dominica 5.6 4.0 - 6.1 3
38 Botsuana 5.4 4.8 - 6.1 7
39 Hungary 5.3 4.9 - 5.5 8
39 Chipre 5.3 5.1 - 5.5 3
41 República Checa 5.2 4.9 - 5.8 8
41 Italia 5.2 4.7 - 5.7 6
43 Malasia 5.1 4.5 - 5.7 9
43 Corea del Sur 5.1 4.7 - 5.5 9
43 Sudáfrica 5.1 4.9 - 5.5 9
46 Costa Rica 5.0 4.7 - 5.3 5
46 Bután 5.0 4.1 - 5.7 5
46 Bahréin 5.0 4.2 - 5.7 5
49 Eslovaquia 4.9 4.5 - 5.2 8
49 Cabo Verde 4.9 3.4 - 5.5 3
51 Letonia 4.8 4.4 - 5.1 6
51 Lituania 4.8 4.4 - 5.3 7
53 Omán 4.7 3.9 - 5.3 4
53 Jordania 4.7 3.8 - 5.6 7
53 Mauricio 4.7 4.1 - 5.7 6
56 Grecia 4.6 4.3 - 5.0 6
57 Namibia 4.5 3.9 - 5.2 7
57 Seychelles 4.5 2.9 - 5.7 4
57 Samoa 4.5 3.4 - 5.5 3
60 Kuwait 4.3 3.3 - 5.1 5
61 Cuba 4.2 3.5 - 4.7 4
61 Polonia 4.2 3.6 - 4.9 8
61 Túnez 4.2 3.4 - 4.8 6
64 Bulgaria 4.1 3.6 - 4.8 8
64 Croacia 4.1 3.6 - 4.5 8
64 Turquía 4.1 3.8 - 4.5 7
67 El Salvador 4.0 3.2 - 4.6 5
68 Colombia 3.8 3.4 - 4.3 7
69 Ghana 3.7 3.5 - 3.9 7
69 Rumanía 3.7 3.4 - 4.1 8
71 Senegal 3.6 3.2 - 4.2 7
72 Marruecos 3.5 3.0 - 4.2 7
72 China 3.5 3.0 - 4.2 9
72 Surinam 3.5 3.0 - 3.9 4
72 India 3.5 3.3 - 3.7 10
72 México 3.5 3.3 - 3.8 7
72 Perú 3.5 3.4 - 3.7 5
72 Brasil 3.5 3.2 - 4.0 7
79 Serbia 3.4 3.0 - 4.0 6
79 Georgia 3.4 2.9 - 4.3 6
79 Grenada 3.4 2.0 - 4.1 3
79 Trinidad y Tobago 3.4 2.7 - 3.9 4
79 Arabia Saudita 3.4 2.7 - 3.9 4
84 Bosnia y Herzegovina 3.3 2.9 - 3.7 7
84 Montenegro 3.3 2.4 - 4.0 4
84 Maldivas 3.3 2.3 - 4.3 4
84 Jamaica 3.3 3.1 - 3.4 5
84 Kiribati 3.3 2.4 - 3.9 3
84 Gabón 3.3 3.0 - 3.5 5
84 Suazilandia 3.3 2.6 - 4.2 5
84 Tailandia 3.3 2.9 - 3.7 9
84 Lesotho 3.3 3.1 - 3.5 6
84 FYR Macedonia 3.3 2.9 - 3.8 6
94 Madagascar 3.2 2.5 - 3.9 7
94 Sri Lanka 3.2 2.9 - 3.5 7
94 Panamá 3.2 2.8 - 3.4 5
94 Tanzania 3.2 2.9 - 3.4 8
98 Vanuatu 3.1 2.4 - 3.7 3
99 República Dominicana 3.0 2.8 - 3.3 5
99 Armenia 3.0 2.8 - 3.2 7
99 Líbano 3.0 2.2 - 3.6 4
99 Mongolia 3.0 2.6 - 3.3 6
99 Algeria 3.0 2.7 - 3.2 6
99 Belice 3.0 2.0 - 3.7 3
105 Argentina 2.9 2.6 - 3.2 7
105 Yibuti 2.9 2.2 - 3.4 3
105 Albania 2.9 2.6 - 3.1 6
105 Burkina Faso 2.9 2.6 - 3.4 7
105 Bolivia 2.9 2.7 - 3.2 6
105 Egipto 2.9 2.6 - 3.3 7
111 Moldavia 2.8 2.5 - 3.3 7
111 Eritrea 2.8 2.1 - 3.5 5
111 Guatemala 2.8 2.4 - 3.2 5
111 Ruanda 2.8 2.3 - 3.3 5
111 Islas Salomón 2.8 2.4 - 3.1 3
111 Mozambique 2.8 2.5 - 3.1 8
111 Uganda 2.8 2.5 - 3.0 8
118 Mali 2.7 2.4 - 3.0 8
118 Malawi 2.7 2.4 - 3.0 8
118 Santo Tomé y Príncipe 2.7 2.4 - 3.0 3
118 Ucrania 2.7 2.4 - 3.0 7
118 Benin 2.7 2.3 - 3.2 7
123 Guyana 2.6 2.3 - 2.7 4
123 Zambia 2.6 2.3 - 2.9 8
123 Comoras 2.6 2.2 - 3.0 3
123 Nicaragua 2.6 2.3 - 2.7 6
123 Vietnam 2.6 2.4 - 2.9 9
123 Mauritania 2.6 2.0 - 3.3 6
123 Níger 2.6 2.3 - 2.9 7
123 Timor Oriental 2.6 2.5 - 2.6 3
131 Nepal 2.5 2.3 - 2.7 7
131 Yemen 2.5 2.1 - 3.0 5
131 Filipinas 2.5 2.3 - 2.7 9
131 Burundi 2.5 2.0 - 3.0 7
131 Libia 2.5 2.1 - 2.6 4
131 Irán 2.5 2.0 - 3.0 4
131 Honduras 2.5 2.3 - 2.6 6
138 Pakistán 2.4 2.0 - 2.8 7
138 Etiopía 2.4 2.1 - 2.7 8
138 Paraguay 2.4 2.1 - 2.6 5
138 Camerún 2.4 2.1 - 2.7 8
138 Syria 2.4 1.7 - 2.9 4
143 Gambia 2.3 2.0 - 2.6 6
143 Indonesia 2.3 2.1 - 2.4 11
143 Togo 2.3 1.9 - 2.8 5
143 Rusia 2.3 2.1 - 2.6 8
147 Angola 2.2 1.8 - 2.4 7
147 Nigeria 2.2 2.0 - 2.4 8
147 Guinea-Bissau 2.2 2.0 - 2.3 3
150 Sierra Leona 2.1 2.0 - 2.2 5
150 Kazajstán 2.1 1.7 - 2.5 6
150 Bielorrusia 2.1 1.7 - 2.6 5
150 Zimbabue 2.1 1.8 - 2.4 8
150 Costa de Marfil 2.1 1.7 - 2.6 6
150 Tajikistan 2.1 1.9 - 2.3 8
150 Liberia 2.1 1.8 - 2.4 4
150 República del Congo 2.1 2.0 - 2.2 6
150 Ecuador 2.1 2.0 - 2.3 5
150 Azerbaiján 2.1 1.9 - 2.3 8
150 Kenia 2.1 1.9 - 2.3 8
150 Kirguistán 2.1 2.0 - 2.2 7
162 Bangladesh 2.0 1.8 - 2.3 7
162 Papua Nueva Guinea 2.0 1.7 - 2.3 6
162 Turkmenistán 2.0 1.8 - 2.3 5
162 República Centroafricana 2.0 1.8 - 2.3 5
162 Camboya 2.0 1.8 - 2.1 7
162 Venezuela 2.0 1.9 - 2.1 7
168 Laos 1.9 1.7 - 2.2 6
168 Guinea Ecuatorial 1.9 1.7 - 2.0 4
168 Guinea 1.9 1.4 - 2.6 6
168 República Democrática del Congo 1.9 1.8 - 2.1 6
172 Afganistán 1.8 1.4 - 2.0 4
172 Sudán 1.8 1.6 - 1.9 6
172 Chad 1.8 1.7 - 1.9 7
175 Uzbekistán 1.7 1.6 - 1.9 7
175 Tonga 1.7 1.5 - 1.8 3
177 Haiti 1.6 1.3 - 1.8 4
178 Irak 1.5 1.3 - 1.7 4
179 Somalia 1.4 1.1 - 1.7 4
179 Myanmar 1.4 1.1 - 1.7 4
(I) La corrupción arraiga países bajos ingresos, requiere de acción global
PARA SU PUBLICACIÓN INMEDIATA
La corrupción arraigada en países de bajos ingresos requiere de acción global Se necesitan esfuerzos concertados en países ricos y pobres para detener el flujo del dinero ilícito y hacer justicia para los más pobres
Londres/Berlín, 26 de septiembre de 2007 – El desfase en los niveles de percepción de la corrupción en países ricos y pobres se muestra más amplio que nunca, según el Índice de Percepción de la Corrupción
2007 (IPC), publicado hoy por Transparency International, la coalición global contra la corrupción.
Los países desarrollados y en desarrollo deben tener responsabilidad compartida para reducir los niveles de corrupción, abordando tanto el lado de la oferta como el de la demanda.
“Pese a algunos logros, la corrupción sigue implicando un enorme escape de recursos vitales para la educación, salud e infraestructura”, manifestó Huguette Labelle, Presidenta de Transparency International.
“Los países con bajos puntajes deben asumir estos resultados con seriedad y actuar desde ya para fortalecer la rendición de cuentas de las instituciones públicas. Pero la acción de los países con puntajes altos es igual de importante, en particular a la hora de hacer frente a las actividades corruptas en el sector privado.”
Los resultados de 2007
El Índice de Percepción de la Corrupción 2007 analiza las percepciones sobre la corrupción en el sector público en 180 países y territorios -el IPC con el mayor número de países cubiertos hasta la fecha. El IPC es un índice compuesto basado en 14 encuestas de opinión de expertos. El Índice clasifica a los países en una escala de cero a diez, donde el cero indica altos niveles de corrupción percibida y, el diez, niveles bajos.
Sigue patente una fuerte correlación entre corrupción y pobreza. El cuarenta por ciento de los países con puntaje inferior a 3, señal de que la corrupción es percibida como desenfrenada, son clasificados por el Banco Mundial como países de bajos ingresos. Somalia y Myanmar comparten el puntaje más bajo: 1,4; mientras que Dinamarca logró ascender a la puntuación más alta de 9,4, que comparte con Finlandia y Nueva Zelanda, tradicionalmente entre los primeros de la lista.
Varios países africanos han obtenido resultados significativamente mejores en el IPC 2007. Entre ellos se encuentran Namibia, Seychelles, Sudáfrica y Swazilandia. Estos reflejan el avance positivo que han registrado las iniciativas anticorrupción en el continente y demuestran que la voluntad política acompañada de reformas pueden reducir los niveles percibidos de corrupción.
Otros países con mejoras considerables son Costa Rica, Croacia, Cuba, República Checa, Dominica, Italia,
Macedonia, Rumania y Surinam. Entre los países cuyos niveles de percepción de la corrupción han empeorado drásticamente en 2007 están Austria, Bahrein, Belice, Bhután, Jordania, Laos, Macao, Malta,
Mauricio, Omán, Papua Nueva Guinea y Tailandia.
La concentración de buen desempeño en países de Europa Oriental y Sudoriental refleja el efecto positivo sobre la lucha anticorrupción del proceso de adhesión a la Unión Europea.
Al mismo tiempo, países en crisis tales como Afganistán, Irak, Myanmar, Somalia y Sudán ocupan los últimos rangos del índice. “La capacidad de gobernar se ve gravemente socavada en los países azotados por conflicto. Cuando las instituciones públicas no tienen capacidad de acción o éstas no existen, los mercenarios se apropian de los recursos públicos y prospera la corrupción,” afirmó Labelle.
El buen gobierno comienza en casa
Los países más pobres son los que más sufren bajo el yugo de la corrupción; y en última instancia es su responsabilidad encarar el problema. Los puntajes bajos en el IPC indican que las instituciones públicas están expuestas a graves peligros. El primer punto en la agenda es mejorar la transparencia en la gestión financiera, desde la recaudación de fondos hasta los gastos, así como fortalecer la vigilancia y poner fin a la impunidad de funcionarios corruptos.
Resulta esencial contar con un sistema judicial profesional e independiente a fin de eliminar la impunidad y hacer cumplir el estado de derecho imparcial, y promover la confianza de los ciudadanos, donantes e inversores. Si no se puede confiar en las cortes para que enjuicien a los funcionarios corruptos o para que ayuden en el rastreo y devolución de la riqueza ilícita, no será posible avanzar en la lucha contra la corrupción.
“Otra estrategia esencial para los países en desarrollo que buscan fortalecer la rendición de cuentas del gobierno, es aliarse con la sociedad civil y los ciudadanos. Las organizaciones de la sociedad civil desempeñan un papel crucial como vigilantes, pueden ayudar a estimular la demanda de reformas y también aportar su conocimiento en temas técnicos”, dijo Cobus de Swardt, Director Ejecutivo de Transparency International. “Pero existen gobiernos que progresivamente están limitando la capacidad de actuar de la sociedad civil”. Además, muchos países no pueden enfrentar la carga de la reforma individualmente. En países donde las instituciones se han basado históricamente en el clientelismo y nepotismo en lugar del mérito, la reforma toma tiempo y puede exigir una inversión sustancial de recursos, así como de asistencia técnica. Los países con mejores puntajes en el IPC, como donantes significativos de asistencia al desarrollo, tienen un papel especial en la promoción de sistemas de rendición de cuentas e integridad institucional eficaces en los países con las tasas más altas de corrupción. La asistencia técnica es un requerimiento clave de la histórica Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (UNCAC).
La corrupción es un problema de origen global
Los puntajes más altos de los países y territorios acaudalados, en su mayoría de Europa, Asia Oriental y Norteamérica, son un reflejo de la relativa transparencia de sus sectores públicos, habilitados por la estabilidad política, buenas regulaciones de los conflictos de intereses y la libertad de información, así como una sociedad civil libre para fiscalizar.
Sin embargo, la corrupción de funcionarios públicos de alto rango en países de escasos ingresos implica a los mejor posicionados en el IPC. Los sobornos suelen provenir de las multinacionales, las cuales tiene su sede, en los países más ricos del mundo. Es inaceptable que estas empresas usen el soborno en el extranjero como una estrategia empresarial legítima.
Asimismo, los centros financieros mundiales son clave para los funcionarios corruptos a la hora de movilizar, encubrir e invertir su riqueza robada. Los paraísos fiscales, por ejemplo, jugaron un papel crucial en el saqueo de millones en fondos de países en desarrollo como Nigeria y Filipinas, facilitando las fechorías de líderes corruptos y empobreciendo a los ciudadanos bajo el mando de dichos líderes. Akere Muna, Vicepresidente de Transparency International, señaló que es el momento indicado para que las naciones desarrolladas emprendan acciones en el área de la recuperación de activos, y puntualizó: “La crítica de los países ricos con respecto a la corrupción en los países pobres ostenta poca credibilidad cuando sus instituciones financieras atesoran riqueza robada de los pueblos más pobres del mundo”.
En muchos casos el rastreo y recuperación de fondos se ven dificultados por el blanqueo de dinero, el cual es gestionado por bancos transnacionales ubicados en jurisdicciones donde el secreto bancario todavía es norma. Según establece la UNCAC, debe asignarse prioridad al mejoramiento de la cooperación internacional y la asistencia legal mutua, la agilización de las medidas para recuperar activos, así como el desarrollo de capacidad legal y técnica en naciones que peticionan el retorno de activos robados.
Para muchos países, la repatriación de fondos entrañará litigios prolongados y extensos. “Además de garantizar el financiamiento legal adecuado, se debe priorizar la simplificación de los procedimientos de recuperación de activos y las disposiciones para instituciones externas a fines de que éstas actúen como agentes en custodia durante el litigio,” señaló Muna.
Actuar ahora: medidas urgentes
Por ser un problema de escala y origen global, la lucha contra la corrupción exige de acción en un frente amplio.
Los países en desarrollo deben usar los fondos humanitarios para fortalecer las instituciones de gobierno -basados en evaluaciones nacionales y estrategias de desarrollo-, e incorporar la integridad y la prevención de la corrupción como parte sistémica de los programas de reducción de la pobreza.
La independencia, rendición de cuentas e integridad judicial deben mejorar a fin de aumentar la credibilidad de los sistemas judiciales en los países más pobres. No solamente se debe liberar a los procedimientos judiciales de la influencia política, sino que los jueces deben ser sometidos a medidas disciplinarias, inmunidad limitada y un código de conducta judicial con miras a garantizar que se haga justicia. Se requiere una judicatura transparente y competente a fin de que los países en desarrollo puedan manejar las peticiones de asistencia en la recuperación de activos robados.
Los gobiernos deben adoptar medidas contra el blanqueo de dinero a efectos de erradicar los refugios de activos robados, según contempla la UNCAC. Los principales centros bancarios deben explorar el desarrollo de procedimientos expeditos y uniformes para la identificación, congelamiento y repatriación del fruto de la corrupción. Resulta esencial establecer disposiciones claras sobre la custodia de bienes para casos de fondos en disputa.
Los países ricos deben regular sus centros financieros de manera más rigurosa. Concentrarse en el papel de los fideicomisos, exigir saber quiénes son los beneficiaros de dichos bienes y fortalecer las disposiciones contra el lavado de dinero son sólo unas cuantas formas en que los gobiernos ricos pueden aplacar a los facilitadores de la corrupción.
Los gobiernos más ricos del mundo deben ser estrictos al aplicar la Convención antisoborno de la OCDE, que penaliza el soborno a funcionarios en el extranjero. La falta de adherencia a las disposiciones de la convención continúa obstaculizando las investigaciones y enjuiciamientos. Las juntas directivas de empresas multinacionales no sólo deben introducir, sino también implementar códigos antisoborno eficaces, y garantizar que las subsidiarias y oficinas extranjeras los cumplan.
Transparency International es la organización de la sociedad civil que lidera la lucha contra la corrupción en el mundo.
Nota al editor:
El IPC es realizado para Transparency International por el Prof. Johann Graf Lambsdorff de la Universidad de Passau en Alemania.
El Informe Global de la Corrupción 2007 de Transparency International, centrado en la corrupción dentro del sistema judicial, fue publicado en mayo 2007 y está disponible en www.transparency.org/publications/gcr.
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La corrupción arraigada en países de bajos ingresos requiere de acción global Se necesitan esfuerzos concertados en países ricos y pobres para detener el flujo del dinero ilícito y hacer justicia para los más pobres
Londres/Berlín, 26 de septiembre de 2007 – El desfase en los niveles de percepción de la corrupción en países ricos y pobres se muestra más amplio que nunca, según el Índice de Percepción de la Corrupción
2007 (IPC), publicado hoy por Transparency International, la coalición global contra la corrupción.
Los países desarrollados y en desarrollo deben tener responsabilidad compartida para reducir los niveles de corrupción, abordando tanto el lado de la oferta como el de la demanda.
“Pese a algunos logros, la corrupción sigue implicando un enorme escape de recursos vitales para la educación, salud e infraestructura”, manifestó Huguette Labelle, Presidenta de Transparency International.
“Los países con bajos puntajes deben asumir estos resultados con seriedad y actuar desde ya para fortalecer la rendición de cuentas de las instituciones públicas. Pero la acción de los países con puntajes altos es igual de importante, en particular a la hora de hacer frente a las actividades corruptas en el sector privado.”
Los resultados de 2007
El Índice de Percepción de la Corrupción 2007 analiza las percepciones sobre la corrupción en el sector público en 180 países y territorios -el IPC con el mayor número de países cubiertos hasta la fecha. El IPC es un índice compuesto basado en 14 encuestas de opinión de expertos. El Índice clasifica a los países en una escala de cero a diez, donde el cero indica altos niveles de corrupción percibida y, el diez, niveles bajos.
Sigue patente una fuerte correlación entre corrupción y pobreza. El cuarenta por ciento de los países con puntaje inferior a 3, señal de que la corrupción es percibida como desenfrenada, son clasificados por el Banco Mundial como países de bajos ingresos. Somalia y Myanmar comparten el puntaje más bajo: 1,4; mientras que Dinamarca logró ascender a la puntuación más alta de 9,4, que comparte con Finlandia y Nueva Zelanda, tradicionalmente entre los primeros de la lista.
Varios países africanos han obtenido resultados significativamente mejores en el IPC 2007. Entre ellos se encuentran Namibia, Seychelles, Sudáfrica y Swazilandia. Estos reflejan el avance positivo que han registrado las iniciativas anticorrupción en el continente y demuestran que la voluntad política acompañada de reformas pueden reducir los niveles percibidos de corrupción.
Otros países con mejoras considerables son Costa Rica, Croacia, Cuba, República Checa, Dominica, Italia,
Macedonia, Rumania y Surinam. Entre los países cuyos niveles de percepción de la corrupción han empeorado drásticamente en 2007 están Austria, Bahrein, Belice, Bhután, Jordania, Laos, Macao, Malta,
Mauricio, Omán, Papua Nueva Guinea y Tailandia.
La concentración de buen desempeño en países de Europa Oriental y Sudoriental refleja el efecto positivo sobre la lucha anticorrupción del proceso de adhesión a la Unión Europea.
Al mismo tiempo, países en crisis tales como Afganistán, Irak, Myanmar, Somalia y Sudán ocupan los últimos rangos del índice. “La capacidad de gobernar se ve gravemente socavada en los países azotados por conflicto. Cuando las instituciones públicas no tienen capacidad de acción o éstas no existen, los mercenarios se apropian de los recursos públicos y prospera la corrupción,” afirmó Labelle.
El buen gobierno comienza en casa
Los países más pobres son los que más sufren bajo el yugo de la corrupción; y en última instancia es su responsabilidad encarar el problema. Los puntajes bajos en el IPC indican que las instituciones públicas están expuestas a graves peligros. El primer punto en la agenda es mejorar la transparencia en la gestión financiera, desde la recaudación de fondos hasta los gastos, así como fortalecer la vigilancia y poner fin a la impunidad de funcionarios corruptos.
Resulta esencial contar con un sistema judicial profesional e independiente a fin de eliminar la impunidad y hacer cumplir el estado de derecho imparcial, y promover la confianza de los ciudadanos, donantes e inversores. Si no se puede confiar en las cortes para que enjuicien a los funcionarios corruptos o para que ayuden en el rastreo y devolución de la riqueza ilícita, no será posible avanzar en la lucha contra la corrupción.
“Otra estrategia esencial para los países en desarrollo que buscan fortalecer la rendición de cuentas del gobierno, es aliarse con la sociedad civil y los ciudadanos. Las organizaciones de la sociedad civil desempeñan un papel crucial como vigilantes, pueden ayudar a estimular la demanda de reformas y también aportar su conocimiento en temas técnicos”, dijo Cobus de Swardt, Director Ejecutivo de Transparency International. “Pero existen gobiernos que progresivamente están limitando la capacidad de actuar de la sociedad civil”. Además, muchos países no pueden enfrentar la carga de la reforma individualmente. En países donde las instituciones se han basado históricamente en el clientelismo y nepotismo en lugar del mérito, la reforma toma tiempo y puede exigir una inversión sustancial de recursos, así como de asistencia técnica. Los países con mejores puntajes en el IPC, como donantes significativos de asistencia al desarrollo, tienen un papel especial en la promoción de sistemas de rendición de cuentas e integridad institucional eficaces en los países con las tasas más altas de corrupción. La asistencia técnica es un requerimiento clave de la histórica Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (UNCAC).
La corrupción es un problema de origen global
Los puntajes más altos de los países y territorios acaudalados, en su mayoría de Europa, Asia Oriental y Norteamérica, son un reflejo de la relativa transparencia de sus sectores públicos, habilitados por la estabilidad política, buenas regulaciones de los conflictos de intereses y la libertad de información, así como una sociedad civil libre para fiscalizar.
Sin embargo, la corrupción de funcionarios públicos de alto rango en países de escasos ingresos implica a los mejor posicionados en el IPC. Los sobornos suelen provenir de las multinacionales, las cuales tiene su sede, en los países más ricos del mundo. Es inaceptable que estas empresas usen el soborno en el extranjero como una estrategia empresarial legítima.
Asimismo, los centros financieros mundiales son clave para los funcionarios corruptos a la hora de movilizar, encubrir e invertir su riqueza robada. Los paraísos fiscales, por ejemplo, jugaron un papel crucial en el saqueo de millones en fondos de países en desarrollo como Nigeria y Filipinas, facilitando las fechorías de líderes corruptos y empobreciendo a los ciudadanos bajo el mando de dichos líderes. Akere Muna, Vicepresidente de Transparency International, señaló que es el momento indicado para que las naciones desarrolladas emprendan acciones en el área de la recuperación de activos, y puntualizó: “La crítica de los países ricos con respecto a la corrupción en los países pobres ostenta poca credibilidad cuando sus instituciones financieras atesoran riqueza robada de los pueblos más pobres del mundo”.
En muchos casos el rastreo y recuperación de fondos se ven dificultados por el blanqueo de dinero, el cual es gestionado por bancos transnacionales ubicados en jurisdicciones donde el secreto bancario todavía es norma. Según establece la UNCAC, debe asignarse prioridad al mejoramiento de la cooperación internacional y la asistencia legal mutua, la agilización de las medidas para recuperar activos, así como el desarrollo de capacidad legal y técnica en naciones que peticionan el retorno de activos robados.
Para muchos países, la repatriación de fondos entrañará litigios prolongados y extensos. “Además de garantizar el financiamiento legal adecuado, se debe priorizar la simplificación de los procedimientos de recuperación de activos y las disposiciones para instituciones externas a fines de que éstas actúen como agentes en custodia durante el litigio,” señaló Muna.
Actuar ahora: medidas urgentes
Por ser un problema de escala y origen global, la lucha contra la corrupción exige de acción en un frente amplio.
Los países en desarrollo deben usar los fondos humanitarios para fortalecer las instituciones de gobierno -basados en evaluaciones nacionales y estrategias de desarrollo-, e incorporar la integridad y la prevención de la corrupción como parte sistémica de los programas de reducción de la pobreza.
La independencia, rendición de cuentas e integridad judicial deben mejorar a fin de aumentar la credibilidad de los sistemas judiciales en los países más pobres. No solamente se debe liberar a los procedimientos judiciales de la influencia política, sino que los jueces deben ser sometidos a medidas disciplinarias, inmunidad limitada y un código de conducta judicial con miras a garantizar que se haga justicia. Se requiere una judicatura transparente y competente a fin de que los países en desarrollo puedan manejar las peticiones de asistencia en la recuperación de activos robados.
Los gobiernos deben adoptar medidas contra el blanqueo de dinero a efectos de erradicar los refugios de activos robados, según contempla la UNCAC. Los principales centros bancarios deben explorar el desarrollo de procedimientos expeditos y uniformes para la identificación, congelamiento y repatriación del fruto de la corrupción. Resulta esencial establecer disposiciones claras sobre la custodia de bienes para casos de fondos en disputa.
Los países ricos deben regular sus centros financieros de manera más rigurosa. Concentrarse en el papel de los fideicomisos, exigir saber quiénes son los beneficiaros de dichos bienes y fortalecer las disposiciones contra el lavado de dinero son sólo unas cuantas formas en que los gobiernos ricos pueden aplacar a los facilitadores de la corrupción.
Los gobiernos más ricos del mundo deben ser estrictos al aplicar la Convención antisoborno de la OCDE, que penaliza el soborno a funcionarios en el extranjero. La falta de adherencia a las disposiciones de la convención continúa obstaculizando las investigaciones y enjuiciamientos. Las juntas directivas de empresas multinacionales no sólo deben introducir, sino también implementar códigos antisoborno eficaces, y garantizar que las subsidiarias y oficinas extranjeras los cumplan.
Transparency International es la organización de la sociedad civil que lidera la lucha contra la corrupción en el mundo.
Nota al editor:
El IPC es realizado para Transparency International por el Prof. Johann Graf Lambsdorff de la Universidad de Passau en Alemania.
El Informe Global de la Corrupción 2007 de Transparency International, centrado en la corrupción dentro del sistema judicial, fue publicado en mayo 2007 y está disponible en www.transparency.org/publications/gcr.
Contactos para los medios:
Jesse García
Gypsy Guillén Kaiser
Tel: +49-30-3438 20 662
Fax: +49-30-3470 3912
ggkaiser@transparency.org
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jueves, septiembre 20, 2007
PC ESTIMA EX PRESIDENTE DEBIÓ RENUNCIAR
Servicios Google/Listín Diario, Matutino Dominicano
Porfirio Rodriguez dijo que el ex presidente Hipólito Mejía debió de renunciar a su cargo al desatarse el escándalo de la tarjeta de crédito del Baninter. “Yo siempre me acuerdo que yo dije muchas veces en aquella ocasión que en cualquier pais donde se descubra que a un presidente un banco le dé una tarjeta, para que use la tarjeta a su antojo y hace todo lo que quiere con la tarjeta, y vehículos, tiene que renunciar.
Tiene que renunciar. En costa Rica hicieron renunciar al presidente porque había recibido un regalo de algo, de 20 mil pesos creo que era. Y Hipólito se despachó con una tarjeta, y el otro, como se llamaba, el de la escolta de él, Pepe Goico, eso es una cosa vergonzosa.”
Al referirse al sometimiento que hiciera Ramón Báez Figueroa contra el Coronel Pepe Goico, el Coordinador de Participación Ciudadana expreso: “Y entonces parece que ellos creyeron que denunciando eso iban a acorralar a Hipólito. Y Hipólito, entonces, al verse agredido lo que hizo fue que les cayó arriba, y les quitó los canales y les quitó los medios.”
Defensa ve PC reflexionaEl licenciado Vinicio Castillo Semán consideró que la admisión de Participación Ciudadana de que hubo una confabulación política de parte del ex Presidente Hipólito Mejía para apropiarse de los medios de comunicación del Grupo Baninter y que este reaccionó de manera violenta contra Báez Figueroa por el sometimiento que éste le hiciera al ex Coronel Pepe Goico por el uso de la tarjeta de crédito de Baninter, es un acto de reflexión digno de ser reconocido por la defensa de Báez Figueroa.
“La verdad está fluyendo, está calando en dirigentes de Participación Ciudadana, que al parecer han hecho un alto de reflexión en el odio enfermizo y enceguecedor que los ha guiado en este proceso.
“Ahora admiten como cierto lo que hemos dicho de que en la géneris de la desestabilización y colapso del Baninter estuvo el hecho fundamental del rompimiento de Ramón Báez Figueroa con el poder político encarnado por Hipólito Mejía y el interés de éste de pasar a manejar el conglomerado de comunicación más importante del país en ese momento para fines reeleccionistas.”
“Estamos de acuerdo igualmente con el Coordinador de Participación Ciudadana de que esto no quiere decir que no existieran malas prácticas constitutivas de violaciones a la ley bancaria en Baninter. Lo que hemos dicho y probado es que el colapso y destrucción de ese banco no se produjeron como consecuencia de esas infracciones que eran sistémicas, y de conocimiento de las autoridades, sino como la obra de una confabulación y persecución de tipo político y personal de un troglodita que ocupaba el Palacio Nacional, de nombre Hipólito Mejía.”
“Que tenga la seguridad Porfirio Rodríguez de que si Ramón Báez Figueroa no interpone la querella contra el Coronel Pepe Goico, no rompe con un poder mafioso que estaba dando viajes raros a los Estados Unidos, el Baninter no se hubiera desestabilizado a partir de Septiembre del 2002 con una ola de rumores y retiros masivos.”
“Las malas prácticas, consideradas infracciones a la ley, por las que está siendo juzgado nuestro cliente, fueron las mismas que les fueron perdonadas a la banca con posterioridad a conocerse el resultado de las auditorías asistidas patrocinadas por el FMI. Si al Baninter se le hubieran dado los planes de regularización que se les dio a todos los demás bancos, no hubiera colapsado y los daños inmensos al país hubieran podido ser evitados. Esa es la realidad.”
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Afirma hubo confabulación de Hipólito Mejía para quitar medios Grupo Baninter
SANTO DOMINGO.- El Coordinador de Participación Ciudadana admitió que es cierto el alegato de la defensa de Ramón Báez Figueroa de que existió una confabulación del ex Presidente Hipólito Mejía para quitarle los medios de comunicación al Grupo Baninter.
Al referirse a la tesis de los abogados de Ramón Báez Figueroa, “ todo lo que ellos dicen, eso es verdad. Yo creo que todo lo que dice Vincho de que fue una confabulación para quitarle los medios, todo eso es cierto. Pero, eso no niega ni invalida que violaron la ley usando los recursos del público”, expresó Porfirio Rodríguez, al comparecer al programa El Día que produce Huchi Lora.Porfirio Rodriguez dijo que el ex presidente Hipólito Mejía debió de renunciar a su cargo al desatarse el escándalo de la tarjeta de crédito del Baninter. “Yo siempre me acuerdo que yo dije muchas veces en aquella ocasión que en cualquier pais donde se descubra que a un presidente un banco le dé una tarjeta, para que use la tarjeta a su antojo y hace todo lo que quiere con la tarjeta, y vehículos, tiene que renunciar.
Tiene que renunciar. En costa Rica hicieron renunciar al presidente porque había recibido un regalo de algo, de 20 mil pesos creo que era. Y Hipólito se despachó con una tarjeta, y el otro, como se llamaba, el de la escolta de él, Pepe Goico, eso es una cosa vergonzosa.”
Al referirse al sometimiento que hiciera Ramón Báez Figueroa contra el Coronel Pepe Goico, el Coordinador de Participación Ciudadana expreso: “Y entonces parece que ellos creyeron que denunciando eso iban a acorralar a Hipólito. Y Hipólito, entonces, al verse agredido lo que hizo fue que les cayó arriba, y les quitó los canales y les quitó los medios.”
Defensa ve PC reflexionaEl licenciado Vinicio Castillo Semán consideró que la admisión de Participación Ciudadana de que hubo una confabulación política de parte del ex Presidente Hipólito Mejía para apropiarse de los medios de comunicación del Grupo Baninter y que este reaccionó de manera violenta contra Báez Figueroa por el sometimiento que éste le hiciera al ex Coronel Pepe Goico por el uso de la tarjeta de crédito de Baninter, es un acto de reflexión digno de ser reconocido por la defensa de Báez Figueroa.
“La verdad está fluyendo, está calando en dirigentes de Participación Ciudadana, que al parecer han hecho un alto de reflexión en el odio enfermizo y enceguecedor que los ha guiado en este proceso.
“Ahora admiten como cierto lo que hemos dicho de que en la géneris de la desestabilización y colapso del Baninter estuvo el hecho fundamental del rompimiento de Ramón Báez Figueroa con el poder político encarnado por Hipólito Mejía y el interés de éste de pasar a manejar el conglomerado de comunicación más importante del país en ese momento para fines reeleccionistas.”
“Estamos de acuerdo igualmente con el Coordinador de Participación Ciudadana de que esto no quiere decir que no existieran malas prácticas constitutivas de violaciones a la ley bancaria en Baninter. Lo que hemos dicho y probado es que el colapso y destrucción de ese banco no se produjeron como consecuencia de esas infracciones que eran sistémicas, y de conocimiento de las autoridades, sino como la obra de una confabulación y persecución de tipo político y personal de un troglodita que ocupaba el Palacio Nacional, de nombre Hipólito Mejía.”
“Que tenga la seguridad Porfirio Rodríguez de que si Ramón Báez Figueroa no interpone la querella contra el Coronel Pepe Goico, no rompe con un poder mafioso que estaba dando viajes raros a los Estados Unidos, el Baninter no se hubiera desestabilizado a partir de Septiembre del 2002 con una ola de rumores y retiros masivos.”
“Las malas prácticas, consideradas infracciones a la ley, por las que está siendo juzgado nuestro cliente, fueron las mismas que les fueron perdonadas a la banca con posterioridad a conocerse el resultado de las auditorías asistidas patrocinadas por el FMI. Si al Baninter se le hubieran dado los planes de regularización que se les dio a todos los demás bancos, no hubiera colapsado y los daños inmensos al país hubieran podido ser evitados. Esa es la realidad.”
miércoles, septiembre 19, 2007
Miami; condenado Banquero mafioso US$177 millones a favor RD
Servicios Google.
La columna de Miguel Guerrero
Por Miguel Guerrero / El Caribe
Según un reportaje publicado el domingo por el Miami Herald, no citado hasta ayer por ningún medio dominicano, el señor Luis Alvarez Renta dijo que el juicio que se le sigue en el país por la quiebra del Baninter “iba muy bien, mucho mejor que su juicio civil en Miami”.
En noviembre del 2005, un jurado federal de la Florida le encontró culpable de tres cargos de chantaje y de un cuarto por transferencia de dinero en lo que el diario califica de “saqueo” del quebrado banco.
El tribunal le impuso una multa de 177 millones de dólares, a favor del Estado dominicano pendiente aún de pago. Se le encontró culpable de violación del Acta de Organizaciones Corruptas e Influenciadas por Chantaje y de transferir dinero de manera fraudulenta.
Al jurado de Miami le tomó menos de dos horas lograr un veredicto, dice el Herald. El juicio en el país lleva cuatro años y no parece tener fin. Esta circunstancia tal vez explique su optimismo con relación al proceso y el pesimismo de muchos otros.
El financista enfrenta otros cargos en Estados Unidos. Bancrédito de Panamá, ya cerrado, ha presentado una demanda separada en su contra para obligarle a pagar una deuda de 3.5 millones de dólares.
La deuda, según refiere el Herald, es parte de un préstamo otorgado en el 2002 de 70 millones de dólares para la compra de acciones de una telefónica local. De acuerdo con la demanda citada por el periódico, las garantías del préstamo carecían de valor.
Las preocupaciones de tan buen y honorable señor con la justicia internacional no terminan ahí. De acuerdo con el Herald, el mes próximo debe comparecer por cita federal a una corte en Miami, donde enfrenta cargos por desacato en relación con la condena que se le impuso.
Su expediente judicial describe una serie de gastos exorbitantes en tarjetas de crédito, los cuales él mismo confiesa, según el diario, no ha saldado todavía. Tremendo el personaje.
Miguel Guerrero es escritor y periodistamguerrero@mgpr.com.do
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